A fin de marzo pasado, el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que subsidia la bolsa de 25 kilos de harina de trigo 000 que llega a las panaderías, tenía un saldo de $28.563 millones. Los datos surgen de una consulta que hizo LA NACION al Gobierno, donde explicaron que estos fondos podrían cubrir los próximos pagos que se realicen a los casi 20 molinos que hoy lo integran y están operativos dentro del mecanismo. Esos recursos alcanzan hasta julio próximo y allí el Gobierno deberá resolver, con su finalización, cómo continuar con esta herramienta.
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El FETA, que ha sido duramente cuestionado en el sector, fue creado en marzo de 2022 a instancias del entonces secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El Gobierno puso como excusa para impulsar este sistema el aumento de precios que hubo tras la invasión de Rusia a Ucrania.
Para que el fondo tenga dinero, el Gobierno subió en ese momento las retenciones a la harina y el aceite de soja de 31 a 33%, pero con el regreso de esas alícuotas al 31% en diciembre último esos fondos se dejaron de percibir, por lo que son los que finalizarían en julio próximo.
De acuerdo con las fuentes oficiales, el saldo remanente del FETA al 31 de marzo pasado era de $28.563 millones. Esto va conforme con la última rendición de cuentas realizada por el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) en carácter de autoridad de aplicación y el BICE Fideicomiso SA como fiduciario. Según las estimaciones que hacen en el Gobierno, estos fondos tendrían como fecha de finalización la primera quincena de julio. En rigor, el último desembolso se realizaría el 15 de ese mes.
“Al momento del vencimiento del fideicomiso se analizará la situación y su continuidad”, dijeron a este medio. En enero pasado, fuentes consultadas por LA NACION habían explicado que el ministro de Economía, Sergio Massa, dio “instrucciones internas para que se le asignen más fondos que saldrían del tesoro”. Esto se podría pagar con lo recaudado por el dólar soja I y II, que estuvieron en vigor en septiembre y diciembre de 2022, respectivamente.
Pese al subsidio implementado, y cuyo costo de la harina se fue actualizando, el precio del pan al consumidor no dejó de subir. Según el último relevamiento del Indec, en marzo pasado el pan tipo flauta aumentó 10,1%, a 505,58 pesos el kilo en el Gran Buenos Aires.
Conforme con la información oficial a la que tuvo acceso LA NACION, lo que se pagó en el primer trimestre de este año a un total de 22 molinos que forman parte del mecanismo fue de $12.915.367.249. No obstante, en el sector privado se habla de un total de 17 molinos que son los que en rigor en este momento están 100% operativos con esta herramienta.
En la industria aclararon que por las ventas de harina subsidiada hechas entre el 16 y 31 de marzo presentaron la solicitud de desembolso los primeros días de abril. Esto se debería haber pagado antes de los 15 días hábiles de presentada, pero se abonó a los 22 días hábiles.
En marzo último se conoció que la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini decidió limitar este subsidio solo a las ventas de la bolsa de 25 kilos de harina 000 común, que hoy sale de los molinos a $1878, más el flete y sin impuestos incluidos.
En ese entonces, aclararon desde la cartera de Comercio que la decisión obedeció a “la inédita sequía que afecta la producción agropecuaria”, lo cual significaba ya un reconocimiento de que había menos ingresos para un mecanismo hoy solventado con los fondos recaudados en el sector privado.
En la industria mencionaron que dentro de las harinas hay distintas cualidades y atributos, por lo que “la harina 000 es la que tiene menos de 24 de gluten”. Esto “sorprendió” tanto a los industriales como a los panaderos, porque se le tiene que hacer otro tratamiento, por lo que consideraron que el cambio “no estuvo bueno”. Las que quedaron fuera entonces fue la bolsa de harina 0000 que salía a $2051, la bolsa de harina tapera a $2222 y la semolín por $2222, más flete e IVA.
En la industria aclararon que las compensaciones que enmarcan esta herramienta en sí “forman parte de los costos de las industriales”. Por eso, los molinos tienen que hacer una solicitud de desembolso de los valores, respaldada por “los programas de facturas para poder cobrar”.
Tal como informó LA NACION, tras un pedido de acceso a la información pública, los primeros molinos en ingresar fueron Molino Cañuelas, Molino Florencia SAU [vinculado a los dueños de Molino Cañuelas] y Molisud SA. Para el primer pago, el Estado desembolsó en “anticipos” a estas tres empresas $1.394.546.259,89.
Así se conoció que Molino Cañuelas en los primeros desembolsos se llevó la mayor parte de los fondos: primero cobró un anticipo de $1.107.136.503,69 y a noviembre se había quedado con $8.352.122.165,69. En tanto, Molinos Florencia acumuló a noviembre 2022 un total de $2.211.718.877,38. El resto, $248.975.971,62 fue a parar a Molisud, una empresa de la familia Malán, de Jacinto Arauz, en La Pampa.
