Si el Tren de Aragua fuera un “ferrocarril”, su estación central estaría en Venezuela y recorrería “Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, y posiblemente Estados Unidos”.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez emplea esta alegoría para ilustrar el alcance de las actividades delictivas de este grupo en su libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, publicado este año por Editorial Dahbar.
Como parte de su investigación, Rísquez se hizo pasar por familiar de un recluso para entrar en Tocorón, la cárcel donde surgió el grupo criminal y desde donde opera uno de sus principales líderes en Aragua, una provincia ubicada en el centro norte de Venezuela, a unos 60 kilómetros de Caracas.
Durante aquella arriesgada incursión, Rísquez fue recibida por hombres “famélicos”, “vestidos con camisas blancas de mangas largas, corbatas rojas y jeans azules o blancos”, una especie de comité de bienvenida más parecido al “protocolo de un teatro” que a la imagen de caos y pobreza que comúnmente se asocia a las cárceles venezolanas.
En su visita descubrió que Tocorón dispone de discoteca, piscina, parque infantil, casino, restaurantes con terrazas, bares, licorerías, cajeros automáticos e incluso un zoológico que exhibe jaguares, pumas y avestruces, privilegios financiados con el dinero obtenido por actividades criminales.
Los primeros extorsionados son los reos. Se estima que la cárcel de Tocorón, conocida por la población penitenciaria como la “Casa Grande”, alberga aproximadamente 5.000 reclusos. Aunque se desconoce cuántos de ellos pertenecen al Tren de Aragua, Rísquez calcula que la organización podría tener alrededor de 3.000 miembros.
Si cada recluso paga semanalmente una extorsión de US$15, como indicaron sus informantes en Tocorón, la banda puede ganar US$3,6 millones anualmente solo dentro de la prisión.
El Tren de Aragua fue fundado en 2014 por tres delincuentes que convivieron en Tocorón entre 2007 y 2013, el período en el que se consolidó en Venezuela el “pranato”, “una forma de gobernanza criminal en la que los presos ejercen control sobre un territorio (la prisión) y una comunidad (la población penal), con la anuencia o la complicidad del Estado”.
A los jefes de las cárceles en Venezuela se les conoce como “pranes”.
Según la investigación de Rísquez, el Tren de Aragua amplió sus fuentes de ingresos a través de un portafolio de al menos 20 delitos, que incluyen extorsión, secuestro, robo, estafa, minería ilegal del oro y contrabando de chatarra, así como homicidios y sicariatos, narcotráfico y lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes y la venta de armas a otros grupos criminales de la región.
En conversación con BBC Mundo, Rísquez explica cómo un grupo dedicado inicialmente a la extorsión de empresarios en Aragua, se extendió por buena parte de América Latina y es perseguido por las autoridades de Chile, Colombia y Perú, que denuncian la falta de colaboración del gobierno venezolano.
–¿Cómo el Tren de Aragua se convirtió en una megabanda con operaciones en América Latina?
–El Tren de Aragua sale de Venezuela por varias razones. Una de ellas es la emergencia humanitaria compleja que afecta a los venezolanos desde 2015. Fue un estímulo para que muchos emigraran, entre ellos las personas que pertenecían a grupos delictivos.
En ese proceso descubrieron que había rentas ilícitas en las zonas fronterizas que podían ayudarlos a mantenerse en un momento en el que no había recursos ni comida.
Se fueron a los extremos del país, hacia la frontera entre el estado Bolívar y Brasil, entre Táchira y Colombia, a las costas con Aruba, Curazao y Bonaire y a la frontera con Trinidad y Tobago. Se dedicaron a actividades como narcotráfico, tráfico de migrantes, minería ilegal y contrabando de mercancías, inclusive gasolina.
Cuando se dieron cuenta de que podían controlar el paso de mercancía hacia las islas del Caribe, empezaron a sacar droga, cobre, migrantes y mujeres para la explotación sexual. Primero salían a Trinidad, pero no tuvieron posibilidades de expandirse porque los limitaba el idioma y las mafias en esa isla.
En cambio, el grupo que se fue a la zona minera al sur de Venezuela no solo logró instalarse en el cuarto yacimiento de oro más importante del mundo (Las Claritas), sino que además consiguió una salida muy fácil hacia Brasil.
