Nadie en la Argentina está sensatamente en condiciones de aventurar cómo será su situación económica individual después de las elecciones del 22 de octubre y –probablemente–, del 19 de noviembre. Esta incertidumbre se ha generalizado: abarca desde trabajadores informales que viven de changas hasta grandes holdings empresarios, en medio de una perspectiva política inédita desde el retorno de la democracia hace 40 años.
La proliferación de anuncios electoralistas formulados por Sergio Massa –36 en 38 días, contabilizados por Claudio Jacquelin en LA NACION– se traducen en una danza de medidas que sólo contribuyen a agravar la inestabilidad presente y futura de la economía, porque muchas son copias de las que fracasaron en el pasado. Crean una sensación similar a la de tratar de pararse sobre un piso plano sacudido por movimientos bruscos. Y también incluyen cambios oportunistas o discrecionales de reglas, con el consecuente aumento de la imprevisibilidad, mientras el oficialismo mira para otro lado con el pase a planta permanente de empleados públicos o aparecen licitaciones con compras sospechosas en empresas públicas como AySA.
El único objetivo de las medidas de Massa como ministro es capitalizarlas como candidato para tratar de llegar al balotaje. No es una apuesta segura. La mayoría de ellas fogonea la inflación, que ya acumula más 124% interanual; o la reprime hasta después de las elecciones y a fin de año podría escalar hasta niveles cercanos a 200%. Además, no ha esbozado como candidato siquiera un plan para bajarla, más allá de algunas consabidas expresiones voluntaristas.
Aun así, su táctica de comunicación electoral consiste en saturar la escena mediática y las redes sociales con anuncios por duplicado o triplicado (cada medida primero se deja trascender, luego se anticipa su contenido y finalmente se oficializa). También en hacerse presente en distintos puntos del país para inaugurar cualquier obra pública, por más insignificante que parezca. Este hiperactivismo oculta sinsabores. Por ejemplo, sólo le queda una semana para llamar a licitación de la indispensable segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que había prometido para septiembre, cuando en julio inauguró el primer tramo y viene demorada por problemas de financiamiento en dólares.
Los anuncios de Massa invariablemente dejan en segundo plano la aceleración inflacionaria récord de sus últimos meses de gestión y, en cambio, enfatizan los “alivios” promovidos con la nueva edición del “plan platita” (bonos de suma fija) y la menor presión impositiva selectiva sobre distintos segmentos. Aquí el candidato actúa como un virtual delivery de medidas, directamente proporcionales al número de potenciales votantes que podría pescar con estos anzuelos. No importa que el Tesoro no cuente con recursos para afrontar su alto costo, ni recorte gastos públicos en la misma proporción para no abultar el déficit fiscal.
Un informe de Analytica ayuda a comprender esta relación directa. Sin contar las medidas para profesionales autónomos o monotributistas y pequeños comercios, estima un costo fiscal de $2,49 billones (1,37% del PBI) en tres meses y medio. De ese total, más de la mitad ($1,4 billón) corresponde a la engañosa “devolución del IVA”, que es un reintegro con tope de $18.800 mensuales en compras con tarjeta de débito. Le siguen los bonos de suma fija –$37.000– para jubilados con haber mínimo ($560.000 millones); la suba del piso de Ganancias para trabajadores formales (casi $300.000 millones) y el refuerzo alimentario para afiliados al PAMI ($135.000 millones), entre otros.
En cuanto a los destinatarios, solo el reembolso de 19,8% –con tope– del ticket de compra con tarjeta de débito para trabajadores formales del sector público y privado; jubilados con hasta tres haberes mínimos; monotributistas; beneficiarios de la AUH y trabajadores en blanco de servicios domésticos, abarca a un universo de nada menos que 21 millones de personas, pero únicamente hasta fin de año. Otro tanto ocurre con los bonos de suma fija para 5,1 millones de jubilados y pensionados, así como los refuerzos alimentarios para afiliados del PAMI (casi 3 millones); titulares de la tarjeta Alimentar (casi 3,5 millones de personas con 1 a 3 hijos) y bonos de $20.000 en dos cuotas para beneficiarios del plan Potenciar Trabajo (1,36 millón). Más acotado es el número de destinatarios (342.678) del bono de $60.000 en dos cuotas para empleados públicos nacionales con salarios brutos de hasta $400.000. En otras palabras, se trata de una típica política populista de pan para hoy y hambre para mañana, con un horizonte que –después de las elecciones– llega hasta fin de año.
La suba del piso no imponible de Ganancias, que deja fuera del impuesto a 800.000 asalariados con sueldos brutos a septiembre inferiores a $1.770.000 mensuales (90% del total), podría encuadrarse en la misma definición. Pero si la semana próxima el Senado sanciona la ley enviada por Massa para suprimir la cuarta categoría, el mínimo no imponible equivalente a 15 SMVM (salario mínimo vital y móvil) será permanente y el gravamen perderá su carácter progresivo.
Si en este caso la duda es qué posición adoptarán los senadores nacionales de las provincias, que verán reducidos sus ingresos por la coparticipación del impuesto, la votación en Diputados estuvo rodeada de sorpresas. No tanto por la concentración frente al Congreso de la CGT y los gremios estatales, que festejaron por anticipado frente a puestos humeantes donde se vendían choripanes a $1000, sándwiches de vacío y vasos de fernet a $2000 cada uno, para decepción de quienes trabajan y no llegan a fin de mes. El voto a favor de Javier Milei desconcertó a propios y extraños, ya que sólo se basó en la reducción del impuesto sin considerar su impacto fiscal e inequidad tributaria, ni que las medidas oficiales de “alivio” dejan fuera de sus alcances a gran parte de los asalariados informales sin aportes jubilatorios que, según el Indec, suman 3,6 millones de personas y no pueden defenderse del vértigo inflacionario, que ya elevó la pobreza por encima de 40%.
Hay quienes sospechan que el voto del candidato libertario apunta a que Massa ingrese al balotaje porque le resultaría más fácil ganarle que a Patricia Bullrich. O que, si antes se produjera un estallido económico, favorecerá su intención de avanzar con sus medidas fiscales, monetarias y cambiarias más drásticas. De ahí que economistas de Juntos por el Cambio, como Enrique Szewach, hayan enfatizado que este acercamiento es entre la irresponsabilidad y la magia.
Por otra parte, el miércoles 27, cuando sesione el Senado, también fue convocado el consejo que debe actualizar el SMVM, que en septiembre es de $118.000 y podría ser ajustado a $132.000 en octubre, con lo cual el mínimo no imponible de Ganancias pasaría a $1.980.000 mensuales. El nuevo régimen no convence a varios sectores empresarios, porque esta modalidad producirá un solapamiento de remuneraciones con personal exento que pasará a ganar más que el alcanzado por el impuesto, a quienes deberían compensar.
