A simple vista, lo que llama la atención son los montos del canon: muy bajos en relación con la magnitud de algunos negocios. Pero a veces también los protagonistas: hay contratistas que han ganado en los últimos años licitaciones de los predios públicos de la ciudad de Buenos Aires que tienen una evidente cercanía con el gobierno porteño.
El sistema, que incluye más de 100 complejos y terrenos, tampoco tiene un criterio uniforme de precios y exigencias: cada contrato se rige por sus propias particularidades y de acuerdo con la naturaleza de la actividad, por lo que se hace difícil discutirlo o defenderlo. El riesgo, sobre el que advierten tanto empresarios como dirigentes políticos, es que pierdan los contribuyentes y ganen unos pocos.
Lo más llamativo de la cuestión son los pagos mensuales, que a veces no llegan al 10% de lo que, por ejemplo, le cuesta a un concesionario un contrato con un privado. El caso más grotesco explotó el año pasado y se llevó puesto el sistema de grúas, que estaba a cargo de dos empresas, Dakota y BRD, que pagaron durante ocho años un canon que daba risa: 55.000 pesos por mes. Tanto fue el escándalo que mereció un llamado de Elisa Carrió a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, que decidió finalmente estatizar el servicio de acarreo.
Lo jurídico y lo político chocan desde entonces permanentemente y quedan expuestos. Marcelo Violante, dueño de Dakota, que tiene también la concesión de tres estacionamientos, intenta de todos modos participar en licitaciones para otros negocios y eso incomoda en el gabinete porteño. Sobre todo desde que el empresario apareció en los chats de Marcelo D’Alessandro, algo que llevó a Ricardo Nissen, jefe de la Inspección General de Justicia, a pedir la nulidad de Dakota.
La ley dice que las concesiones deben darse por un máximo de cinco años, pero faculta a extenderlas por varios más con la aprobación de dos tercios de los presentes de la Legislatura. Es lo que le permitió a Rodríguez Larreta licitar por 30 años unos 31 predios ubicados debajo y a lo largo de la autopista 25 de mayo, desde Constitución hasta Flores. José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico, el funcionario que tiene a cargo el área, dice que se ha hecho un esfuerzo por regularizar y transparentar contratos y que lo importante es lo que este sistema deja en infraestructura y mejora del espacio público. “Para nosotros lo relevante es la inversión. El canon, en relación con otras exigencias, no tanto”, afirma Giusti.
El escándalo del acarreo llevó a la oposición a incluir el tema en la agenda electoral. “En estos 16 años de gestión PRO asistimos a un modelo de Estado bobo con empresarios y funcionarios vivos -dice Juan Manuel Valdés, legislador de Unión por la Patria-. Es necesario auditar y dar de baja cada uno de estos contratos, como ya logramos con el frente anti grúas”.
Unión por la Patria le hizo en julio un pedido de informe a la Jefatura de Gabinete, que entregó datos hasta el primer trimestre de este año. Un problema con una inflación superior al 115% anual. Los valores actualizados, suministrados a LA NACION por el gobierno porteño, exponen casos de predios destinados a la suspicacia eterna.
El Mercado de los Carruajes, por ejemplo, ubicado en Alem 852, cuyo concesionario incluye entre los accionistas a una hija y a un sobrino de Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri y uno de los apuntaladores de la campaña de Rodríguez Larreta.
La empresa, Mercado de los Carruajes SA, es presidida por Horacio Blanco y tiene un canon mensual de 1.062.428, 70 pesos, un monto que siempre llamó la atención de inversores del rubro gastronómico que dicen pagar por alquileres de inmuebles más chicos cifras infinitamente más altas. La semana pasada, según informaron a este diario en el sector, un local de entre 150 y 200 metros cuadrados sobre la Avenida del Libertador, en Palermo, costaba entre 10.000 y 15.000 dólares, siete veces más. “Dólar blue”, aclaró un empresario.
