El suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento enfrentará desde hoy un juicio político, acusado de mal desempeño de sus funciones. Pero el magistrado no solo enfrenta la posibilidad de ser removido de su cargo, sino de ir preso, porque solo sus fueros lo protegen de una prisión preventiva dictada en su contra en un juicio penal en Mendoza, donde está siendo juzgado por graves delitos: presunto cobro de coimas, lavado y enriquecimiento ilícito.
En el juicio político, que está a cargo del jury de enjuiciamiento, solo se analiza su desempeño como magistrado y la máxima sanción que puede recibir es ser echado de su cargo. Es un jury acotado porque solo hay 15 testigos y no se revisarán las acusaciones penales, por ejemplo de recibir sobornos o incrementar ostensiblemente sus bienes.
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En paralelo, en Mendoza, un tribunal oral le sigue un juicio oral y público donde está acusado de recibir sobornos para proteger a acusados a los que debía investigar y beneficiar a presos, así como por lavado de dinero y enriquecerse de manera injustificada.
Si el juicio político culmina con la destitución de Bento como juez, el magistrado irá preso, ya que sus fueros hasta ahora lo protegieron de una prisión preventiva dictada.
Bento es el vigésimo quinto juez que enfrenta un jury desde 2000. El 71% de los magistrados que pasaron por ese trance fueron destituidos.
Para enfrentar los dos juicios, Bento cuenta con la defensa del abogado Mariano Fragueiro Frías, un penalista de tradición judicial especializado en juicio orales y que viene de obtener las absoluciones del exfuncionario René Garro, en el juicio de Vialidad contra Cristina Kirchner, y del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en el juicio por la firma del memorándum con Irán.
El juicio penal de Mendoza estará a cargo de las juezas Gretel Diamante, Carolina Pereira y Eliana Rattá, y será transmitido por el canal del Poder Judicial Nacional en YouTube. Las audiencias se realizarán durante tres días hábiles, semana de por medio, en jornadas de 9 a 16.30. El proceso se anticipa extenso debido a la cantidad de imputados y pruebas.
En paralelo, en Buenos Aires comienza el juicio político, que deberá durar, a lo sumo, 180 días hábiles. Empezará hoy con la lectura de la acusación a cargo de los consejeros Miguel Piedecasas (abogado radical), Roxana Reyes (diputada de Juntos por el Cambio) y Eduardo Vischi (senador de Juntos por el Cambio).
Entre hoy o mañana el juez tendrá la posibilidad de declarar. Durante la tramitación de la investigación, Bento declaró varias veces. Una vez que hable el acusado comenzarán a declarar los testigos. Está previsto que lo hagan esta semana y la del 9 de octubre. El veredicto se conocerá a fines del mes próximo.
La dificultad de este juicio es que no versa sobre delitos, sino del mal desempeño de Bento cuando, por ejemplo, se negó a entregar su celular para que fuera investigado por la Justicia o cuando se burló del juez que lo investigaba, al vaciar su caja de seguridad antes de que sea allanada y dejar adentro una nota donde le reclamaba que leyera la causa antes de procesarlo. Entre las pruebas se cuentan imágenes de su paso por Las Vegas brindando en una limusina.
Los cargos no son graves comparados con los delitos penales que enfrenta, pero el juicio político terminará antes que el juicio penal, lo que complica la tarea de la acusación, que no se podrá apoyar en el resultado del proceso penal.
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El jurado que decidirá el futuro del juez Bento fue elegido por sorteo y está integrado por Javier de la Fuente, juez de la Cámara del Crimen; Daniel Bensusán, senador nacional del Frente de Todos por La Pampa; José Torello, senador de Pro; Anahí Costa, diputada nacional del Frente de Todos; Ana Clara Romero, diputada de Pro; Alfredo Barrau, abogado por la matrícula federal, y Javier María Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Mayoría agravada
Para lograr la destitución de un juez se necesitan cinco votos de los siete integrantes del jurado y la decisión es inapelable, aunque varios jueces destituidos fueron a la Corte Suprema de Justicia, que rechazó los planteos.
En la causa penal, junto a Bento están acusadas unas 30 personas, entre las que hay contrabandistas, abogados, policías y familiares del magistrado. Tras la investigación realizada por el fiscal general Dante Vega, el juez fue acusado en 15 casos de cohecho como jefe de una asociación delictiva sostenida por una red de abogados que hacía las negociaciones y cobraba coimas en dólares. Además, está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilícito. De hecho, el proceso fue avalado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
