¿Qué tienen Cristina Fernández, su hijo Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López en común? Que juntos deberán sentarse en el banquillo de los acusados por una trama de presunta corrupción y lavado de activos. Esa trama sospechada podría sintetizarse así: los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner les entregaron contratos públicos durante años a Báez y a López, quienes destinaron parte de esos fondos al alquiler ficticio de habitaciones y salones en dos hoteles de la familia presidencial, entre 2008 y 2013, o al alquiler por precios excesivos de los inmuebles de la familia presidencial. Y así les giraron millones del erario público a los Kirchner.
La trama hotelera comenzó a salir a la luz en LA NACION, cuando a fines de 2013 publicó una investigación periodística que insumió cuatro años de labor, y que derivó en una causa penal que quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio y, tras su apartamiento, de su colega Julián Ercolini. Incluyó allanamientos, peritajes, procesamientos y apelaciones de las defensas, hasta que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la ex Presidenta, sus hijos Máximo y Florencia, Báez, López y otros acusados afrontaran un juicio oral.
¿De qué los acusaron? De integrar una “asociación criminal”, afirmaron los fiscales, que “canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional –a través de la obra pública vial- a los ex presidentes y su núcleo familiar por medio de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad hotelera que aquellos llevaban adelante”.
Para esa operatoria, resultaron decisivos dos hoteles de los Kirchner y una sociedad comercial de Báez. Es decir, el hotel Alto Calafate, controlado a través de la firma Hotesur, su hermana menor, la hostería Las Dunas, y la firma de Báez, Valle Mitre, que actuó como “gerenciadora” de esos establecimientos turísticos, aunque el rol de Báez también resultó clave para la compra misma del Alto Calafate, de Las Dunas y de un tercer hotel, La Aldea. Porque fue el presunto testaferro de los Kirchner quien le prestó casi US$ 6 millones a la familia presidencial para que adquirieran esos tres establecimientos.
Aquí cabe, sin embargo, una doble aclaración. La primera, que la hostería “Los Sauces” no integra el expediente que la Casación definió ahora que sí será debatida en un juicio oral. ¿Por qué? Porque ese establecimiento había quedado en manos de la familia Relats, gestión comercial que fue centro de otra causa penal, que no prosperó. La segunda, que la hostería “Los Sauces” no debe confundirse con la firma comercial Los Sauces SA, que agrupó a los inmuebles que los Kirchner también alquilaban a Báez y a López, entre otros, y que sí quedará bajo la lupa de un tribunal oral.
Pero volvamos a los hoteles. Con el Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea ya dentro del patrimonio de los Kirchner, el siguiente paso fue su gerenciamiento. Y Báez también fue clave en ese tramo con su firma Valle Mitre, que no se abocó a atraer turistas, sino a firmar contratos con empresas propias cuyos empleados pernoctaron, en teoría, en esos hoteles, durante años. ¿Cuáles son esas firmas? Austral Construcciones, Kan y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, Don Francisco, La Estación, Alucom Austral y Diagonal Sur Comunicaciones. ¿El otro gran cliente de Alto Calafate? Aerolíneas Argentinas.
“Hasta ese momento”, remarcaron los fiscales Pollicita y Mahiques cuando pidieron enviar la causa a un tribunal oral, “Valle Mitre administraba solamente un restaurante -con ventas netas anuales por apenas $430.095,80— y sin ninguna experiencia en el rubro hotelero, [pero] comenzó repentinamente a tener el manejo de los tres hoteles de la familia Kirchner quienes tan pronto iban adquiriendo los hoteles, le entregaban a la empresa de su socio y beneficiario de obra pública, la administración y explotación de aquellos. De esta forma, Valle Mitre pasó a realizar ventas por más de 24 millones de pesos”.
Para generar esa facturación resultó decisivo inflar la ocupación real de los hoteles. Al decir de los fiscales: “Se inició un proceso de reciclaje de una parte del producido de lo defraudado al Estado Nacional en el que las empresas del grupo Báez mediante la falsa contratación de habitaciones y de salones, la contratación simulada de servicios de consultoría integral y marketing e incluso la supuesta contratación para construcción”.
¿Un ejemplo de eso? Báez argumentó que alojó en El Calafate a los responsables de dirigir y controlar sus obras viales por “la calidad de los servicios, infraestructura y conectividad” de esa ciudad y porque no contaban “con alojamiento y/o obradores para tal fin ni en los parajes próximos” a esas obras en las localidades de Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, Río Turbio y 28 de Noviembre. Es decir, que sus operarios debían viajar entre 500 y 1200 kilómetros diarios –algunos por camino de ripio- para alojarse allí, según reconstruyó LA NACION.
