La escena pública está adquiriendo una nueva configuración. Protagonistas clásicos pierden gravitación y dejan espacio a otros, nuevos, que el cerebro no termina de registrar. Aparecen alianzas desconcertantes. Asociaciones que parecían monolíticas presentan fisuras sospechadas por muy pocos. Una parte importante de la sociedad está dispuesta, por repudio a lo conocido, a caminar hacia lo desconocido. La escena está dominada por la incertidumbre. Sobre este paisaje hizo una irrupción inesperada el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, para advertir, entre otras cosas, las dificultades constitucionales de una dolarización de la economía.
La aparición de Rosatti tiene varios significados. Sería un error detenerse sólo en el que se refiere a la economía. El centro del mensaje que este juez formuló ante Martín Sivak, de El País de Madrid, es político. No debería sorprender, porque se trata de alguien que, antes de ejercer la magistratura, fue un dirigente destacado, que se desempeñó como intendente de Santa Fe, constituyente, procurador del Tesoro y ministro de Justicia. En el oleaje del desasosiego, Rosatti fijó una referencia. Recordó la vigencia de un actor: la Corte y, en un sentido más general, la Justicia. La discusión de la dolarización es, si se quiere, anecdótica. En todo caso se tratará si algún día llega, como parte de una causa, a los tribunales. En el contexto de la actual campaña electoral, cuando muchas coordenadas parecen borronearse, la máxima autoridad judicial avisó que la pista está demarcada por balizas.
Secuelas del lunes negro de Cristina Kirchner
Esa indicación va más allá de la retórica. Tiene derivaciones prácticas, ineludibles para quien quiera imaginar el futuro inmediato del país. Rosatti obliga a tomar en cuenta que en cualquier proceso de estabilización económica los jueces son figuras determinantes. En los últimos años, los juzgados federales penales han figurado en un tristísimo primer plano. Es posible que, dentro de poco, para entender lo que esté pasando, haya que decodificar los movimientos del fuero Contencioso Administrativo, que es donde se dirime la legalidad de las decisiones de los funcionarios. Recordatorio: Mauricio Macri no llegó a sentarse en la Casa Rosada y ya tenía que lidiar con un fallo del máximo tribunal que restituía parte de la coparticipación de impuestos que la Nación retenía a las provincias para solventar el sistema previsional. Al poco tiempo, Macri quiso reducir el déficit fiscal y, por lo tanto, intentó un recorte de subsidios energéticos, que obligaba a un aumento de tarifas. La dificultad con la que chocó no fueron movilizaciones de usuarios sino un fallo de la Corte.
A la luz de esos antecedentes, resulta muy razonable la decisión que tomaron los principales candidatos de Juntos por el Cambio: confiar a Bernardo Saravia Frías, que estuvo durante la gestión de Macri al frente de la Procuración del Tesoro, que es el cuerpo de abogados del Estado, el análisis de la viabilidad jurídica de las recetas que los economistas elaboran en sus laboratorios. En línea con esa tarea, ayer apareció el nombre de Saravia Frías encabezando un largo listado de juristas, signatarios de una solicitada que alertó sobre la necesidad de procesar los ajustes y reformas materiales dentro del cauce de la Constitución. La misma señal de Rosatti, casi las mismas palabras.
Las declaraciones del juez y la proclama de esos especialistas reponen el problema principal de este momento histórico: es imposible decidir el qué, sin organizar el cómo. Es la cuestión que los mercados vienen formulando desde las primarias del 13 de agosto. Ese día, más del 50% del electorado se inclinó por propuestas favorables a la iniciativa privada. Pero los títulos públicos se depreciaron y la cotización en dólares de las acciones frenó la mejora que venía registrando. Los agentes económicos están preocupados por el cómo tanto o más que por el qué. Esa pregunta por la gobernabilidad suele estar referida a la idoneidad de los equipos ejecutivos y a la capacidad parlamentaria de la fuerza que ganó la Presidencia. En las últimas 48 horas apareció un desafío no tan visible. El del frente judicial.
