Un grupo de jubilados y pensionados cobrará con sus ingresos de octubre un adicional de hasta $20.780, como consecuencia de la suba que tendrá ese mes el salario mínimo, vital y móvil anunciada ayer. Las personas alcanzadas serán quienes tienen un haber bruto mensual de hasta $108.240 y accedieron a su prestación, habiendo cumplido con la cantidad de años de aportes exigida por la ley previsional, es decir, sin recurrir a una moratoria. En noviembre, quienes cumplan esa condición y tengan un ingreso de hasta $119.720 cobrarán un suplemento de hasta $32.260.
El pago de esos adicionales para los jubilados del sistema general administrado por la Anses responde a la vigencia de un artículo de la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017. Esa norma establece una garantía por la cual los haberes no pueden ubicarse por debajo del 82% del salario mínimo, que en octubre será de $132.000 y en noviembre de $146.000, según anunció ayer el Ministerio de Trabajo, luego de una reunión del consejo especial que integran funcionarios de la cartera y representantes de empresas y sindicatos.
Las cifras de los adicionales mencionadas en el primer párrafo son las máximas y corresponden al caso de quienes tengan el haber mínimo. Como se trata de completar, en el caso del próximo mes, un monto de $108.240 (equivalente al 82% de $132.000), habrá situaciones en las que habrá un extra de menor cuantía. Por ejemplo, con una prestación de $102.000, el suplemento será de $6240.
Los montos surgidos de la aplicación de la mencionada ley se suman a los bonos que fueron anunciados por el Gobierno y que buscan compensar, con alcance solamente para algunos jubilados y pensionados, las pérdidas de poder adquisitivo producidas por la insuficiencia de la fórmula de movilidad vigente desde 2021 frente a la creciente inflación. Quienes cobran no más que el haber mínimo reciben, entre este mes y noviembre, un refuerzo mensual de $37.000, y quienes perciben hasta $124.460 cobran un extra equivalente a la suma necesaria para completar esa cifra. Además, para los afiliados al PAMI con un ingreso de hasta $131.190, a partir del próximo mes habrá un adicional de $15.000.
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Quienes cobran más de $132.000 no recibirán adicionales de ningún tipo, pese a la pérdida del valor real de lo que llega a sus bolsillos. Para el grupo de jubilados que nunca percibió bonos, el ingreso de agosto último sirvió para adquirir un 21,5% menos de bienes y servicios (usando como referencia el índice general de inflación del Indec) que lo percibido a fines de 2022. Y en algunos casos, desde el actual septiembre el Gobierno decidió quitar bonos que se habían estado pagando hasta el mes pasado; se vieron particularmente afectados por esa medida quienes tienen haberes de entre alrededor de $120.000 y $175.000.
Por otra parte, un grupo de los jubilados sin bonos también se ven perjudicados por una restricción para el acceso al plan de devolución del 21%, por parte del Estado, de los montos abonados en compras con tarjeta de débito, en el marco del plan “Compre sin IVA”. Mientras que para los trabajadores activos el límite de ingresos para estar incluidos es este mes de $708.000 y ese monto será actualizado, para el caso de los jubilados el tope es inferior: de $524.758. Es decir, quienes tengan un ingreso superior a ese monto, quedan excluidos del programa.
Jubilados a través de moratorias
Por el requisito de años de aportes efectivos, la garantía del 82% del salario mínimo excluye a la mayor parte de los jubilados que cobran los ingresos más bajos del sistema, porque entre quienes cobran el haber mínimo es muy alta la incidencia de los beneficios otorgados por moratoria. La condición para acceder al suplemento se incluyó en la ley, en su momento, como una manera de dar valor al hecho de aportar durante la vida activa. Hoy la mayor parte de las prestaciones se obtienen no por la regla, sino por la excepción (las moratorias), y eso refleja un grave problema tanto del mercado laboral (por la elevada tasa de informalidad) como del sistema previsional.
Según datos del boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, del total de prestaciones pagadas por el sistema general de la Anses cuyo monto equivale a la mínima, actualmente de $87.460 (sin contar los bonos), el 83% fue obtenido por la vía de moratorias, es decir, por quienes no tenían suficientes contribuciones para acceder a la prestación. De los números consignados en ese boletín se concluye que quienes recibirán en octubre montos extra por la garantía legal del 82% serán aproximadamente 475.000 personas (varias de ellas cobran más de una prestación).
Según anunció ayer el Ministerio de Trabajo, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil determinó un camino de incrementos que llevará la variable de los $118.000 vigentes este mes, a $132.000 en octubre, $146.000 en noviembre y $156.000 en diciembre. Todavía no es posible conocer qué ocurrirá con la garantía para las jubilaciones en el último mes del año, ya que para entonces deberá haber un nuevo reajuste de haberes, en función de la ley de movilidad.
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Con respecto a este mes y a los próximos dos, la situación es la siguiente:
*En septiembre (mes actual) el salario mínimo, vital y móvil es de $118.000. El 82% de esa cifra es $96.760 y, por tanto, los jubilados y pensionados con un haber mensual inferior recibieron un plus para completar ese importe. Los bonos o refuerzos dispuestos para intentar compensar los daños de la inflación no integran el haber propiamente dicho y, por lo tanto, no se cuentan para definir si corresponde o no la garantía legal del 82%.
*En octubre el salario mínimo será de $132.000 y el 82% es $108.240. Entonces, el adicional por la cláusula de garantía será, como máximo (es decir, en el caso de quienes cobran el haber básico), de $20.780,24. Para una prestación de, por ejemplo, $95.000, habrá un plus de $13.240.
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*En noviembre la referencia del menor ingreso en el mercado laboral llegará a $146.000, con lo cual el ingreso garantizado para las prestaciones previsionales será de $119.720. Entonces, el plus por la garantía establecida en 2017 será de hasta $32.260.
La garantía del haber mínimo vinculada con el salario más bajo para los trabajadores en actividad está vigente desde 2018. En 2010, el Congreso había aprobado una ley para garantizar, de manera similar a lo que rige hoy, que los haberes no fueran inferiores al 82% del salario mínimo; pero la entonces presidenta Cristina Kirchner la vetó inmediatamente, bajo el argumento de que no habría recursos para cumplir con ese compromiso.
