El financiamiento de la política, que lleva a las empresas a zonas oscuras, especialmente en años electorales; las distintas variantes de corrupción pública privada; la falta de cumplimiento de normativas en general y tantas acciones non sanctas tienen, o al menos deberían tener, su contraparte formal (como los héroes y los villanos de las películas) en las empresas y, por qué no, en los organismos públicos. Hace unos pocos años el término compliance no terminaba de ser comprendido por la mayoría de las personas. Qué es compliance era una pregunta repetida. Ahora, quienes trabajan en las empresas, en especial quienes tienen algún cargo jerárquico, lo saben perfectamente. Se trata de controlar que se cumplan las normas y, si esto no sucede, de realizar una investigación transparente para remediar la acción ilícita. Compliance es un departamento dentro de las compañías que se ocupa de que los empleados no se salteen las reglas, que no haya sobres por debajo de la mesa…
Los especialistas en el tema entienden que, en un mundo globalizado, un desliz cometido en la Argentina puede llevar a perder un negocio global, a tener que pagar multas aplicadas por países que tienen normas anticorrupción estrictas, y también a la pérdida de la imagen de marca, entre otros males.
En el último tiempo el tema se ha vuelto más complejo. Para dar respuesta a los múltiples interrogantes que tienen los compliance officers en la Argentina y también los expertos del área de legales, en pocos días se sucedieron dos encuentros claves para el sector, que dejaron jugosas definiciones sobre lo que sucede y también sobre lo que vendrá.
Durante la sexta edición del Encuentro Anual sobre Compliance, Anticorrupción e Investigaciones que organizó el estudio Marval ‚O’Farrell, Mairal, el socio del departamento de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones, Gustavo L. Morales Oliver, expresó que “compliance ha tenido una evolución, ya que era algo relacionado solo con la anticorrupción y hoy hay variantes, como las sanciones económicas que hay que tomar en cuenta por la guerra entre Rusia y Ucrania, el uso de la tecnología y la privacidad de datos, el lavado de dinero y la observancia de regulaciones que se multiplican año a año. El alcance de compliance para las empresas no para de crecer”. También se refirió a los desafíos que presenta la inteligencia artificial: “Va a participar en las decisiones de la empresa. ¿Podrá incurrir en una inconducta, en un delito? ¿Quién sería responsable por eso?”, se preguntó.
La abogada argentina que está al frente de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, dijo que en materia de corrupción “la Argentina va retrocediendo a pasos agigantados”. Agregó el interesante concepto de que “en el mundo la corrupción va cambiando, se hace mas compleja y sofisticada. Hay redes mafiosas peleando por políticas públicas. Vemos corrupción estratégica o geopolítica”. Y, como ya lo había hecho con anterioridad, criticó a la Oficina Anticorrupción de la Argentina por estar bajo la órbita de Presidencia de la Nación, y también a los países desarrollados que “permiten esconder el dinero de la corrupción”.
Dinero para la política
Por su parte, en el XI Encuentro de Ética y Compliance entre los Sectores Público y Privado, organizado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), se abordó un tema sustancial para esta Argentina en pie de quiebra y al borde de las elecciones: la cuestión del financiamiento de la política y de las campañas electorales.
Carlos Rozen, integrante de la comisión directiva de la asociación y director de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (AAEC) moderó un panel que sacó chispas a la hora de poner sobre la mesa algunas jugarretas para financiar la política. “El financiamiento de la política de forma corrupta es, en mi opinión, una de las cosas más perjudiciales para un país. Pone en peligro al sistema democrático, ya que las organizaciones e individuos aportantes con elevada capacidad financiera consiguen influir en los resultados electorales a través de la financiación de campañas políticas. En muchos casos, los aportes provienen de sobreprecios en las relaciones comerciales entre sectores públicos y privados, y estos recursos no llegarán a la salud, la educación, las viviendas, la alimentación, entre otros rubros, o, bien, se requerirá de mayores tributos para financiar los costos de campañas políticas”.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano afirmó que “la campaña cuyo financiamiento se va a controlar todavía no empezó aún; sin embargo, se ve un engaño a la normativa vigente, porque hay publicidad de los candidatos que dicen algo así como vamos a ser felices. Se trata de campaña… pero no se declara [como tal]. Los gastos que presentan los partidos políticos son mentiras”, disparó. Sumó que “tenemos una muy buena ley de financiamiento de la política, pero no se cumple y las sanciones son irrisorias”.