Entonces comenzaron a venderle armas al PCC (Primeiro Comando da Capital), que es el grupo criminal más importante de Brasil. En ese momento, 2017 o 2018, había muchas armas circulando en Venezuela y no se sabía de dónde provenían. En algunos casos se decía que de la propia Fuerza Armada, en otros que venían del exterior.
En todo caso, era muy fácil y barato conseguir armas en Venezuela, venderlas en Brasil era un negocio interesante para ambos. Un fusil AR-15 en Brasil costaba US$20.000, mientras que en Venezuela valía US$5.000.
Un informe de la Fiscalía del estado de Roraima (en Brasil, limítrofe con Venezuela) confirma que hay una alianza entre el PCC y el Tren de Aragua.
Después vimos detenciones de miembros de la organización en Colombia y Perú en 2018. Ya para esa fecha estaban en ciertas zonas de Bogotá y comenzaban a bajar por Ecuador hasta Chile.
A partir de 2019, empiezan a controlar las trochas (caminos irregulares) entre Venezuela y Colombia, aprovechando el cierre de la frontera y el paso masivo de venezolanos que estaban huyendo de la situación crítica del país. La banda descubrió que si controlaba esas rutas, dominaba el paso de migrantes, mercancía ilícita y drogas.
–¿Qué impacto tuvo la migración venezolana en la salida del Tren de Aragua hacia otros países?
–Se habla mucho de que la migración ayudó a la expansión de este grupo, pero no fue así. No es que el Tren de Aragua se va por la migración. Es que ya había empezado a expandirse buscando rentas ilícitas, como otros grupos criminales de la región.
Lo que sí es cierto es que fueron estratégicos al identificar que sus principales víctimas, generadores de renta y promotores o difusores de su marca como grupo criminal poderoso serían los mismos migrantes venezolanos.
Entonces comenzaron a victimizarlos, secuestrarlos, someterlos, extorsionarlos, a cobrarles por pasarlos de un lado a otro, y a explotar a las mujeres sexualmente.
Lo que está ocurriendo es que el crimen organizado se está expandiendo por América Latina y está actuando en alianzas. El caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Cartagena, es el mejor ejemplo. Fue amenazado por una organización que opera entre Paraguay y Uruguay y luego fue asesinado en Colombia con participación de colombianos y venezolanos vinculados al Tren de Aragua.
Es muy significativo que el Tren de Aragua tenga una presencia importante en las fronteras entre Colombia y Ecuador o entre Chile, Perú y Bolivia. Encontré testimonios de personas que atravesaron las fronteras de Perú o Chile sin un solo documento de identidad, en unos viajes que organiza la gente del Tren de Aragua. No los detiene la policía.
Sin ser una banda con un poder militar como el de los carteles mexicanos o los grupos colombianos, el Tren de Aragua ha logrado establecer cierta presencia y control a lo largo de Sudamérica.
También en Panamá y algunos de sus miembros están en Estados Unidos.
–¿En que se asemeja y se diferencia el Tren del Aragua de otros grupos regionales del crimen organizado?
–Las investigaciones de funcionarios policiales en Chile, Perú y Colombia han evidenciado que el grupo es controlado desde la prisión de Tocorón, donde se toman las decisiones y se emiten las órdenes.
Por eso la semejanza con el PCC es muy fuerte. Son dos grupos que nacen en las prisiones y tienen allí su base de operaciones.
Otra similitud con organizaciones regionales es la estructura mafiosa.
El Tren de Aragua opera como una mafia que tiene tentáculos en instituciones del poder político. Y no es algo que diga yo. El propio presidente Nicolás Maduro hablaba de la vinculación de una banda que pertenecía al Tren de Aragua con funcionarios políticos en el contexto de la operación contra la corrupción en la que han sido detenidos funcionarios, alcaldes y gobernadores en Venezuela. Hablaba de que era una estructura mafiosa.
Por otra parte, hay particularidades del Tren de Aragua que lo hacen diferente de otros grupos de la región. Una de ellas es el hecho de que tiene un portafolio amplísimo de delitos. He contabilizado más de 20 y eso incluye “prestar servicios” a otras organizaciones delictivas, como cometer sicariatos.
Además, tienen otras actividades que les generan rentas como la comercialización de alimentos en Venezuela o exigir cuotas en las negociaciones para la firma de los contratos de los prospectos del béisbol venezolano que van a las Grandes Ligas.