Tal como informó en su momento LA NACION, los Caputo también tienen vínculos de amistad con los dueños de Mechp SRL, Diego Porto, Miguel Martínez de Hoz y Nicolás y Tomás Hermida, que se adjudicaron el año pasado la licitación de la app del parking de ciudad. Mechp es a estas alturas un verdadero misterio: mientras en el gobierno la atribuyen a la familia, los Caputo lo niegan. La empresa ganó también tiempo atrás la licitación para un local en Pasco 1330, debajo de la autopista 25 de Mayo, por el que paga 532.000 pesos por mes, y tiene a cargo un estacionamiento sobre la calle Charcas, entre Salguero y Coronel Díaz, que incluye 330 lugares en dos subsuelos y cuesta $ 2.201.000 mensuales. Es decir, sólo cobrando la hora a 1000 pesos, el valor del canon quedará cubierto en apenas 6 horas.
Fuentes al tanto de estos negocios advierten que el éxito no siempre está garantizado en estos emprendimientos. El del Mercado de los Carruajes, por ejemplo, prevé una inversión de 3,7 millones de dólares, pero no consiguió hasta ahora los 30 años de plazo que se proponían sus impulsores y deben conformarse por el momento con cinco años. A favor, en cambio, están los más de 40 locales para poner en alquiler.
Ante la consulta, en el gobierno porteño dicen que no se pueden comparar los proyectos y que cada uno varía en las condiciones. Hay que recorrer, con todo, las concesiones del sector gastronómico para advertir un contraste significativo con los alquileres privados. Happening, por ejemplo, paga 1.231.927, 31 pesos de canon; Tequila, $ 1.578.722,39; Gardiner, $ 4.449.126,75; el restaurante de la Casa de los Osos, dentro del Ecoparque, $ 1.500.000, y la Federación Ecuestre Argentina, predio que incluye el restaurante Roldán, de Vila y Manzano, $ 1.082.616,11. Los privados son mucho más caros. Un local de 150 metros cuadrados en Palermo o Belgrano, por ejemplo, cuesta entre 1.200.000 y 1.500.000 pesos. Pero cuando el predio es más grande y más rentable, los propietarios suelen incluir un porcentaje de la facturación que oscila entre el 6% y el 10%. Son valores similares a los que rigen en los shoppings.
En el gobierno de la ciudad admiten una dificultad en la actualización del canon, cuyo mínimo surge a partir de la tasación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Dicen que el único artículo de la ley de convertibilidad que no fue derogado prohíbe la indexación por IPC, y que hubo años en que, por ejemplo, Costa Salguero lo hacía según el precio de las pelotas de golf. El criterio que usan ahora para determinar los valores es ahora el índice de salarios de la actividad de cada predio.
Lo que la mayor parte de estos contratos no incluye en el canon es, a diferencia de lo que ocurre con los alquileres en el sector privado, un porcentaje de la facturación. Algo que sí les cabe, por ejemplo, a las empresas que hacen la verificación técnica vehicular, que son SGS SA, VTV Norte y VTV Sur y que deben aportar un 10% por todo concepto, o a las de publicidad, Grupo al Sur, de Pepe Albistur o OSP Publicidad, de Orlando Terranova, que pagan 15% de lo que facturan más un canon de 350.000 pesos.
Varios de estos proyectos nacieron durante el primer gobierno de Rodríguez Larreta a través de una ley que impulsó Diego Santilli, pero todavía no han sido inaugurados. Por ejemplo, Distrito Joven, que incluye 14 predios por la Costanera Norte, desde Ciudad Universitaria a Punta Carrasco, una inversión de 9 millones de dólares y un 65% del terreno cedido al espacio público.
Para el concesionario, la rentabilidad del negocio no sólo dependerá del canon, sino de lo que tenga que invertir. En la calle José María Moreno 930, debajo de la autopista 25 de Mayo, acaba de ser inaugurado un supermercado Yaguar. El proyecto es por 30 años y prevé un desembolso de 700.000 dólares y un canon mensual de 289.303, 20 pesos. El sector privado tiene en cambio valores más altos: en general, el alquiler de un supermercado equivale en promedio a dos o tres días de facturación.