María Page, especialista en asuntos políticos, sostuvo que “la mayor parte del gasto político ocurre en la informalidad”. Y agregó: “Los costos son cada vez más, pero no sabemos quién banca a los candidatos. No está blanqueado de dónde viene el dinero de la campaña”.
Por su parte, el cofundador de la asociación civil Usina de Justicia, Daniel Roggero, presentó algunos números. “El debate presidencial es obligatorio y cuesta $235 millones”, dijo. Los fondos salen del Ministerio del Interior y la organización estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral. La transmisión será a través de la televisión pública. “Está presupuestado y es un gasto legal, pero un gasto de la política al fin. En 2019 costó $24 millones, es decir $159 millones a valores actualizados a 2022″. Para Roggero, “el financiamiento de la política tiene tres caras: la necesidad de transparencia, la ética y la rendición de cuentas. Para afrontar el desafío se plantea la instauración de un código de ética y la creación de un observatorio encargado de supervisarlo y evaluar su cumplimiento, facilitando el acceso a datos públicos”.
Volver al ruedo
Los escándalos de corrupción a nivel internacional son un estigma para la empresa que ve comprometido el valor de su marca de una manera muy importante. ¿Se puede volver al ruedo después de haber estado en las noticias globales, con muchos arrepentidos, condenados y con varias sanciones y multas? Durante el encuentro organizado por el estudio Marval hubo dos invitados que dieron un testimonio en primera persona.
Richard Bistrong, hoy CEO de Front-Line Anti-Bribery LLC, de los Estados Unidos, contó que un día lo fueron a buscar y que él sabía que eso en algún momento iba a suceder y, según afirmó, sintió “alivio”. Trabajaba para una compañía que lograba ser exitosa mediante sobornos y, poco a poco, él mismo comenzó a formar parte de estos procesos. Pero un día tuvo que rendir cuentas ante la justicia.
“Cuando se toma la decisión de enfrentar a la justicia sin ocultar nada, la vida va a cambiar. Cuando te llaman para decirte que sos el target de una investigación criminal, primero viene el shock y luego la vergüenza. Estuve como individuo bajo investigación en los Estados Unidos y en el Reino Unido”, contó. Luego, recordó el momento en que fue citado para dar su testimonio y fue maltratado: “Es mejor entrenar en técnicas de interrogación más correctas y amables, porque creo que pueden generar mejores resultados y no asustar a quienes cooperan”, recomendó.
También del caso Odebrecht se habló en el encuentro. En 2016 la firma confesó en los Estados Unidos haber pagado, a través de su División de Operaciones Estructuradas, sobornos en 12 países, incluyendo la Argentina, para lograr quedarse con negocios de obras de infraestructura. La empresa fue condenada a pagar una multa de US$2800 millones, mayormente a Brasil, pero a también a otros países.
Después del despido de 75 ejecutivos, Odebrecht cambió su nombre. Rafael Gomes, Chief Risk & Compliance Officer de Novonor & OEC, Brasil (ex Odebrecht), contó que “desde que se empieza a cooperar con la justicia comienza un proceso de sanación”. El ejecutivo habló de “reconstruir la confianza de las personas en la compañía. Hay que asumir responsabilidad por los errores. Poner como prioridad la ética en las acciones. Este es el viaje que emprendimos hace ya siete años”. La empresa, que aún tiene problemas para conseguir financiamiento, invirtió US$100 millones en los últimos 6 años solo en compliance, un departamento que hoy tiene 20 empleados solo para el sector de ingeniería y construcción.
La resolución del capítulo argentino todavía está en veremos. Tal como publicó LA NACION, seis años después de que la información sobre las coimas millonarias que el gigante brasileño Odebrecht admitió que pagó en la Argentina y quedaron disponibles en Brasil, el capítulo local del Lava Jato no registra condenas. Tampoco recuperó un centavo de los al menos US$35 millones que se pagaron en concepto de sobornos.
