ROSARIO.- Dos semanas después de que se consagrara gobernador Maximiliano Pullaro, de Unidos para Cambiar Santa Fe, el senador peronista Armando Traferri, bajo la lupa de la Justicia desde hace casi dos años, hizo un anuncio que sorprendió: pidió que el Senado de Santa Fe, donde a partir de diciembre el PJ no tendrá más mayoría, le retire los fueros parlamentarios que evitaron que fuera imputado en una causa emblemática sobre crimen organizado y corrupción en Rosario.
En diciembre de 2021, el Senado santafesino rechazó despojarlo de la protección parlamentaria cuando se lo pidieron a los legisladores los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que investigan a Traferri como parte de una supuesta asociación ilícita vinculada a un operador de juego clandestino, Leonardo Peiti, que se había asociado -tras ser extorsionado- a la banda de Los Monos y pretendía quedarse con el manejo del juego legal de la provincia, algo que luego de exponerse esta trama se frustró.
Traferri tomó esta decisión, de solicitar a través de una nota a la presidencia de la Cámara de Senadores que le retiren sus fueros, luego de que Pullaro obtuviera un triunfo arrollador en la provincia, pero además, en otro contexto particular: uno de los fiscales que lo investiga quedó en el centro de una polémica. Edery fue denunciado este miércoles por los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno por omitir supuestamente información sobre la información que le pasaba una testigo ligada a la banda de Los Monos.
Este caso provocó un escándalo en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, donde afloró un conflicto interno entre los propios investigadores judiciales, en medio de la transición para el recambio político en el gobierno provincial. Los fiscales Socca y Moreno expusieron en una audiencia judicial una serie de chats que Edery mantenía con Mariana Ortigala, una extestigo ligada al líder de la banda de Los Monos Ariel “Guille” Cantero, que fue acusada de llevar adelante extorsiones contra una empresa que tenía una red de agencias de quiniela, a la que le pidieron 1,5 millones de dólares a cambio de protección.
En 2021 Ortigala fue una de las testigos más relevantes en el juicio contra un narco que es rival de Los Monos, Esteban Alvarado, que fue condenado a prisión perpetua, en una causa que investigaron los fiscales Edery y Schiappa Pietra, los mismos fiscales que a la par, en otro caso, pretendían imputar al senador peronista Armando Traferri, que siempre se negó a ser sometido al proceso penal resguardado en sus fueros. La fiscal regional María Laura Iribarren advirtió que el fiscal cuestionado entregó en 2021 un sobre cerrado en el que se detallaba quiénes eran sus informantes. En ese listado figuraba Ortigala.
Hay una cuestión de fondo que aparece en esta discusión, que tomó un tono de escándalo: en la provincia no están legisladas las herramientas necesarias -que se usan de manera permanente- para investigar el crimen organizado. A nivel nacional se sancionó la ley 27.319 que regula la “investigación, prevención y lucha de los delitos complejos”. En esa norma, el artículo 13 prevé la figura del informante, a quien define como “aquella persona que, bajo reserva de identidad, a cambio de un beneficio económico”, aporta “a las fuerzas de seguridad, policiales u otros organismos encargados de la investigación de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación”.
Gran parte de las causas que se inician en Rosario surgen de información que proviene de personas que tienen que ver con el delito. Por eso, muchas veces los abogados defensores cuestionan acusaciones. En la práctica muchas investigaciones comienzan de esta manera y el rol de los fiscales es comprobar que esa información se pueda corroborar por otras vías. En el caso de Ortigala, los fiscales que investigaron a Alvarado señalaron que utilizaron información que luego se probó en el juicio.
El abogado Oscar Romera, que ejerce la defensa de Traferri, señaló a LA NACION que la idea del senador era pedir que lo desaforaran para someterse al proceso judicial “en la primera sesión después de las elecciones”. “No hay una especulación por el tema judicial en el Ministerio Público de la Acusación. Es solo una coincidencia. Se juntaron los astros”, consideró el abogado.
Romera advirtió además que en otra causa en la que Traferri es querellante, en la que está acusado por supuesto espionaje ilegal el exministro de Seguridad Marcelo Saín, “se detectaron interacciones entre el exfuncionario e integrantes de la cartera de Seguridad con los fiscales que investigaban la causa de juego clandestino”.
Esos puntos que expuso el abogado se traslucen en el discurso que el senador peronista dio este jueves en el Senado. “Voy a desenmascarar a la organización ilegal que se montó para desprestigiarme”, afirmó Traferri, que fue reelecto en el cargo en las últimas elecciones en el departamento San Lorenzo.
“Aprovechar el momento”
Fuentes judiciales consultadas por LA NACION dijeron que desde que dos fiscales denunciaron a Edery en la Unidad de Criminalidad Organizada, cuerpo al que pertenece, sospechaban que Traferri “iba a aprovechar el momento para presentarse” y someterse a una audiencia imputativa sin los fueros. Los fiscales Edery y Schiappa Pietra empezaron a preparar la acusación que expondrán en los tribunales.
“Yo era un objetivo valioso, y al no poder ganarme una elección, se montó toda una operación criminal para perseguirme y desprestigiarme”, aseguró Traferri en la sesión.
El fiscal Edery lanzó duras críticas contra los colegas que lo denunciaron. Para el funcionario, la forma de proceder de sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno tuvo consecuencias graves relacionadas con la seguridad pública. “Por lo que hicieron en esta audiencia, al otro día dejaron un cartel donde dijeron que me iban a matar a mí y a mi familia. Además balearon a un chico y casi lo matan. Esa es la consecuencia de la irresponsabilidad en la audiencia”, indicó en referencia a la balacera contra una estación de servicio ocurrida el martes por la noche, momento en el que había comenzado a trascender lo que finalmente fue expuesto el miércoles.
“No sé por qué lo hicieron en la audiencia. Hay otros intereses que con el transcurso de los días fueron quedando muy de manifiesto. Muchas veces uno más uno es dos”, indicó Edery, que sugirió que la decisión de los fiscales de denunciarlo, pero antes exponerlo públicamente, está vinculada a la reciente solicitud del senador Traferri de que le retiren los fueros y ser sometido a la justicia. “Cuando empezó la investigación a Traferri, él pidió que lo investigue el fiscal Moreno”, apuntó.