“Otro de los mecanismos a través de los que se justificó la transferencia de fondos”, detallaron los fiscales, “fue la supuesta contratación de salones en el Hotel Alto Calafate para la promoción de productos derivados del petróleo pertenecientes a la firma YPF de los que la empresa estatal no estaba siquiera enterada o mediante contratos millonarios por asesoramiento en materia hotelera y marketing para lo que Valle Mitre no contaba en su plantilla con personal adecuado para llevar a cabo dicha labor”.
Pero, ¿cómo le fue a los Kirchner y a Báez con ese gerenciamiento? Bien y mal. La familia presidencial logró embolsar $ 86,5 millones de las empresas de Báez, según verificó la Justicia. Pero durante ese mismo período, Báez perdió $ 6,1 millones con Valle Mitre. Pero no importaba. Para entonces recibía millones de la obra pública de manera delictiva, motivo por el que tanto Báez como Cristina Fernández ya fueron condenados en la “causa Vialidad”.
Aquí conviene remarcar, además, que al igual que YPF –que negó haber alquilado los salones hoteleros que en los libros de Valle Mitre constaba que había alquilado- el propio Báez ya admitió los dibujos hoteleros. ¿Cómo es eso? Al menos dos de sus empresas admitieron ante la Justicia y la AFIP que los supuestos alquileres de esas habitaciones no fueron tales. Así lo confirmaron Don Francisco y La Estación –ambas firmas ubicadas en Río Gallegos, distante 300 kilómetros de El Calafate–, en el expediente por “la ruta del dinero K” y en la investigación por evasión que tramitó ante el juez en lo Penal Económico López Biscayart.
El rol de Máximo
Mientras tomaba forma todo esto, Néstor Kirchner tuvo el rol protagónico, según muestran los registros internos del grupo Báez que obtuvo LA NACION, como también las evidencias que obran en la investigación judicial. Pero tras su muerte, Máximo –hoy con fueros que lo protegen como diputado nacional- tomó las riendas de la operatoria, en tanto que su hermana Florencia tuvo un papel secundario. ¿Y Cristina Fernández?
Según los fiscales, “Fernández, junto con Néstor y Máximo Kirchner, se hicieron del dinero líquido necesario para adquirir una cadena hotelera que serviría como medio para la canalización del dinero espurio, para lo cual, realizaron diferentes operaciones comerciales, inmobiliarias y bancarias en su mayoría con firmas vinculadas a Báez en las que la acusada actuó en forma directa o prestando el asentimiento conyugal cuando la ley lo exigió, todo ello con la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de la ex familia presidencial”.
Los fiscales también detallaron el rol de la actual vicepresidenta en la venta de terrenos a Austral Construcciones, y de tierras fiscales, en la compra de la hostería Las Dunas, en la donación de acciones de Hotesur a su hijo Máximo, en la designación de Valle Mitre como gerenciadora, y en el retiro de fondos como “créditos” de Hotesur, sin distribuir dividendos.
“Para todo ello resultó necesario que la acusada, desde su rol de accionista de la sociedad familiar”, indicaron los fiscales, “aprobara cada uno de los ejercicios económicos de la empresa Hotesur entre 2010 y 2013, ratificara la contratación con la empresa Valle Mitre, designara a las autoridades del órgano de administración, y se beneficiara con el crecimiento de la sociedad familiar y con el retiro personal de fondos”.
Ese rol no es menor, según estimó la Oficina Anticorrupción cuando compartió el criterio de enviar a juicio oral a Cristina Fernández y demás acusados. Fue, claro, antes que la OA se diera vuelta durante la gestión actual: “Se demostró que los imputados realizaron retiros de los fondos canalizados sin cumplir con la normativa que rige en materia societaria, al tiempo que se verificó la adulteración de los libros contables con el fin de ocultar la intervención de Cristina Fernández de Kirchner en este tramo final del proceso de lavado”.
Esos planteos, que también compartió la unidad antilavado (UI) durante la gestión de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, fueron refrendados por el juez Ercolini. A principios de 2019 elevó el expediente a la instancia oral, con los Kirchner como acusados junto a Báez, a Romina Mercado -hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, al contador Víctor Manzanares, a Osvaldo Sanfelice, Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornoz, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz y Oscar Leiva.
¿Y Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa? También deberán sentarse entre los acusados porque alquilaron departamentos de la familia Kirchner en Puerto Madero a valores que estaban por encima de mercado o que eran innecesarios. Los rentaron a través de Álcalis de la Patagonia y de Inversora M&S, empresa que recibió más de $50 millones de la obra pública a través de la constructora CPC y $3000 millones de Oil Combustibles, la petrolera que llevó al entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a una condena penal.