Además de las afirmaciones de Rosatti y de la solicitada de los juristas, los jueces condicionaron la campaña electoral con una materia más frecuente: la corrupción de la política. Sobre todo, por la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de que se realice el juicio oral pendiente por las extrañas prestaciones de los hoteles Hotesur y Los Sauces a las empresas constructoras de Lázaro Báez y Cristóbal López. El caso es un capítulo principal de la intrincada saga penal de la familia Kirchner, de la que quedó exculpada Florencia. Un beneficio a favor del cual enviaron discretos mensajes a los jueces personalidades insospechadas de alguna afinidad con la vicepresidenta. El proceso tiene una dimensión electoral ineludible. Sergio Massa deberá tolerar que, en el tramo más riesgoso de su campaña, reaparezca la señora de Kirchner para, como es inevitable, ocupar toda la escena como jefa del oficialismo del cual él es candidato. El sábado a las 8 de la noche, en la universidad del sindicato de encargados de edificios, ella presentará el libro Después del derrumbe. Por suerte el subtítulo adelanta que son Conversaciones Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner. Es decir, no es un libro de actualidad. Aunque la invitación anuncia que se hablará de “castas, herencias, derrumbes y futuro”.
Massa prefirió estar lejos para la ocasión. Irá a Salta y Santiago del Estero. Compromisos de campaña. El de los Kirchner no es el único enredo penal que lo desvela. En La Plata se está cursando otro, menos espectacular, pero que lo toca más de cerca. Allí sucedió lo que parecía inevitable: estalló la Legislatura Bonaerense. Fue cuando detuvieron a Facundo Rigau, “Chocolate”, por estar cobrando el sueldo de 48 empleados fantasmas, “ñoquis”, con las tarjetas de débito emitidas a su nombre. “Chocolate” está designado como electricista en la planta permanente de la Cámara de Diputados Bonaerense. Según la investigación de la fiscal Betina Luky, Rigau era uno de los encargados de hacer la colecta de las “donaciones” compulsivas de salarios que los legisladores reciben de sus empleados. El juez Guillermo Atencio, que lleva la causa sobre cuyos detalles informó en LA NACION María José Lucesole, comentó anteayer ante un amigo: “Para terminar con el sistema que estamos encontrando hacen falta cinco motosierras”. Metáforas de época.
Hoy nadie quiere asumir la paternidad política de “Chocolate”. Se lo describe como un brumoso dirigente peronista, platense, de tercera línea. Sin embargo, quienes conocen bien esa estructura, aseguran que el recaudador reporta a Facundo Albini, que es uno de los apoderados del Frente Renovador de Massa en la provincia. Comparte la Junta Electoral del distrito con otros íntimos del candidato-ministro, como Eduardo Cergnul o Sofía Vanelli. Albini es candidato a concejal por la reelección, en La Plata. El papá de Albini, Claudio, fue director de Personal de la Cámara en tiempos de Osvaldo Mércuri. Se atribuye su designación al entonces diputado provincial Massa. La jefatura cotidiana de “Chocolate” Rigau, dicen en la Legislatura, la ejercería vicepresidente de la Cámara baja, Rubén Eslaiman, quien se presenta como “nacido y criado en San Martín, cuna del massismo”. Como es de esperar, Albini y Eslaiman niegan conocer a Rigau.
En la política provincial siempre fue un secreto a voces que uno de los beneficios con que cuentan los legisladores es designar personal que, a cambio de la obra social y de la futura jubilación, “dona” su sueldo, de alrededor de $500.000. Muchos de esos diputados y senadores hacen campaña durante estos días alertando a los votantes contra aquellos que “quieren venir por nuestros derechos”. Si las conexiones que se informan en La Plata se verifican, en el centro del escándalo quedan Massa y su Frente Renovador. Aunque sería injusto circunscribir a ellos estas prácticas ancestrales. La responsabilidad tal vez termine ascendiendo al presidente de la Cámara, Federico Otermín, inseparable socio político de Martín Insaurralde y candidato a intendente de Lomas de Zamora.
