LA PLATA.- El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense, el radical Maximiliano Abad, se negó a hablar del caso de la presunta estafa con tarjetas en la Legislatura que integra, pese al reclamo de exlegisladores de su partido que el fin de semana le pidieron un “claro pronunciamiento” dada la “gravedad de los hechos”. Consultado por LA NACION, Abad solo dijo que estaba siguiendo la situación de los jueces que declararon nula toda la causa y liberaron al puntero del PJ detenido con 49 tarjetas de débito en su poder, pero tampoco quiso opinar sobre esos magistrados. “En lo personal, como puedo ser sujeto de recusación, no puedo opinar sobre la actuación particular de los jueces”, fue la respuesta que dio Abad.
La posible recusación a la que aludió es en un eventual juicio político que podría hacérseles a los camaristas que anularon la causa. El Jurado de Enjuiciamiento tiene entre sus integrantes a “cinco legisladores abogados”, que pueden ser senadores o diputados, y que se eligen por sorteo. En ese sorteo podría salir Abad, pero por ahora lo único que hay es una denuncia contra los magistrados.
El fin de semana, un grupo de exlegisladores radicales le habían reclamado a Abad que fijara una postura urgente sobre el caso de la presunta estafa en la Legislatura. “La gravedad de los hechos demandan de todos los actores políticos actitudes que conlleven al esclarecimiento de la verdad”, dijeron en su carta, y afirmaron que “la situación, agravada por la decisión judicial de un tribunal de cerrar la causa, torna impostergable que el radicalismo bonaerense se pronuncie claramente al respecto”.
Esta mañana, Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talarico presentaron una denuncia contra los camaristas que anularon la investigación y que liberaron a Julio Rigau. Abad dijo sobre esa denuncia: “Cualquier mecanismo de investigación que dé claridad y certeza sobre una situación de sospecha se debe llevar adelante”. Y agregó: “Estamos siguiendo el proceso judicial para ver los resultados que arroja. En lo personal, como puedo ser sujeto de recusación, no puedo opinar sobre la actuación particular de los jueces”.
Mientras tanto, en los tribunales, el fiscal Héctor Vogliolo prepara un recurso para que la Cámara de Casación bonaerense reabra el caso que cerraron los camaristas Juan Benavides y Alejandro Villordo. Y la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires analiza la posibilidad de presentarse ante el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Guillermo Atencio, para pedir ser reconocida como particular damnificada en la causa que investigó la supuesta defraudación. La Fiscalía de Estado es el órgano constitucional encargado de litigar en representación de los intereses del Estado de la provincia de Buenos Aires.
“Estamos analizando las alternativas de la apelación de Héctor Vogliolo. Es una cuestión técnica compleja. Estamos evaluando hacer una presentación, pero no tuvimos acceso aún [a la causa]”, explicaron. Gómez (nombrado durante el gobierno de Daniel Scioli), no tiene plazo para presentarse como querellante. Puede hacerlo en cualquier momento antes de una sentencia.
