El kirchnerismo decidió postergar hasta la semana próxima la sesión en la que el Senado tenía previsto tratar -esta semana- las modificaciones a la ley de alquileres, proyecto que la Cámara de Diputados aprobó a fines de agosto pasado a pesar del rechazo del oficialismo. En la misma reunión, el oficialismo tenía pensado avanzar con la aprobación de más de 70 nombramientos judiciales que la oposición denuncia como parte de una maniobra de Cristina Kirchner para colonizar la justicia.
La medida fue confirmada a LA NACION por la senadora oficialista Juliana Di Tullio (Buenos Aires), quien precisó que la decisión de postergar el debate para la semana próxima se tomó debido a que su compañera de bloque Cristina López Valverde (San Juan) no podrá asistir esta semana al Senado por problemas de salud.
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La decisión tomó por sorpresa a la conducción de Juntos por el Cambio, ya que ninguna autoridad del Frente de Todos les había comunicado la suspensión de la sesión. Consultado por este diario, un legislador de la principal bancada opositora de la Cámara alta vinculó la medida con el golpe que implicó para el peronismo la derrota en la elección provincial de Chaco, donde el radical Leandro Zdero desbancó al actual gobernador, Jorge Capitanich, que apostaba por su reelección.
En otro despacho, también se relacionó la postergación del debate con los pliegos judiciales que tanto le interesan aprobar al oficialismo y a la vicepresidenta. “Para aprobar alquileres les sobran votos, ya que sus aliados provinciales y los peronistas federales apoyaron el dictamen; el tema es que sin uno propio no tienen los votos para darle acuerdo a los jueces”, explicó un senador opositor.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 23 de agosto último gracias a la unión de los bloques de la oposición que, ante la presión generada por la crisis de oferta de viviendas para alquilar, lograron imponer su criterio a pesar del rechazo del kirchnerismo, que se negaba a cambiar la polémica norma.
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En su paso por la Cámara alta, donde fue tratada durante las últimas dos semanas por las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo decidió tomar el guante y modificó el texto aprobado en Diputados.
El dictamen de mayoría que impulsa el Frente de Todos mantiene las casi totalidad de las condiciones establecidas en la ley vigente, a la que muchos sectores culpan por la sequía de oferta de inmuebles, y sólo modifica los plazos de actualización, permite que se hagan cada seis meses si hay acuerdo de partes, y el índice que se debe aplicar, reemplazando el actual ICL por el coeficiente Casa Propia creado por el Gobierno y que toma en cuenta el número más bajo entre el índice de variación salarial y el de inflación del último año.
