Estudió abogacía en la Universidad de La Plata y realizó una maestría en Derecho y Economía en la Universidad Di Tella; fue asesor de Federico Sturzenegger en la Cámara de Diputados, a quien luego acompañó en el Banco Central; también fue director de la Casa de Moneda y ahora asesora a Patricia Bullrich, junto con Luciano Laspina
El abogado Augusto Ardiles comenzó su carrera política como asesor del economista Federico Sturzenegger, cuando era diputado nacional. Durante la gestión de Juntos por el Cambio ocupó cargos en el Banco Central y en la Casa de Moneda. Actualmente es parte del equipo del diputado Luciano Laspina, que trabaja asesorando a la candidata presidencial Patricia Bullrich.
–El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, habla de cerrar el Banco Central. ¿Es posible eso?
–El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dijo en los últimos días que sería inconstitucional cerrar el Banco Central (BCRA), porque el artículo 75 inciso 6 de Constitución Nacional prevé que se constituya un banco federal con facultad y potestad de emitir monedas. En una reforma constitucional, lo importante no es dolarizar, sino poner reglas fiscales en la Constitución Nacional, como sucede, por ejemplo, en Chile y en Perú. La Argentina ha tenido muchos períodos en los cuales ha tenido moneda. Entre 1890 y 1949, el peso argentino era una moneda muy respetada en el mundo. De hecho, el padre de Jorge Luis Borges vivía en Ginebra en el año 1914 con un sueldo de jubilado de un juzgado nacional en lo civil. Con ese sueldo, podía mantener a su mujer y a sus dos hijos en Ginebra. Hoy sería impensado que un jubilado viva en Ginebra y viva bien con el peso argentino. La Argentina fue un país con una de las seis monedas más importantes a nivel mundial, gracias a que, entre 1935 y 1949, el Banco Central no podía financiar a la política, no podía hacer adelantos transitorios al Tesoro Nacional. Entre 1992 y 2001, tampoco. En esos períodos, la inflación promedio de la Argentina fue de 5%. Cuando el Banco Central pudo financiar a la política, la inflación promedio fue de 189%, o de más de 300% si se toma en cuenta los períodos de hiperinflación de 1989 y de 1991.
–¿Por qué cree que el tema de la dolarización caló tan hondo en la sociedad?
–La Argentina tiene que salir del laberinto populista en el que está. Hay un populismo que es el kirchnerismo y el [candidato y ministro Sergio] Massa, y hay otro que es el de Milei, que viene a vendernos soluciones mágicas. Milei nos dice que con la dolarización se terminan todos los problemas. En realidad, la dolarización va a ser el comienzo de los problemas, porque tanto Massa como Milei nos están llevando a una hiperinflación. Tomando el último dato oficial de inflación, la variación de precios está corriendo a un ritmo de 300% anual. Massa amplió el gasto fiscal para pagar su campaña electoral y anunciar medidas cortoplacistas. Milei, por otro lado, dice que quiere dolarizar, pero su dolarización no funciona por ningún lado, si no es con una hiperinflación que licúe aún más el salario de los trabajadores y que confisque todos los depósitos en dólares del sistema financiero. Esto significaría que el 80% de los argentinos esté por debajo de la línea de pobreza. Por eso, consideramos que la dolarización en la Argentina es inviable. Hay una solución en el medio que es con menos sufrimiento y con la gente adentro, que es el bimonetarismo.
–¿Por qué dice que Massa nos está llevando a la hiperinflación?
–Esta semana se trató el proyecto de reducción de Ganancias. Esa reducción impositiva, sin ajustar el gasto público, solamente se paga con más emisión. El Estado se financia de tres formas: con impuestos, con deuda o con impuesto inflacionario, léase emisión. Si se bajan impuestos y no hay acceso a los mercados de deuda, se va a continuar emitiendo, que significa más inflación. Esto nos dice: pan para hoy y hambre para mañana. El reintegro del 21% de IVA tiene un tope de $18.800. Por inflación, en los próximos dos meses, un salario de $200.000 va a perder $32.000 de poder adquisitivo. Eso demuestra que tiene un fin electoral. Si Milei estuviera tan a favor de bajar impuestos, hubiera votado el año pasado en contra de las tasas aeroportuarias que se sancionaron.
–Milei dice que conseguirá US$60.000 millones de fondos de riesgo que van a invertir en la Argentina. ¿Hay financiamiento para el país?
–Sin poner orden fiscal, no hay ningún fondo ni ningún banco que quiera venir a prestarle plata a la Argentina. Milei nos vende soluciones mágicas, porque dice que va a usar una motosierra, pero cuando se le pregunta qué va a recortar dice que solo va a pasar de 23 a ocho ministerios. Eso no es recorte del gasto público. Patricia también viene diciendo hace un año y medio que va a tener ocho ministerios, pero es realmente utilizar un bisturí, no una motosierra. Un bisturí que sepa dónde ir recortando; sobre eso vienen haciendo un trabajo muchos equipos de Juntos por el Cambio: los radicales, los de la Coalición Cívica y nosotros. El Estado tiene 214 entidades descentralizadas, hay sociedades con participación estatal mayoritaria y fondos. Ahí se esconde el gasto ineficiente de la política. Es un 1,5% del PBI para recortar de gasto de la política, además de los ministerios. Por ejemplo, hay una entidad descentralizada que se llama “Casa Patria Grande Presidente Néstor C. Kirchner”. Otra empresa se llama Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), que nadie entiende todavía bien para qué funciona. Hay otro instituto que se dedica a los estudios de las políticas de Juan Domingo Perón entre los años 1945 y 1955. El Estado, en vez de enfocarse en lo que tiene que hacer, en dar seguridad, salud y educación, se enfocó durante todos los gobiernos kirchneristas en ser un refugio de ñoquis de la política. Si queremos realmente combatir el déficit fiscal, tenemos que atacar esto.
