Legisladores de la Coalición Cívica denunciaron ante la Justicia a los tres vocales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que cerraron la investigación administrativa por la presunta cartelización de la obra pública tras concluir que no habían encontrado evidencias contundentes de una colusión entre las empresas del sector, y exigieron al Gobierno su remoción inmediata.
La denuncia penal también alcanzó al secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien seis días después de las PASO, el sábado 19 de agosto, convalidó la decisión de los vocales de la CNDC, Pablo Lepre, Guillermo Pérez Vacchini y Balbina Griffa, en momentos en que la “causa Cuadernos” -donde también se aborda la presunta cartelización del sector- se encuentra a la espera de un juicio oral.
La denuncia penal la radicaron el legislador porteño Hernán Reyes y los diputados nacionales Juan Manuel López y Paula Oliveto Lago, en tanto que estos últimos reclamaron la citación urgente al Congreso de Tombolini, de los vocales de la CNDC y del superior de ambas instancias, el ministro de Economía, Sergio Massa.
“El archivo de la causa en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es una vergüenza jurídica y un hecho insólito en la historia de la CNDC”, afirmaron los legisladores en su denuncia. “Es un organismo creado para controlar y sancionar carteles, siendo [la causa ‘Cuadernos’] la principal causa de cartelización de licitaciones públicas del país, elevada a juicio oral, [por lo que] no hay explicación para que sea archivada”.
Además de la denuncia penal y el pedido de citación al Congreso, los legisladores también radicaron una denuncia ante la Procuración General del Tesoro por presunto mal desempeño e ineptitud en sus funciones contra los tres vocales de la CNDC que deberá ser investigada por un jurado de diez abogados.
En ese sentido, los legisladores de la Coalición Cívica recordaron que el año pasado se presentaron ante la CNDC, donde solicitaron acceder al expediente con el objetivo de proponer medidas de prueba que dieran nuevo impulso a la investigación y tendieran a ahondar en los roles que habrían tenido determinados funcionarios públicos en la operatoria bajo sospecha, pero que sus planteos fueron rechazados.
En la misma línea, desde la CNDC también consideraron insuficientes las declaraciones como “arrepentidos” en la causa “Cuadernos” del entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Enrique Wagner, y del financista que intermedió en la trama delictiva, Ernesto Clarens, en tanto que no abordó la confesión del otrora secretario de Obras Públicas, José López, quien también aportó datos sobre el “club” de la obra pública.
Ante la consulta de LA NACION, desde la CNDC defendieron su proceder. “No accedimos a una prueba directa o contundente de cartelización, como la que exige la Justicia, como si la logramos en sectores que luego sancionamos como el del cemento, de la harina o la provisión de oxígeno hospitalario, ni la colusión tampoco surgió del análisis económico y de estructura del mercado que desarrollamos”, indicaron. “No observamos un patrón claro de reparto de obras, aunque sí decidimos exigir a la Cámara de Empresas Viales que monte un programa de integridad”, abundaron.
Coordinadores del cartel
Para Reyes, López y Oliveto, sin embargo, la decisión de la CNDC resultó incluso previsible. “Nosotros anticipamos que esto iba a ocurrir. Nos presentamos durante todo el 2022 en el expediente para intentar cambiar el eje de la investigación, pero al dejar afuera a los ex funcionarios públicos de la pesquisa, la CNDC nunca pudo reconstruir el modus operandi y terminó archivando el caso”, sostuvieron. “Nosotros los advertimos, no pueden decir que no conocían el rol de los exfuncionarios como Cristina Fernández de Kirchner o Julio De Vido en la conformación del cartel”, señalaron
En ese sentido, los legisladores sostuvieron que “los funcionarios públicos fueron quienes realmente coordinaron el cartel y proporcionaron el mecanismo para suprimir la competencia a partir de ejercer el rol de vigilar y castigar a quienes se desvíen del acuerdo”, en el que resultaron decisivas dos entidades que aglutinan a las empresas del sector: la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Por ese motivo, los legisladores también requirieron a la Oficina Anticorrupción (OA) que abra una investigación para evaluar posibles incompatibilidades y conflictos de interés que podrían haber registrado los vocales de la CNDC al resolver el caso, en los que estimaron que se apartaron de los precedentes jurisprudenciales.
