A varios días de lanzada la pesificación forzosa de bonos en moneda dura para los organismos públicos, se acentúa el debate sobre su efectividad para mitigar uno de los principales problemas que desvelan a la Argentina: la falta de dólares. Mientras el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, insiste en defender la operación, los analistas privados critican que las últimas medidas no contribuirían a engrosar las magras reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que asoma apremiante, no solo por las consecuencias de la sequía en materia de exportaciones, sino por la proximidad del calendario electoral, que no suele caracterizarse por la reducción del déficit fiscal.
El impacto de la sequía ya se estima en una pérdida de entre US$15.000 y US$18.000 millones, la inflación no cede y, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el primer bimestre el déficit primario tocó el nivel más elevado de los últimos 30 años (en términos reales), complicando el cumplimiento de la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En este contexto, y frente al alza de los dólares financieros que encendió alarmas en los despachos oficiales, el Gobierno lanzó el canje, que consiste en poner en venta los bonos en dólares que tiene el sector público, incluyendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
Según la consultora Ecolatina, “la batería de medidas anunciadas apunta esencialmente a relajar el programa financiero (frente de los pesos), quitándoles presión a las futuras licitaciones de deuda del Tesoro”. Sin embargo, “una caída de la tasa de rollover [el nivel de refinanciación que consigue el Gobierno ante un vencimiento] implicaría una fuerte emisión del BCRA (por rescates) que presionaría sobre la inflación y el mercado cambiario (frente de los dólares).
“Si bien también se busca ganar ‘poder de fuego’ para evitar subas disruptivas en los dólares financieros y contener así la brecha cambiaria, un impacto positivo sostenido en el tiempo en este frente es más incierto”, analizaron en la consultora. Y agregaron: “Estas medidas no generarán un ingreso adicional de dólares a las reservas del BCRA, por lo cual no resuelven directamente el principal talón de Aquiles del esquema económico del Gobierno”.
El rol del Banco Central
Jorge Vasconcelos, del Ieral Fundación Mediterránea, subrayó “lo oneroso que resulta desprenderse de títulos que rinden 45% anual en dólares”, así como “la escasa potencia del instrumento”. En tal sentido, aventuró: “Si se lograra reunir poco más de $1 billón por la venta de estos títulos, esa cifra se compara con vencimientos en manos del sector privado estimados en $6,2 billones para abril/septiembre”.
Si bien es cierto que, para entonces, habría demanda por parte de bancos y compañías de seguros para asegurar parte del rollover, según Vasconcelos, “todo indica que seguirá siendo necesaria la participación del BCRA en el mercado secundario de títulos en pesos”. Y agrega: “Si el Banco Central tuviera que volver a actuar como ‘prestamista de última instancia’ del Tesoro, para suplir las deficiencias del rollover de la deuda, la emisión potencial sería muy elevada, afectando inevitablemente las expectativas de inflación y la magnitud de la brecha cambiaria”.
Respecto de los fundamentos de la medida, en la consultora Fernando Marull & Asociados coincidieron en que el Gobierno tiene dos objetivos: “Busca controlar el dólar y conseguir financiamiento. Si llegara a vender todos los US$3500 millones a un dólar MEP de $390, son $1,4 billones (1,6% PBI). [Por ello], pretende generar demanda de bancos, empresas e institucionales, lo que incentivaría a generar demanda para estos bonares”.
Sin embargo, también pronostican un eventual escenario de falta de demanda privada de estos bonos, que se subsanaría con la intervención del BCRA como comprador en última instancia. “Ahí el BCRA podría conseguir dos objetivos: tener demanda para controlar el precio del dólar paralelo y conseguir fondeo fiscal para 2023″, aseguraron en la consultora.
“Si bien esta medida podría ayudarle al Tesoro a cubrir el programa financiero, el costo de esta estrategia es altísimo. Con este cambio de manos, el sector privado financiará con pesos indirectamente al Tesoro con bonos que rinden 50% en dólares. Es una privatización de deuda pública a paridades de default”, opinó Nery Persichini, de GMA Capital.
Fuente: La Nación. Ver nota completa.
