La causa donde se investiga el ataque terrorista al edificio de AMIA, en 1994, cambia de juez: ahora estará en manos del juez federal Ariel Lijo, que salió sorteado para ocuparse de los asuntos del juzgado federal 6 a partir del 5 de octubre.
Esto es así porque el titular de ese juzgado, Rodolfo Canicoba Corral, se jubiló en julio de 2020 y el Consejo de la Magistratura aún no decidió la terna de candidatos a jueces para reemplazarlo. Ese concurso depende de que exista consenso político entre los consejeros de los diferentes estamentos para conformar la terna que deben enviar al Poder Ejecutivo, para que el Presidente elija a un postulante.
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Tras la jubilación de Canicoba Corral, el juez Daniel Rafecas fue sorteado para ocuparse de los expedientes de ese juzgado, incluida la causa AMIA, pero su suplencia vence el 5 de octubre próximo. Por eso se efectuó un nuevo sorteo y el juzgado será subrogado ahora por Lijo.
Durante la gestión de Rafecas al frente de la causa AMIA, el magistrado pidió la captura internacional de cuatro nuevos sospechosos libaneses, a instancias de una investigación que realizó el fiscal federal Sebastián Basso. Son personas acusadas de brindar apoyo local en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay al grupo operativo que ejecutó el ataque el 18 de julio de 1994.
Uno de los sospechosos con pedido de captura internacional Abdallah Salman, alias José El Reda, que también tiene un pedido de captura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el atentado contra la Embajada de Israel.
Rafecas también pidió al detención de Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah y Farouk Abdul Hay Omairi, que vivían en la Triple Frontera y huyeron al Líbano, se sospecha.
En esta causa se ordenaron las capturas de Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, Alí Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Moshen Rabbani, Ahmad Reza Asghari (Moshen Randjbaran), Hadi Soleimanpour y de Imad Fayez Moughnieh. Este último era el jefe del Servicio de Seguridad Exterior de Hezbollah y murió en un ataque del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel.
Ahora el juez Lijo deberá seguir por esta senda en busca de los cuatro nuevos sospechosos para indagarlos por el atentado y decidir si hay evidencia para procesarlos como partícipes del ataque.
Los últimos meses de Rafecas con la causa AMIA estuvieron dominados por la tensión entre un grupo de familiares de víctimas, la DAIA y el fiscal Basso. Los familiares de las víctimas reunidos en torno al colectivo Memoria Activa criticaron fuertemente la actuación de Basso, porque señalan que les negó acceso a información desclasificada de los archivos de la ex-SIDE en relación con el ataque. Tal fue la tensión que el juez Rafecas los convocó a una audiencia para canalizar sus inquietudes.
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Esos familiares luego visitaron oficinas del edificio Barolo en Congreso, donde se depositan algunos de esos documentos. A raíz de esa visita, la AMIA, con un escrito firmado por su presidente Amos Linetzky, protestó porque no les avisaron.
Con el patrocinio del abogado Miguel Bronfman, le dijo a Rafecas que en el futuro les avisen a la AMIA, como querellante, para decidir si participa o no de los actos procesales del caso. “No debiera ser necesario tener que recordar a esta altura de los acontecimientos que la AMIA efectivamente debe ser considerada, como se dice en el decreto aludido, parte interesada en el devenir del proceso, puesto que nunca ha dejado de serlo desde aquel trágico 18 de julio a las 9.53hs., ni jamás ha realizado acción alguna que pueda ser interpretada -sin caer en una arbitrariedad manifiesta en ese sentido”, dice la nota.