De hecho, las autoridades chilenas los identifican como un “grupo multipropósito”. Es un elemento que los caracteriza y les da cierta ventaja, a diferencia de un cártel mexicano, las FARC o el ELN, que concentran buena parte de su actividad en el contrabando o el narcotráfico.
Otra diferencia con estos grupos tradicionales es que el Tren de Aragua no necesita un ejército tan visible ni una masa de gente armada para imponerse y controlar negocios y territorios.
Además, su capacidad de adaptación les ha facilitado la entrada a otros países. Por ejemplo, si no pueden vender marihuana entonces venden ketamina, que es lo que están llevando a Chile y Perú. Si ya no es rentable el tráfico de migrantes, entonces se dedican a la trata.
Buscan oportunidades de negocios criminales que les puedan generar rentas y eso les ha permitido hacer alianzas porque son muy buenos negociadores. Han logrado establecer unas prácticas delictivas que no existían en la región.
–¿Qué tan importante es que mantengan el control de Tocorón para estas operaciones internacionales?
–Esta prisión cumple varias funciones. En primer lugar, es una especie de búnker para uno de los cerebros de la organización (Héctor Rusthenford Guerrero, alias el “Niño Guerrero”, quien cumple una condena de más de 17 años por delitos que incluyen homicidio y tráfico de drogas). Esta persona, que es la figura más visible, está protegida dentro de Tocorón y controla toda la operación desde allí.
Y luego está el hecho de que la mano de obra de la organización sale principalmente de Tocorón. La gente que termina trabajando para ellos es captada dentro de la prisión.
–¿Cómo es posible que ocurra eso en una dependencia del Estado?
–No puedo contestar eso. Lo que sí puedo decirte es que cuando entré a Tocorón, había funcionarios de la Guardia Nacional en la entrada que se encargaban de la custodia externa.
Sin embargo, cuando atraviesas la puerta principal los presos exhiben armas con total libertad. Venden licores costosos, hay una discoteca y un zoológico con animales de todo tipo. Y uno dice: “¿Cómo pudo haber ingresado esto?
Se supone que la autoridad debería controlar eso.
–¿Existen evidencias de que haya altos funcionarios del gobierno venezolano involucrados en las actividades del Tren de Aragua?
–No, evidencias no hay. Pero en Venezuela existe un Ministerio de Relaciones Interiores, un Ministerio de la Defensa, un Ministerio para el Servicio Penitenciario. De una u otra manera, todos han tenido algún tipo de responsabilidad sobre las cárceles venezolanas.
–En el libro explicas que la banda es pionera en la gobernanza criminal de Venezuela. ¿A qué te refieres?
–La gobernanza criminal tiene tres componentes: el grupo armado que controla el territorio, la comunidad que está sometida al grupo y las autoridades. En este caso no significa que el poder gubernamental esté haciendo parte de esta estructura, pero al no hacer nada para impedirla, permite que el círculo se cierre.
La primera forma de gobernanza criminal visible que conocimos en Venezuela se da justamente en 2015, cuando el Tren de Aragua toma el control de San Vicente, una urbanización muy grande en el estado Aragua que no está tan cerca de Tocorón.
San Vicente tiene una ubicación estratégica con acceso a un lago, a un aeropuerto y con salida a una autopista principal que conecta la zona con un puerto muy importante de Venezuela.
Aunque está muy cerca de una área militar y hay autoridades como el alcalde o el gobernador del estado, en San Vicente mandan los miembros del Tren de Aragua.
Deciden si en las fachadas de las viviendas se van a colocar decoraciones en Navidad o si hay que sembrar plantas para que se vea mejor la zona. Controlan el transporte público, deciden si un estudiante va a un plantel o a otro y dirimen disputas entre vecinos.
Mucha gente se fue, muchos comercios cerraron porque todo el mundo tiene que pagar vacuna (extorsión), desde los pequeños comerciantes hasta los industriales. Si no pagan, los atacan con granadas o armas.
–¿Quiénes son las víctimas del Tren de Aragua?
–Los habitantes de las localidades que controlan son víctimas y tienen que someterse a sus normas. Esto pasa en Tocorón, San Vicente, la zona minera de Las Claritas y en la frontera con Colombia.