Esta tormenta sacude la campaña de Massa, que recurre al recurso más a mano: repartir plata. Y, en su caso, hacer alguna picardía. En eso consistió el tratamiento de la modificación del impuesto a las ganancias de este martes, en Diputados. El candidato se hizo aplaudir por parte de la cúpula sindical. Desde Pablo Moyano, que insultaba a los diputados de Juntos por el Cambio, hasta Karina Navone, enviada por José Luis Lingeri. El sindicalista-espía, que opera en AySA, trata de no mostrarse cerca de Malena Galmarini y de su esposo.
Es imposible saber qué deleita más a Massa. Si las medidas demagógicas o las fullerías, por usar un término de Cristina Kirchner, con que las lleva a cabo. En el caso de la sesión del martes, disfrutó de la subordinación de Javier Milei, que votó la rebaja del impuesto a las ganancias sin asegurarse una reducción del gasto público, que ahora se financiará con más emisión del Banco Central. Un antecedente riesgoso si un día llega a gobernar: no vaya a ser que una mayoría opositora lo desafíe con alivios impositivos a los que él no se podrá negar. Pero lo que más celebró el ministro fue la fisura que se abrió en Juntos por el Cambio.
Esa fuerza decidió no dar quorum para impedir que se apruebe la reforma. Sin embargo, Emiliano Yacobitti, Gabriela Brouwer de Koning, Danya Tavela y Marcela Antola, asistieron al comienzo de la sesión. Son legisladores de la línea interna Evolución, alineada con Martín Lousteau. Desde el Pro los acusaron de trabajar para el oficialismo. Ellos reaccionaron diciendo que entraron al recinto para garantizarse la sanción de la ley que crearía nuevas universidades. Y que, cuando lo hicieron, Unión por la Patria ya tenía el número asegurado, con 135 diputados. Lo relevante no es esta aritmética, sino la polémica que desató. Desde Córdoba, donde está haciendo proselitismo a favor de Bullrich, Macri lamentó: “El populismo es contagioso”. Desde las filas de Lousteau contestaron repartiendo el video del discurso que Macri pronunció a los pocos días de su derrota en las primarias de 2019. Allí anunciaba la rebaja de Ganancias, el aumento del salario mínimo, la multiplicación de la Asignación Universal por Hijo, el congelamiento del precio de las naftas y otras medidas para atraer el voto. Los dirigentes cercanos al expresidente aclaran: “No es comparable. Aquella situación fiscal era otra”. Son detalles. Más allá de la dramatización electoral, Macri y Massa recurrieron al mismo manual del derrotado.
En la descalificación del expresidente hay que seguir una línea más interesante. Macri aprovecha las combinaciones de Evolución con Massa, inspiradas en los poderosísimos intereses de la administración de universidades, para castigar a los radicales enemistados con su primo Jorge. Una pelea donde se discute lo visible y, sobre todo, lo invisible, relativa al nuevo reparto de poder porteño. Aun antes de ganar las elecciones, Jorge Macri resolvió arrinconar a los radicales que lo enfrentaron con la candidatura de Lousteau. El paso siguiente es hacer lo mismo con los dirigentes ligados a Horacio Rodríguez Larreta. Es imposible saber si es una estrategia del candidato o si obedece directivas de su primo. ¿Empieza en la ciudad de Buenos Aires una fractura de Juntos por el Cambio que se extenderá a todo el país? Esa es una de las grandes incógnitas que plantea hoy la política.
Mauricio Macri ya había lanzado un ataque contra Lousteau y Yacobitti, y por elevación hacia Larreta, cuando habló de Guillermo Seita como “un operador oscuro, que no sé por qué le gusta tanto a dirigentes de Juntos por el Cambio”. Habrá que ver qué opina el expresidente cuando se entere de que una de las empresas que se beneficiará con nuevo contrato de grúas para acarrear vehículos mal estacionados es atribuida a Horacio Miró, alter ego de Seita. Tal vez se sorprenda también, si es que no lo sabe, con la noticia de que otras dos contratistas, Ashira-Ecoba y Transportes Nueve de Julio, son recolectoras de residuos próximas a Pablo Moyano. El mismo Pablo Moyano que anteayer hacía gestos soeces contra los diputados del Pro, es decir, del partido que otorga esos negocios. Macri esgrime un argumento principal para pedir el voto a Bullrich: que combatió a los Moyano. Se ve que no tuvo tanto éxito.
