WASHINGTON.– Pensaban que era caso cerrado, que ya podían mirar el asunto por el espejo retrovisor. Lo único que tenía que hacer Hunter Biden era presentarse en el tribunal, responder un par de preguntas, firmar un par de escritos, y listo. Por supuesto que los republicanos no iban a soltar el hueso, pero el mayor peligro habría pasado.
Salvo que las cosas no salieron así. Esa investigación penal que los asesores del presidente Joe Biden creían terminada volvió a la vida tras el fracaso del acuerdo de aceptación de responsabilidad y el nombramiento de un fiscal especial que ahora podría llevar a juicio al hijo del presidente.
Lo que hasta ahora había sido un escándalo político perjudicial, pero relativamente restringido y que daba de comer sobre todo a la derecha, ahora podría extenderse durante meses, y justo cuando el presidente se prepara para la campaña por su reelección. Ahora la Casa Blanca tal vez no pueda adjudicar tan fácilmente a motivaciones políticas las dudas sobre el comportamiento de Hunter Biden, que hasta podrían derramarse fuera de la caja de resonancia conservadora y extenderse a la opinión pública en general, que hasta ahora le ha prestado poca atención al caso.
Ni siquiera se sabe si Hunter Biden será acusado de otros cargos, además de los relativos a las declaraciones impositivas y a la posesión ilegal de un arma que fueron presentados por el fiscal David Weiss, designado en 2018 por el fiscal general del expresidente Donald Trump para investigarlo. Tal vez la decisión del fiscal general Merrick Garland de designar a Weiss como fiscal especial con más independencia para llevar adelante la investigación implica que Hunter corre más riesgo legal por sus acuerdos comerciales con empresas extranjeras.
Pero a largo plazo el riesgo tal vez sea menor de lo que parece. Al retirarse del acuerdo de aceptación de culpabilidad al que había llegado en un principio con Hunter Biden con relación a los cargos impositivos y la posesión ilegal de un arma, Weiss podía llevar el caso a otros estados fuera de Delaware, su jurisdicción de origen. Algunos analistas especulan que otorgarle la condición de fiscal especial podría apuntar a darle las facultades para imputar fuera de su jurisdicción.
“El anuncio del viernes parece más un tecnicismo para permitir que Weiss presente cargos fuera de Delaware, ahora que se cayeron las negociaciones entre ambas partes”, dice Anthony Coley, que hasta hace poco fue director de asuntos públicos del Departamento de Justicia y respondía a Garland. “Los efectos concretos serán limitados.”
Un juicio por un jurado de pares de Hunter Biden podría convertirse en un espectáculo delicado para la Casa Blanca y seguir dándoles de comer a los republicanos. Los asesores del presidente no tuvieron más remedio que resignarse a soportar varios meses de tormento, aunque la posibilidad de una ampliación de la investigación no los alarma.
La decisión de Garland de designar a Weiss como fiscal especial no resolvió parte del problema que supuestamente debía resolver. El objetivo de designar a un fiscal especial es aislar una investigación del terreno de la política, pero la decisión del fiscal general desató críticas de los republicanos, que se burlaron de la elección de Weiss por ser el firmante del acuerdo de culpabilidad original, al que tildaron de “pacto por debajo de la mesa”.
Poco parece importar que Weiss haya sido designado por la administración Trump y que el gobierno de Biden lo haya mantenido en su cargo para demostrar que no intentaba volcar la balanza a favor del hijo del presidente. Como a Trump y sus aliados no les gustó el resultado de la investigación, empezaron a pintar a Weiss como un lacayo de la administración Biden.
Esos ataques también sirven para desacreditar a Weiss por anticipado en caso de que finalmente no confirme los supuestos cargos de corrupción contra la familia Biden. Hay testimonios y relatos que sugieren que Hunter Biden usó el apellido familiar para hacer dinero y uno de sus exsocios dijo que su padre estaba informado. Pero no se ha presentado ninguna evidencia de que el presidente se haya beneficiado personalmente gracias a su poder o que lo haya utilizado para beneficiar los negocios de su hijo.
El anuncio de ayer del fiscal general cayó como un balde de agua fría en la Casa Blanca, sobre todo después del preacuerdo al que llegaron hace siete semanas, cuando el equipo del presidente pensó haber dado vuelta la página cuando Hunter Biden aceptó declararse culpable por dos delitos impositivos menores y aceptar un programa de tareas comunitaria a cambio de que se desestimaran los cargos por posesión ilegal de un arma.
El equipo de Biden estaba aliviado de que cinco años de investigaciones no hubieran dado con nada particularmente grave.
Pero resultó ser demasiado pronto para cantar victoria. El 26 de julio, cuando Hunter Biden se presentó para sellar el acuerdo ante el Tribunal del distrito de Wilmington, Delaware, los cuestionamientos de un juez derribaron el acuerdo en apenas unas horas. Básicamente no estaban de acuerdo sobre lo que implicaba el acuerdo. Hunter Biden y sus abogados pensaban que daba por concluida la investigación, mientras que los fiscales dejaron en claro que no era así.
El equipo legal de Hunter Biden quiere tener la certeza de que una aceptación de responsabilidad ponga fin a la causa, ya que Trump prometió demandarlo si es elegido presidente. Pero como reveló Weiss anteayer, las negociaciones posteriores orientadas a limar asperezas quedaron en un punto muerto y es prácticamente seguro que el próximo paso sea el juicio, lo que les facilitará a los republicanos desviar la atención de los tres procesamientos de Trump.
Desde luego, son causas casi incomparables. Hunter Biden nunca fue ni será presidente, e incluso la evidencia más condenatoria en su contra no se equipara con intentar revocar el resultado de una elección democrática para aferrarse al poder. Pero a los republicanos les resultó una estrategia útil para quejarse de la “doble vara” del sistema de justicia.
Según una encuesta de Reuters e Ipsos de junio, tres cuartos de los republicanos creen que el hijo del presidente recibió un trato preferencial con el acuerdo de aceptación de culpa, una proporción que desciende al 33% entre los demócratas. Pero la mayoría de los votantes consideraron que Biden “es un buen padre porque apoya a su hijo”, y solo el 26% dijo que era menos probable que lo votara debido a los problemas legales de su hijo Hunter.
Por Peter Baker
Traducción de Jaime Arrambide
