No hay dos sin tres. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del otrora máximo contralor por el Estado de las concesiones viales durante el kirchnerismo, dos de sus dos hijos y uno de sus presuntos testaferros por el supuesto lavado de cerca de 1,5 millón de dólares a través de Uruguay, y quedaron así a un paso del juicio oral.
La decisión de la Cámara Federal alcanzó a Gustavo Gentili, a sus hijos Santiago y Federico, y a su presunto alter ego, Ricardo López Naón, quienes participaron en las compras de departamentos en Montevideo con dinero ilícito y afrontan ahora embargos por cientos de millones de pesos, aunque permanecen en libertad mientras continúa el proceso.
Con el voto de los camaristas Eduardo Farah y Martin Irurzun, la Sala II consideró que existen evidencias suficientes para confirmar el procesamiento del ex titular del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) tras concluir que “obtuvo fondos procedentes de actividades delictivas de corrupción pública y que, a través de diferentes operatorias y mecanismos, los fue canalizando en el circuito financiero”.
Farah e Irurzun también rechazaron los argumentos defensivos de Santiago y Federico Gentili, hijos del exfuncionario, quienes estimaron que “no podían ser ajenos a las sospechas sobre el carácter de las sumas” de dinero en danza, además de otros factores que los incriminan, por lo que también estarán entre los acusados en la instancia oral.
Sin la firma del camarista Roberto Boico, quien se excusó de intervenir, la Cámara resolvió, sin embargo, revocar el procesamiento de los dos operadores financieros uruguayos que participaron en las maniobras bajo sospecha, Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, tras estimar que no había pruebas para avanzar contra ellos.
“Los elementos reunidos (previamente y ahora) no resultan suficientes para presumir que Ribeiro Ricci y Pérez Montero sospecharon que la operación tenía relación con hechos de corrupción pública en un país donde no residían”, indicaron los camaristas. “Ningún elemento novedoso ha otorgado pruebas incriminantes”, concluyeron.
No es la primera vez que la Sala II decide, incluso en esta misma investigación, a favor de los llamados “facilitadores profesionales”, es decir, abogados, contadores, operadores financieros o gestores societarios, entre otros, que prestan servicios dentro y fuera del país a sospechosos de presuntos actos de corrupción o lavado de activos.
“Al revocar los procesamientos de Eduardo Roca y de Horacio Damián Díaz Siero”, recordó la Cámara en su resolución, “se volvió a señalar que para tener corroborados este tipo de cargos, es necesario verificar la presencia de dolo, aún a título eventual y que ello implica que se requiere de acreditaciones concretas de conocimiento y voluntad de intervenir en un hecho típico y antijurídico, de demostraciones adicionales que excedan de lo que cabe únicamente al desempeño de un rol funcional”.
Juicio oral y más pruebas
De esta manera, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de elevar a juicio oral el tercer tramo de la investigación sobre Gentili, sus hijos y López Naón, en tanto que junto a la Fiscalía Federal que lideraba Federico Delgado, quien falleció este domingo, deberá disponer nuevas medidas para evaluar los roles que tuvieron los financistas uruguayos.
Este tramo de la investigación se centra en la compra de al menos dos departamentos por 200.000 y 238.000 dólares en Montevideo y la simulación de un préstamo por otro US$ 1 millón, también con escala en Uruguay, mediante una operación que incluyó la compra de la firma Febaro SA, cuyas acciones terminaron en las manos de Gentili y su segunda esposa, Laura Andino, quien también era funcionaria pública.
Al ser indagado, Gentili se negó a declarar. Pero tanto sus hijos como López Nanón adujeron que el dinero no provendría de la corrupción, sino que el ex funcionario era un hombre de “medios importantes”. Entre otros motivos, indicaron, porque habría heredado 10.000 hectáreas de campo y otras propiedades de un tío.
Sus hijos afirmaron, además, que recibieron los departamentos en Uruguay tras la división de bienes que su padre acordó con su primera esposa –y madre de ambos- al completar el proceso de divorcio. E insistieron que Gentili tenía un “muy buen pasar económico” porque provenía de una familia “adinerada”, lo que descartaron tanto el juez Casanello como la Cámara Federal al confirmar sus procesamientos.
De este modo, Gentili y López Naón, al igual que Andino y otros acusados –Jorge Luis Pinto, Jorge Donnini, José María Gentili, Miguel Ducoté, César Obliglio y Gustavo González- deberán afrontar un juicio oral y público en los que se abordarán las presuntas maniobras delictivas y de lavado bajo sospecha. Además de los departamentos en Uruguay, abarcan ganado y campos, maquinaria agrícola, bonos, dólares y euros, diamantes, rubíes y otros objetos de lujo, además de autos antiguos y de colección.
Según reconstruyeron los sabuesos judiciales, el movimiento de dinero fue constante y con un menú amplio de opciones –desde bonos a efectivo-, tanto en el país como en Uruguay, sin declararlo jamás ante las autoridades tributarias argentinas. Así quedó reflejado en los mensajes que López Naón intercambió –y que recuperó la Justicia- con alusiones a “la tarasca” y “los alfajores” que llevaban y traían para concretar operaciones comerciales.
En esa línea, López Naón le envió un correo electrónico a un colaborador tras la compra de uno departamento en Montevideo en la que evidenció que el supuesto origen lícito de los fondos en danza no era más que una fachada. “Técnicamente es una donación del padre”, le confió, “pero no lo podemos decir porque si se escarba, explota todo!!!!”.
