Decididos a incorporar modificaciones al proyecto sobre alquileres que aprobó la Cámara de Diputados, los senadores del oficialismo se lanzaron a la búsqueda de votos aliados que les asegure la mayoría cuando la iniciativa aterrice en el recinto. Tras recibir un guiño de un sector del bloque Unidad Federal, ahora va por más y apuesta a sumar al radicalismo a su jugada.
En el oficialismo admiten que la misión es difícil pero no imposible. Ven como una señal alentadora el gesto que tuvo un grupo de senadores radicales al acordar, la semana pasada, un dictamen para regular el mercado de alquileres temporarios con fines turísticos. Pese a que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, salió al cruce de lo acordado con el kirchnerismo y enfatizó estar “totalmente en contra” de regular los alquileres temporarios, los radicales no parecen dispuestos a dar marcha atrás.
En Juntos por el Cambio el ánimo interno quedó caldeado tras la desautorización de Bullrich a los radicales. El bloque de Pro no firmó ese dictamen como tampoco está de acuerdo en incorporarle cambios a la reforma de la ley de alquileres que aprobó la Cámara de Diputados. Insiste en que el Congreso no debería dilatar todavía más este debate –que ya lleva más de un año-, dada la situación de emergencia que atraviesa el sector inmobiliario ante el retraimiento de la oferta de viviendas para alquiler y la suba disparada de los precios por efecto de la inflación.
En el radicalismo impera –por ahora- la postura de defender la media sanción de la Cámara de Diputados. Coinciden con sus socios de Pro en la necesidad de darle una solución urgente a inquilinos y propietarios y admiten que incorporar modificaciones al proyecto dilataría sin plazos el trámite legislativo. Sin embargo, algunas voces no descartan que se discutan alternativas con otros bloques. “La política es muy dinámica”, se escudó un senador radical, sin dar mayores precisiones.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados propone reducir de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses (en la actualidad es anual). Asimismo, dispone que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.
Entre los cambios que analiza el oficialismo es que el plazo de actualización sea de al menos seis meses y que la vigencia de los contratos sea de tres años, como reza la ley actual, aunque algunas voces indican que, en la negociación con los otros bloques, accederían a bajarla a dos años. Asimismo, los oficialistas no están de acuerdo en dejar al arbitrio de las partes -propietarios e inquilinos- el índice de actualización de los alquileres, como reza la media sanción del Senado, pues esto le daría mayor ventaja al sector propietario en la negociación.
Entretanto, esta mañana se realizó la segunda jornada de exposiciones en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, en esta oportunidad con representantes de los inquilinos. Allí, los expositores criticaron la vuelta a dos años en los contratos, que se “iguale” a las partes de la relación y advirtieron que una modificación a la norma actual no garantiza que se amplíe la oferta de una manera accesible. También denunciaron abusos por parte del sector inmobiliario, ante la falta de control de la ley vigente.
