LA PLATA.- Un cuaderno hallado entre las pertenencias del puntero del PJ Julio Rigau, 45 tarjetas de débito y las pruebas de las extracciones realizadas a lo largo de los años del Banco Provincia dan cuerpo a la investigación que busca determinar a los responsables de un presunto acto de corrupción de “inmensurable trascendencia” que habría tenido lugar con una defraudación a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
La tarea está a cargo de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de esta capital, Betina Luky, quien ayer empezó a tomar declaración testimonial a los titulares de las tarjetas de débito. Unos diez testigos declararon entre ayer y hoy en los Tribunales situados en calle 7 entre 56 y 57 de esta capital. Varios aseguraron desconocer quién los nombró como empleados de la Cámara de Diputados. Pero al menos uno de los testigos declaró que tras pedirle los datos en la Cámara Baja provincial se le informó que su contrató no salió y se le exigió devolver la tarjeta de débito.
Este testimonio es clave para acreditar la prueba que ya está en poder de la fiscalía N°2 de esta capital, que se terminará de componer una vez que el Banco Provincia acredite las extracciones que se realizaron desde 45 tarjetas a lo largo del tiempo.
Rigau fue detenido la semana que pasó cuando retiraba dinero de cajeros automáticos con 48 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tres de esas tarjetas serían de familiares. La fiscal quiere saber si las extracciones por más de 27 millones de pesos realizadas con 45 tarjetas de débito constituyen una asociación ilícita para defraudar al Estado.
La Legislatura bonaerense tiene 1340 empleados en el Senado y 1510 en Diputados. El sueldo promedio es de $500.000. La Justicia intentará determinar si el caso del detenido con decenas de tarjetas de débito con nombres de presuntos empleados es una modalidad que se perpetuó durante el tiempo.
Las declaraciones testimoniales que empezaron ayer seguirán hasta la semana que viene. Mientras tanto la fiscal espera que el Banco Provincia y la presidencia de la Cámara de Diputados respondan oficios librados para determinar quienes firmaron los contratos de las personas titulares de las tarjetas y cuantas extracciones se hicieron a lo largo de los años.
Rigau, que estaba empleados como electricista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, está detenido e imputado por defraudaciones reiteradas con 177 hechos consumados. Tenía en su poder 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura. “Chocolate” Rigau integró en 2019 una lista del peronismo en La Plata como precandidato suplente a concejal. Es un conocido puntero del Partido Justicialista platense.
De acuerdo al pedido de detención, Rigau extrajo dinero los días cinco, seis, siete, ocho y nueve de septiembre, siempre con más de 40 tarjetas de débito de distintas personas. Todas las tarjetas corresponden a la Cámara de Diputados y por su intransferibilidad se sospecha que el imputado las obtuvo de manera ilegítima.
La fiscal Laky se encamina a determinar cómo se armó el mecanismo de recaudación que daría cuenta de una caja negra en la Cámara de Diputados. En tanto el juez de Garantías Guillermo Atencio denegó la semana que pasó pedido de excarcelación de la defensa de y ordenó un allanamiento en la casa del imputado a pedido de la fiscal que interviene en el caso.
El allanamiento tuvo lugar en el barrio de La Granja, donde los investigadores hallaron un cuaderno con presuntos detalles de los montos y los beneficiarios de las extracciones.
“Analizados los hechos, las significativa cantidad de tarjetas utilizadas y el alto monto de dinero que con ellas fue extraído posibilitaría que con el devenir de la pesquisa se llegara a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”, señaló el juez en su escrito de rechazo de la excarcelación.
Para los investigadores Rigau no actuaba solo. Sospechan que formaría parte de un armado para financiar una caja negra de la política. Todo esta hipótesis se podría consolidar o descartar una vez que avance la investigación.
La hipótesis de una estafa compuesta mediante una asociación ilícita se sustenta en un dato llamativo para la Justicia: todas las tarjetas tenían una clave similar: 2021, 2022 o 2023. El imputado se negó a declarar.
Con cada una de las 48 tarjetas se hicieron múltiples extracciones de $30.000 por día hasta completar $580.000 por titular. Es decir algo más de 700 extracciones. Ahora la Justicia intenta determinar si esta modalidad si se repitió en el tiempo.
