La Cámara Federal confirmó el procesamiento y prisión preventiva a uno de los acusados de dar de alta líneas telefónicas desde Misiones a nombre de jueces de la Corte Suprema de Justicia y advirtió sobre la vulnerabilidad del sistema, por lo que pidió profundizar el caso ante la posible responsabilidad de las telefónicas que no evitaron estas maniobras.
Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron que Santiago Machado seguirá detenido por estafa, como lo había decidido el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, y revocaron el sobreseimiento de otra imputada, Nelly Valdés.
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Los camaristas encomendaron profundizar la investigación para determinar “eventuales alcances de las responsabilidades inherentes a los modos y mecanismos de comercialización” de las telefónicas, que con su sistema vulnerable no evitó que se produjera la maniobra. Señalaron que los sistemas son débiles y no hay suficientes controles.
“Aún no se ha profundizado la investigación –conforme amerita el caso– en aras de determinar los eventuales alcances de las responsabilidades inherentes a los modos y mecanismos de comercialización –en uso de información sensible y datos personales– empleados por las firmas prestadoras del servicio de telecomunicaciones”, dijeron los jueces.
Los jueces recordaron que según informó Telecom, en todos los casos los autores de la maniobra compraban chips en puntos de venta, luego introducían “los chips en dispositivos” mediante el marcado de los números *234# e ingreso de DNI y género. Tras ello respondían “dos preguntas personales con opciones: ¿cuál es la fecha de tu nacimiento? y ¿conoce alguna de estas personas?, se hacía una “validación de información contra la base de datos de Veraz” y se otorgaba el “alta del servicio bajo la modalidad prepaga”.
”Luego, todas las líneas registraron un cambio de plan. Para ello, los pasos fueron: el ingreso a la aplicación ‘Mi personal’ sin creación de usuario ni contraseña; la identificación como usuario a la línea que trafica desde la red de Personal y el cambio de plan de modalidad prepaga a abono Plan 3GB Plus”, detalló la Cámara.
Así lograron habilitar nuevas líneas a nombre de los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, de la jueza federal de Posadas Verónica Skanata y del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. Cinco abonados se dieron de alta a nombre de Rosatti, uno de Rosenkrantz, tres de la jueza Skanata y tres a nombre de Ahuad.
De acuerdo a lo determinado por la investigación hasta ahora, la intención de los estafadores era que los jueces pagaran los datos para usarlos o revenderlos. ”La finalidad (conocida hasta ahora) de ello, fue adquirir crédito y saldo en abonados (a priori facturados a quienes se hicieron figurar como titulares), para luego utilizarlos y/o comercializarlos”, dijeron los camaristas, pero de todos modos advirtieron que puede otras intenciones.
Machado vendía los chips en Facebook. Nelly Valdés, en tanto, había sido sobreseída, pero los camaristas dijeron que debe ser investigada por la sospecha de “haber utilizado las líneas telefónicas ilegítimamente abiertas utilizando la identidad del juez Rosatti”.
Otra parte de la investigación se centra en la supuesta “existencia de una organización criminal conformada por un grupo de personas que, de manera coordinada y sostenida en el tiempo, habrían llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”.
Entre ellos están los jueces de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y de Tribunales Orales Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. En estos casos se obtenían “datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso (en un supuesto) haciendo requerimientos de dinero a su nombre”.
Los camaristas exhortaron a investigar el móvil de estas maniobras, mas allá de lo económico.
Al confirmar la prisión preventiva de Machado, los jueces valoraron que “su participación se inserta en un contexto de hechos que revisten gravedad institucional y que están caracterizados por el modo clandestino y oculto en que se manejaban sus autores. Las características propias de los eventos y el rol que en aquellos habría tenido, permiten sostener un riesgo concreto de entorpecimiento de la instrucción”.
Y dijeron que esto ocurre especialmente cuando se están produciendo pruebas “que tienden a determinar los alcances reales de los acontecimientos y la identidad de los demás involucrados”.
