MENDOZA.- La provincia de Mendoza decidió acudir a la Corte Suprema de Justicia para denunciar la cesión de tierras a las comunidades autodenominadas mapuches que autorizó el Gobierno nacional, con el objetivo de que se declare “la nulidad y la inconstitucionalidad” de la controversial medida.
Así lo informó el ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibañez, ante lo que consideró como una falta de respuesta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tras el reclamo administrativo que inició Mendoza en febrero contra el reconocimiento de la ocupación de unas 26.000 hectáreas.
El misterioso viaje a Ushuaia: la prueba del complot para matar a Cecilia
“Ante la falta de respuesta del INAI a recursos presentados, con plazos legales vencidos para resolver, se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de nulidad e inconstitucionalidad de las ilegítimas resoluciones vinculadas con pretendidas comunidades mapuches”, sostuvo el funcionario provincial.
El funcionario de la administración radical de Mendoza, que encabeza el gobernador Rodolfo Suárez, había iniciado una queja a comienzos de año, con tres “recursos de reconsideración” en el organismo nacional, a cargo de Alejandro Marmoni, pero no obtuvo respuesta alguna.
De hecho, el INAI junto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se limitaron a desestimar y criticar la postura mendocina, sobre todo cuando la Legislatura local decidió declarar que los mapuches “no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.
Ahora, frente a la inacción de la entidad nacional, el Gobierno de Mendoza decidió avanzar por la vía judicial contra las resoluciones 36, 42 y 47 con las cuales el INAI hizo el reconocimiento del extenso territorio a las comunidades autopercibidas mapuches en el sur provincial.
“No hay posibilidad de diálogo con el Estado nacional. Ese silencio implica que hay un tácito rechazo al pedido que ha hecho la provincia de Mendoza”, señaló Ibáñez, con el argumento de que el accionar del organismo en favor de las comunidades va contra la Constitución Nacional, ya que se basa en una prórroga de una Ley de Emergencia tras un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, sin haber pasado por el Congreso.
En base a esa normativa, asegura el funcionario mendocino, el INAI realizó un relevamiento en distintas zonas del país con el objetivo de reconocer poblaciones aborígenes, pero “hay inconsistencias, porque dicho trabajo se debe realizar en conjunto con las distintas provincias, algo que en Mendoza no ocurrió”.
Desde que se conoció la sorpresiva autorización de la Casa Rosada de entregar las hectáreas a los grupos indígenas hubo posturas encontradas, que incluyeron movilizaciones de mendocinos en defensa de las tierras. Para los manifestantes, al igual que para el Gobierno provincial, el avance en la entrega puede tener un fuerte impacto en el futuro desarrollo de Mendoza, ya que consideran que se “atenta contra la inversión”, además del temor a que se extienda a otras zonas del territorio local.
“En los recursos que presentamos se plantean todas las irregularidades de las resoluciones, tanto en el procedimiento que se ha llevado adelante para su dictado sin la debida intervención de la provincia, como respecto de aspectos sustanciales vinculados con la ilegalidad de la prórroga de la Ley 26160 dispuesta por DNU, la ausencia de facultades del INAI para reconocer ocupación de tierras a las comunidades, los planteos históricos sobre la inexistencia de presencia histórica de mapuches en el territorio provincial, entre otros aspectos”, sostuvo Ibáñez.
Por su parte, el gobernador Rodolfo Suárez había manifestado que la cesión de terrenos incluye pozos petroleros de la zona de Vaca Muerta. “Esta nueva decisión del gobierno del Frente de Todos demuestra una intencionalidad política sobre nuestras tierras para continuar perjudicando a Mendoza. Además deja en descubierto la complicidad del kirchnerismo con estos pseudos mapuches”, señaló.
A fines de enero comenzó la controversia, con la entrega de más de 21.500 hectáreas a dos grupos “autoidentificados” como mapuches de San Rafael y Malargüe, por parte del INAI. Luego, el malestar se intensificó: a comienzos de febrero se conoció una nueva decisión del Gobierno nacional, con la publicación en el Boletín Oficial, del reconocimiento, a través de la resolución 47/2023, por disposición del INAI, de la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, en territorio cuyano, otorgándole 4.477 hectáreas en la localidad de Los Molles, en la comuna de Malargüe, a más de 300 kilómetros de la capital provincial.
En la norma quedó establecido en su articulado, a diferencia de las cesiones anteriores, que esa comunidad cuenta con personería jurídica. Los defensores de los pueblos originarios también se manifestaron, exigiendo el reconocimiento de los mapuches.
