El presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, denunció este viernes la existencia de un plan de “golpe de Estado” para impedir que asuma el poder en enero de 2024 tras ganar el ballotage del 20 de agosto. “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”, dijo Arévalo cuatro días después de que la justicia inhabilitara su partido, Semilla.
“Estamos viendo un golpe de Estado en curso”, agregó en rueda de prensa Arévalo, hijo de un presidente que dejó huella en el país, y quien ganó el ballotage con el 58% de los votos con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción, mal endémico en el país. Su amplio triunfo es atribuido a que generó esperanzas de cambio en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción, que inducen cada año a miles de guatemaltecos a emigrar. Pero su ascenso al poder ha alarmado a la élite política y empresarial, acusada de ser corrupta.
“Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían de garantizar la justicia en nuestro país, encabezada por la fiscal general, consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, así como la junta directiva del Congreso y otros actores corruptos y antidemocráticos”, añadió Arévalo.
Hace más de una semana, las autoridades reforzaron la seguridad del presidente electo ante informes de un posible atentado en su contra, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al ser inhabilitado, Semilla no puede realizar ninguna actividad, como emitir declaraciones, recaudar dinero o sumar afiliados. Además, sus 23 nuevos diputados tendrán facultades reducidas, pues no podrán conformar una bancada, presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda del Congreso ni tener asesores pagados.
“Pueda ser que estén utilizando (la judicalización) como elemento de presión para guiarlo a negociar, pero sobre bases espurias, de darles impunidad o cuotas de poder a las mafias de la corrupción. Si Semilla pierde la personería jurídica, la única implicación que hay es que sus diputados no asumirían como miembros de una bancada. No perjudica la toma de posesión de los diputados ni mucho menos del presidente y la vicepresidente porque no tendría efecto retroactivo de cancelar las postulaciones”, consideró el analista independiente Luis Linares, en diálogo con AFP.
“Están debilitando y negando los recursos, la autoridad y la legitimidad que legalmente nos ha conferido el pueblo de Guatemala. Alertamos que todavía faltan cuatro meses para la toma de posesión, cuatro meses durante los cuales estas mafias políticas intentaran consumar el golpe de Estado”, continuó Arévalo.
La cruzada contra Semilla la lanzó el fiscal Curruchiche luego de que Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral el 25 de junio y pasó al ballotage con la ex primera dama Sandra Torres, quien era vista como la candidata del continuismo a pesar de ser nominalmente socialdemócrata. “Como presidente electo de la República hago un llamado a […] todos los guatemaltecos que rechazamos la corrupción y el autoritarismo a unir fuerzas en defensa de la democracia”, dijo Arévalo.
Sociólogo y diputado de 64 años, Arévalo debe asumir el 14 de enero de 2024 en sustitución de Alejandro Giammattei, lo que cerrará un ciclo de 12 años de gobiernos de derecha. Es hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951), uno de los líderes de la “primavera” democrática de Guatemala, que terminó cuando fue derrocado su sucesor Jacobo Árbenz en 1954 por una rebelión militar orquestada por Estados Unidos.
En Washington, el jefe de la Misión Electoral de la OEA en Guatemala, Eladio Loizaga, también advirtió este viernes sobre un posible “rompimiento del orden constitucional en Guatemala” por las acciones contra el partido de Arévalo.
“Las implicaciones de estas decisiones [de la justicia guatemalteca] aún no son claras, aunque diversos actores han insinuado que la intención es precisamente impedir la adjudicación de cargos a las autoridades electorales. Esto en definitiva sería un rompimiento del orden constitucional y un quebranto de la voluntad ciudadana expresada contundentemente en las urnas”, afirmó Loizaga.
El ex canciller paraguayo habló en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Guatemala tras las órdenes judiciales, solicitadas por la Fiscalía, contra el Tribunal Supremo Electoral y Semilla, que quedó inhabilitado el 28 de agosto. A la cita acudió el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, quien afirmó que Giammattei hizo posible que los comicios se realizaran de forma pacífica y que está decidido a entregar el mando en enero.
“La Misión considera que el abuso de los instrumentos legales y uso de artilugios sigue provocando un alto grado de incertidumbre en el proceso y pone en riesgo la estabilidad democrática del país, situación por lo demás preocupante”, insistió Loizaga.