En Tocorón, por ejemplo, algunos de los testimonios que recogí indican que las personas que tienen enfermedades como VIH o tuberculosis son confinadas a sitios donde luego mueren sin ningún tipo de asistencia. En la zona minera las personas que violentan una regla simplemente desaparecen.
Los migrantes y las mujeres también son víctimas. En este momento, la operación de trata es muy fuerte y las mujeres, niñas y adolescentes son víctimas muy claras. La captación es constante y por distintas vías: concursos de belleza, agencias de modelaje, a través de compañeros de colegio o de familiares que las convencen para viajar y terminan siendo explotadas sexualmente en otros países.
Luego están los comerciantes y empresarios que son extorsionados por la organización para el pago de vacuna, incluso en Perú, Colombia y Ecuador. La mayoría son venezolanos.
La excepción es Chile, donde la institucionalidad existe y no han logrado establecer gobernanzas criminales. Aunque allí operan de una forma diferente, los castigos son similares: someter a una persona, torturarla y grabarla para que eso quede como un mensaje de advertencia para cualquiera que violente sus reglas.
–Recogiste testimonios de mujeres que fueron parejas de miembros de la banda y terminaron involucradas en sus actividades. ¿Qué rol juegan las mujeres dentro del Tren de Aragua?
–Tienen varios roles. Cobran las extorsiones y llevan la administración de las plazas, es decir, los sitios donde se instala la organización en otros países con actividades de trata, tráfico de drogas o extorsión.
Las mujeres no lideran estos negocios, pero sí son las que llevan las cuentas, captan a mujeres que son explotadas sexualmente en otros países y les hacen seguimiento.
–¿Cómo funciona la cooperación entre los cuerpos de seguridad venezolanos y los de otros países para investigar y capturar a los miembros del Tren de Aragua?
–No sé si eso ha cambiado este año, pero hasta finales de 2022 esa cooperación estaba muerta, no existía. Los informes de Interpol a los que tuve acceso para el libro muestran cómo Chile, Ecuador, Perú y otros países reiteradamente envían solicitudes de información sobre personas investigadas y nunca hay respuesta.
Una de esas peticiones fue sobre uno de los jefes del Tren de Aragua que estaba en Chile. (La policía de) Chile envió tres veces la solicitud y nunca recibió una respuesta.
–¿Qué fue lo más conmovedor que escuchaste durante las entrevistas?
–Las historias de mujeres que han sido víctimas del Tren de Aragua, que han sido explotadas sexualmente y además esclavizadas. Son historias muy dolorosas, sobre todo porque se aprovechan de mujeres con hijos. Algunas confesaron que llegaron a ver cómo sus compañeras eran asesinadas.
También los testimonios de personas que han sido víctimas de tráfico y de migrantes que no tenían opciones de trabajo ni documentos y la banda se aprovechó de eso.
Y luego las personas que viven en los territorios controlados por el Tren de Aragua. Llegué a entrevistar a maestros que viven con un miedo permanente y en una condición de sumisión muy fuerte. Es gente que tiene vocación y siente que es peor irse y dejar lo pequeño que pueden hacer dentro de ese sistema horroroso.
Uno de esos maestros fue muy conmovedor porque decía casi entre lágrimas: “Tengo miedo, esto no puede ser, pero no sé qué hacer. Creo que no me puedo ir, trato de ir todos los días a dar clases para que los muchachos puedan seguir, pero cada vez es más difícil”.
Son muy crueles las historias de policías que fueron víctimas de la banda cuando intentaba establecerse en Aragua y en Venezuela. Sus miembros atacaban sedes policiales para demostrar poder, son muertes que no se dieron en enfrentamientos.
Los buscaban fuera de los operativos o amenazaban a sus familias. Algunos murieron y los demás se fueron. En San Vicente no quedó ni un policía.
Y uno se pregunta dónde está el monopolio de la fuerza, que se supone que se reserva el Estado.
–¿La publicación de este libro te afectó personalmente?
–Me amenazaron cuando anunciamos que íbamos a publicar el libro. Aunque uno sabe que trabajar estos temas implica riesgos, nunca se está preparado para que esto pase. Cambian las dinámicas, es complicado.
Sin embargo, siempre creí que esta era una historia que había que contar porque no trata solo de un grupo armado o una banda venezolana. Es la historia de un país que ha estado marcado por la violencia, la impunidad, la injusticia y la falta de instituciones. Y creo que este libro también cuenta esa historia.