El cambio de gobierno en muchas jurisdicciones está impulsando negocios de última hora. Gracias a esa premura, José Luis Manzano se queda, en asociación con una empresa brasileña, con una codiciada mina de potasio de Mendoza, asignada por el gobierno del radical Rodolfo Suarez. Vaya a saber si el mismo Manzano no termina también administrando empresas hidroeléctricas. Massa se ha propuesto, según consta en el artículo 78 del proyecto de Presupuesto, que esas compañías pasen a manos del Estado una vez que venzan las concesiones. Varias están caducando en estos días. Por ejemplo, Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá, Arroyito, etc. No debería sorprender que suceda lo mismo que con otras concesiones “estatizadas”: que se las ponga en las precarias manos de algún operador privado, a cambio de alguna contraprestación. Hay que recordar que la gran ventaja que sacan muchos “expertos en mercados regulados”, sobre todo los allegados a Massa, es venderle a la propia empresa los servicios periféricos que prestan compañías propias o “amigas”. Por eso pueden ser displicentes frente al congelamiento de tarifas. La renta está en otro lado. Un modelo de negocios ideal para el electricista “Chocolate”.
También se aceleró la concesión de la confección para DNI y pasaportes, administrada por el Ministerio del Interior. Uno de los adjudicatarios es la Corporación América, de Eduardo Eurnekian. La velocidad favorece a ese empresario. ¿Cómo haría para que le adjudiquen el negocio, si el nuevo ministro llega a ser Guillermo Francos, colaborador de Milei, que trabajó para él durante tantos años? No es el único contratiempo que introdujo en la vida de Eurnekian la vocación de Milei por el poder. Ya debió tomar distancia de la agresividad del candidato hacia alguien a quien Eurnekian valora como a nadie: Jorge Bergoglio, el papa Francisco.
La carrera de Milei sigue en ascenso aunque con algunas dificultades. Una fue planteada, ayer, por Macri. El expresidente admitió que podría haber un pacto entre Milei y Massa. Es difícil saber a ciencia cierta cómo es ese vínculo. Si existe un acuerdo entre ambos, que se manifiesta en las dificultades de Milei para criticar a Massa, documentadas en LA NACION por Martín Rodríguez Yebra. O si, en realidad, Massa y sus gerentes políticos se aprovecharon de la indigencia política de Milei para anegar sus listas con candidatos propios. Sobre este “entrismo”, para usar una palabra antigua, las pruebas son innumerables. Muchos de esos candidatos de Milei son funcionarios kirchneristas, de áreas controladas por el ministro de Economía. El caso más curioso es el del candidato a intendente de San Isidro de La Libertad Avanza, Rodolfo “Pipo” Paolucci, quien con claridad cartesiana precisó: “No tengo nada que ver con los Galmarini. Mi hermano está casado con Bernardita Galmarini, media hermana de Malena. Yo no tengo nada que ver, ni conozco a los Galmarini”. Símil Lingeri.
Eduardo Eurnekian elogió a Bullrich y tomó distancia de Milei: “Si no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”
Para que lo que avance sea la libertad y no los Massa, Milei está reordenando su entorno. Su hermana, Karina, indicó en una reunión de dirigentes de la semana pasada que “la línea de mando es Javier, yo y Kikuchi”. Se asoman al abismo Sebastián Pareja, el amigo bonaerense de Massa, y sobre todo Eugenio Casielles y Ramiro Marra, del entrañable Grupo SIRA.
Estas deficiencias territoriales hacen que Milei dependa mucho más de figurar en el ruido de las redes sociales. Allí dominaba el 70% de la conversación política antes del 13 de agosto. Ahora ocupa el 80%. Con una diferencia: a diferencia del buen trato que obtenía entonces, ahora casi la mitad de las referencias son negativas. El riesgo de volverse casta.