–Hay economistas que dicen que este tipo de recortes no representan mucho ahorro, mientras que hay otros espacios que tienen un mayor gasto, como el régimen de Tierra del Fuego. ¿Qué van a hacer con eso?
–Lo que mencioné significa un punto y medio del producto. Un ordenamiento en todo lo que es subsidios a la energía, transporte y agua significa 1,5% del PBI más. Se necesitan subsidios que vayan realmente a la demanda y no a la oferta, como es ahora. Sacar la intermediación de los gerentes de la pobreza va a significar un punto más. Hay entrevistas y chats, que se han filtrado, del Polo Obrero y de distintas organizaciones, que reconocen que 3% de los $10.000 millones que gira el Tesoro a las organizaciones sociales quedan en los “Pérsicos de la vida” [por el dirigente social Emilio Pérsico]. Hay $90 millones que se pierden todos los días en las organizaciones sociales. Poner orden ahí nos va a significar achicar un 1% del PBI. Si se achica 4% del PBI el gasto, se está en situación incluso de, con un acuerdo y un nuevo pacto fiscal con las provincias, empezar a bajar impuestos realmente de forma sostenible. Esto lo vamos a hacer el primer año. Después será el momento de analizar oportunamente el tema de Tierra del Fuego.
–¿Y con respecto a las transferencias a las provincias? Milei dice que va a terminar con las transferencias discrecionales.
–De vuelta hay ahí un desconocimiento de Milei de todo lo que es el Estado, porque gran parte de las transferencias son automáticas por la ley de coparticipación. Hay un punto muy chico que es discrecional, y hay que hacer también foco en eso; sería parte de la negociación del pacto fiscal con los gobernadores. Pero decir que se van a tocar todas las transferencias a las provincias es ilegal, porque va en contra de la ley de coparticipación federal. Los gritos por sí solos, a los argentinos nos cuestan siempre plata. Kicillof gritó en 2012 y decía que YPF nos iba a salir gratis, que no le íbamos a pagar nada a Repsol, que cómo él iba a cumplir con el estatuto de YPF. Los gritos de 2012 nos costaron US$16.100 millones. Los gritos de Milei para decir que la dolarización no tiene costos, o que va a cortar las transferencias a las provincias nos van a costar 80% de pobres, una confiscación de depósitos en dólares y una licuación fenomenal del salario de las personas. Por eso decimos bisturí, no motosierra.
–Milei chicanea con que Juntos por el Cambio critica la expropiación de YPF, pero que hubo 32 diputados que votaron a favor en el Congreso en su momento…
–El Pro, que es el partido al cual yo pertenezco, votó en contra de la privatización en 2012. Igualmente, también hubo votaciones en general y en particular, con lo cual tendría que ver cómo fueron esas votaciones. Porque hay varios diputados radicales que votaron a favor en la general, pero en la particular se opusieron a expropiar sin hacerles una oferta a los accionistas minoritarios. Nosotros estuvimos siempre en contra de la expropiación de YPF.
–¿Cómo está la coordinación entre los economistas de Carlos Melconian, el Pro, el radicalismo y la Coalición Cívica?
–Es un proceso que estamos transitando hace tres semanas y que viene muy bien. Estamos todos aportando los planes que habíamos armado y Melconian está definiendo el equilibrio general que hay que aplicar. Con Luciano Laspina tenemos un proyecto claro de cuál sería la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y lo estamos conversando con los equipos de Carlos.
–¿Cuál cree que será la principal demanda al próximo gobierno?
–En materia económica, empezar a reducir la inflación de forma consistente a partir del primer día. Cuando hablamos tanto de gasto es importante que la gente entienda que es imposible reducir la inflación si no bajamos el gasto. No es que queremos reducir el gasto porque estamos obsesionados con eso. Gracias a lograr una reducción de cuatro puntos del gasto, que sabemos cómo hacerlo, vamos a poder combatir la inflación de forma constante y también en el día a día. Hay un proyecto de reforma de Carta Orgánica del Banco Central como parte del plan de estabilización que propone el equipo de Luciano y que estamos conversando con Carlos, que busca tener una independencia real del Banco Central, con la prohibición de que siga siendo el cajero automático de la política y de que se puedan imponer cepos. Con la particularidad de que esa prohibición de imponer cepos, en el caso de que el director del Banco Central decida no cumplir lo que dice la Carta Orgánica y lo haga igual, constituye un incumplimiento de los deberes de funcionario público; es decir, es una tipificación penal. De esa forma, lo sacás del alcance de un DNU. No lo puede modificar el gobierno siguiente con un DNU, porque está vedada la materia penal para los DNU. Sí o sí tenés que pasar por el Congreso. Busca darle más fuerza a esa Carta Orgánica del Banco Central.
–La inflación en los primeros meses de gobierno va a subir, ¿cómo se le explica a la sociedad?
–La inflación tiene un componente que es inercia. Pero somos muy optimistas para la Argentina que viene, por tres puntos en particular. Por Vaca Muerta, que puede duplicar su capacidad operativa en los próximos tres años; por el campo, ya que vienen tres o cuatro años de muy buenas cosechas, y por la industria tecnológica, en particular la fintech, que le ha dado a la Argentina 10 empresas unicornios en los últimos 15 años.
