La causa que investigaba una presunta defraudación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -y que tenía en alerta a la política bonaerense- fue declarada nula por la Cámara de Apelaciones de La Plata.
Minutos después de las 14 de hoy la Justicia liberó al principal acusado, el puntero del PJ Julio Rigau, conocido como “Chocolate”. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que, como consecuencia de la declaración de nulidad, ya le devolvieron las tarjetas y el dinero que se le había secuestrado. El caso se inició cuando Rigau fue encontrado en un cajero con decenas de tarjetas de débito ajenas. Según la Cámara, la requisa que se le hizo en aquel momento fue ilegal y eso invalida todo lo actuado en el expediente desde entonces.
La Cámara tomó la decisión por dos votos contra uno. Integraron la mayoría los jueces Juan Alberto Benavidez y Alejandro Gustavo Villordo. Ellos declararon nula “el acta de procedimiento inicial”, de la Policía, y sostuvieron que, por ende, debía caer toda la causa.
En disidencia, por mantener abierto el caso, se pronunció el juez Fernando Jorge Mateos, que entendió que el accionar policial estaba justificado y afirmó: “No puedo dejar de mencionar el estrépito social o el desconcierto y descrédito para el común de la gente que se derivaría de una decisión como la perseguida”, en alusión a la nulidad.
Los investigadores que habían avanzado hasta ahora con el caso sospechaban que estaban frente a un acto de corrupción de inmensurable trascendencia. Creían que Rigau no actuaba solo y que forma parte de un armado para financiar una caja negra de la política. La idea era que esa hipótesis se ratificara o descartara con el avance la investigación. Algo que, de confirmarse este fallo, ya no ocurrirá.
Con la intención de evitar el cierre definitivo de la causa, el fiscal Héctor Voglioro presentará la semana próxima un recurso de Casación, informaron fuentes judiciales a LA NACION.
El caso estaba a cargo de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, Betina Luky, quien la semana pasada empezó a tomar declaración testimonial a los titulares de las tarjetas de débito. Unos diez testigos declararon y varios aseguraron desconocer quién los había nombrado como empleados de la Cámara de Diputados.
Rigau fue detenido cuando retiraba dinero de cajeros automáticos con 48 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tres de esas tarjetas serían de familiares. Antes de que el caso se declarara nulo, la fiscal buscaba saber si las extracciones por más de 27 millones de pesos realizadas con 45 tarjetas de débito constituían una asociación ilícita para defraudar al Estado.
La Legislatura bonaerense tiene 1340 empleados en el Senado y 1510 en Diputados. El sueldo promedio es de $500.000. La fiscal esperaba que el Banco Provincia y la presidencia de la Cámara de Diputados respondieran oficios librados para determinar quiénes firmaron los contratos de las personas titulares de las tarjetas y cuantas extracciones se hicieron a lo largo de los años.
Rigau, que estaba empleado como electricista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, fue detenido e imputado por defraudaciones reiteradas con 177 hechos consumados. Él integró en 2019 una lista del peronismo en La Plata como precandidato suplente a concejal. Es un conocido puntero del Partido Justicialista platense.
De acuerdo al pedido de detención, Rigau extrajo dinero los días cinco, seis, siete, ocho y nueve de septiembre, siempre con más de 40 tarjetas de débito de distintas personas. Todas las tarjetas corresponden a la Cámara de Diputados y por su intransferibilidad se sospecha que el imputado las obtuvo de manera ilegítima.
La nulidad se dispuso cuando la fiscal Laky pretendía determinar cómo se había armado el mecanismo de recaudación que daría cuenta de una caja negra en la Cámara de Diputados. El juez de Garantías Guillermo Atencio había convalidado la marcha del caso. Había denegado el pedido de excarcelación de la defensa y ordenado un allanamiento en la casa del imputado a pedido de la fiscal que interviene en el caso. El allanamiento tuvo lugar en el barrio de La Granja, donde los investigadores hallaron un cuaderno con presuntos detalles de los montos y los beneficiarios de las extracciones.
