La globalización, que irrumpió en el mundo en la década de los años noventa tras la implosión del bloque soviético y el ascenso de China, viene dando sobradas muestras de resquebrajamiento. Lo que hace 30 años parecía un camino sin retorno hacia la liberalización completa del comercio internacional hoy va encontrando obstáculos a cada paso. Y esto se da tanto por los cambios en la geopolítica (guerra comercial entre los EE.UU. y China o el expansionismo ruso) como en las nuevas tendencias del consumo y en las preferencias electorales.
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Es en ese contexto que un país como la Argentina, exportador neto de alimentos, debe tomar decisiones. Una de ellas es la que se refiere al Pacto Verde de la Unión Europea por el cual se están fijando medidas cada vez más restrictivas desde el punto de vista ambiental (el que sostienen ellos) que pueden poner en riesgo la oferta de exportación argentina. Una de estas medidas es que a partir del 1° de enero de 2025 la carne y la soja, entre otros productos, que ingresen en la UE deben estar libres de deforestación desde 2020.
Para la Argentina esto será crucial: el 20% de las exportaciones de harina de soja, el principal producto que exporta el país, tienen como destino la UE. En la carne, el porcentaje es menor, entre el 6% y el 10%, pero para algunos segmentos, como los cortes refrigerados, (casi US$320 millones en los primeros ocho meses del año) representa el principal destino.
Tanto el sector privado como el público se vienen preparando para este escenario. Una de las iniciativas en marcha es la Visión Sectorial del Gran Chaco (Visec) que lideraron los exportadores del complejo oleaginoso junto con entidades conservacionistas y a la que luego se fueron sumando entidades de la producción y del comercio de granos. Hace unas semanas, el Gobierno le dio su apoyo formal a la iniciativa, que no solo abarca a esa región del país sino que busca extenderse a todo el territorio nacional. Básicamente, consiste en certificar y verificar que la soja y la carne vienen de zonas libres de deforestación ilegal. Estas iniciativas se suman a otras del sector privado (semilleros, frigoríficos y plataformas de agricultura digital) generadas a partir de tecnologías innovadores como el blockchain, por ejemplo. En definitiva, se trata de no perder un mercado de 500 millones de consumidores de elevado poder adquisitivo.
Pero el interrogante que se abre es si, en este caso, se aplica aquella máxima del comercio que dice “el cliente siempre tiene razón”. ¿La tendrá?
En esta idea se inscribe un pronunciamiento que hicieron esta semana un conjunto de entidades por cadena y de producción de soja y maíz de Brasil, Paraguay y la Argentina. “Responsables de la producción de 190,1 millones de toneladas de soja y 175,8 millones de toneladas de maíz, que representan el 51,3% y el 15,2% de la producción mundial, respectivamente, los productores de Brasil, Argentina y Paraguay, manifiestan su preocupación por el Reglamento de la Unión Europea para Productos Libres de Deforestación (EUDR), que forma parte del Pacto Ecológico Europeo (European Green Deal)”, dijeron en un documento ocho entidades de la región, entre las que se encuentran Maizar y Acsoja de la Argentina.
“La disposición en cuestión es una barrera comercial disfrazada de medida medioambiental que tendrá un impacto considerable en el costo de producción, aumentará los precios de los alimentos y distorsionará el comercio mundial”, expresaron, y sostuvieron que son “condiciones retroactivas, que van más allá de la legislación nacional vigente y corren el riesgo de expulsar del negocio principalmente a los pequeños y medianos productores”.
Aunque expresaron que están abiertos al diálogo, enfatizaron que reafirmaban su “compromiso de seguir satisfaciendo la demanda mundial de alimentos producidos de acuerdo con los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y medioambiental”. Y concluyeron que cualquier medida por aplicarse debía seguir los estándares de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Es cierto que hay un gran cambio global hacia los sistemas de producción compatibles con el ambiente y hay una gran presión por parte de la opinión pública, pero la cuestión no es tan clara cuando se trata de definir las reglas de juego. ¿Quién y cómo se escriben? Es una pelea de mediano y largo plazo para la que conviene prepararse y mostrar lo que se hace.
