El año pasado, durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Bandera, se produjo una extraña manipulación de los expedientes con las declaraciones juradas de jueces y funcionarios judiciales en las oficinas del Consejo de la Magistratura. La investigación del hecho arrojó, la semana pasada, la conclusión de que 82 declaraciones juradas fueron robadas. Otros 277 documentos fueron abiertos, sin que los investigadores hallaran constancias que justificaran esas consultas.
En un informe de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales al que accedió LA NACION, se puntualizó que “muchos de los sobres que en un primer momento parecían faltar fueron hallados en sitios diferentes de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales”, mientras que “otros fueron hallados archivados (…) y otros obraban en la Comisión de Disciplina de este órgano [por el Consejo de la Magistratura]”, pero “algunos de ellos no han podido ser localizados, no habiéndose advertido aún el motivo de su faltante, o si fueron remitidos a alguna otra dependencia”.
“El relevamiento efectuado arrojó la existencia de 82 sobres que no fueron hallados y que no tienen constancias que expliquen el faltante -43 anexos públicos y 39 anexos reservados-”, se puntualizó en el informe. La causa está en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal es Ramiro González.
En la pesquisa no se constató ninguna irregularidad en los accesos durante esos días. “Los investigadores hicieron medidas de prueba en su momento [cuando se presentó la denuncia por la intrusión] y no encontraron nada que diera cuenta de una persona ajena al Consejo que hubiera ingresado al área”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales, que informaron que por ahora no tienen identificados sospechosos.
“No fueron forzadas las cerraduras; no existe ingreso impropio o irregular de persona alguna al edificio durante los días investigados”, se lee en el informe.
En cuanto a la posible relación de este caso con el que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi por los hackeos a teléfonos celulares de jueces, los investigadores dijeron que no tienen elementos concretos hoy que los conecten con la otra causa. “No podemos descartar una eventual vinculación, pero hoy no tenemos nada concreto”, dijo una fuente que trabaja en el caso.
El último intento para evitar el “desastre total”
Además de los 82 expedientes de declaraciones juradas que fueron robados, “fueron 277 anexos públicos los que presentaban signos de haber sido abiertos”. En el informe se puntualizó que “fueron hallados con signos de apertura los sobres de Anexo Público de magistrados, que se hallaban dentro de una caja rotulada ‘jueces’, que se encontraba en el despacho del 8º piso”.
El hecho, del que LA NACION dio cuenta el 5 de julio del año pasado, se descubrió cuando la persona a cargo de la oficina en cuestión retomó funciones tras el feriado largo y halló una puerta abierta y otras cerraduras que no se podían abrir, además de información manipulada en el lugar. Las declaraciones juradas tienen una parte pública y otra secreta, que se guarda en sobres cerrados. En esa parte reservada están los datos de los cónyuges de los magistrados y de los consejeros, sus cuentas bancarias, sus gastos de tarjetas de crédito e información de los hijos menores de edad, direcciones, detalles de inversiones y tenencias accionarias.
Días después de que el hecho tomó estado público, una de las personas que ingresó a la oficina recibió unos cinco mensajes que interpretó como intimidatorios, dijo un testigo del caso. Se informó que las cámaras de seguridad no funcionaban durante esos días de junio de 2022.
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Para llegar a los resultados del informe, que suscribió el secretario general del Consejo, Mariano Pérez Roller, se relevaron registros fotográficos y declaraciones testimoniales del personal de la oficina cuestionada, de los responsables de seguridad del edificio de Sarmiento 877 (donde funciona la Administración General del Poder Judicial) y del personal de seguridad informática.
Para continuar con la investigación, la fiscalía pidió citar a declaración testimonial a los prosecretarios letrados que presentaron el informe: Pía Barbieri y Tomás Horacio Charni, así como también al secretario de la Corte Suprema José Luis Pivetta.
