WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el martes sanciones por terrorismo a una red de siete personas y empresas en el Líbano y América del Sur acusadas de financiar al grupo militante Hezbollah, incluido un libanés que, según el gobierno norteamericano, estuvo involucrado en los dos ataques perpetrados en la Argentina en los 90, el de 1992 contra la Embajada de Israel y el de 1994 contra la AMIA.
Amer Mohamed Akil Rada fue descrito en un comunicado del Tesoro como “un antiguo miembro de Hezbollah que actualmente vive en el Líbano pero desempeñó un papel operativo para el grupo durante más de una década en América del Sur”, y uno de los miembros operativos que llevó a cabo el ataque a la AMIA en 1994, que mató a 85 personas y dejó cientos de heridos, y también estuvo presuntamente involucrado en el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires.
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“Amer trabajó en estrecha coordinación con el sancionado por Estados Unidos Salman Raouf Salman para detectar objetivos en toda América del Sur en nombre de Hezbollah y fue uno de los miembros operativos de Hezbollah que llevó a cabo el atentado con bomba a la AMIA, el ataque de 1994 al centro comunitario de la comunidad judía más grande de América del Sur, matando a 85 personas e hiriendo a cientos más”, indicó el comunicado del Tesoro. “También estuvo presuntamente involucrado en el atentado con bomba a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992″, agregó.
Las nuevas sanciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, en coordinación con la DEA. El gobierno norteamericano designó en la llamada “lista negra” a agentes clave de Hezbollah y facilitadores financieros en América del Sur y el Líbano. La principal figura en la nueva lista de sanciones fue Rada, apuntado por el gobierno norteamericano como un alto funcionario de Hezbollah y uno de los miembros operativos en los atentados perpetrados en la Argentina.
El Tesoro dijo que su acción está dirigida a siete individuos y entidades clave en esta red que genera ingresos para las actividades terroristas de Hezbollah y permite la presencia y actividades nefastas del grupo terrorista en América Latina. “Desde sus inicios, Hezbollah ha establecido una extensa infraestructura global que incluye actividades comerciales que permiten a sus agentes viajar libremente, localizar objetivos estratégicamente y transferir materiales y fondos”, indicó el gobierno norteamericano.
“La acción de hoy subraya el compromiso del gobierno de Estados Unidos de perseguir a los agentes y financieros de Hezbollah sin importar su ubicación”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Continuaremos eliminando a quienes buscan abusar del sistema financiero estadounidense e internacional para financiar y participar en el terrorismo”, agregó.
Además de Amer, Estados Unidos sancionó a su hermano, Samer Akil Rada, identificado como otro miembro de Hezbollah quien “ha estado activamente vinculado con delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero en varios países de América Latina”, indicó el gobierno norteamericano.
Samer anteriormente residía en Belice, pero huyó debido a un caso relacionado con drogas. También estuvo implicado en el envío de 500 kilogramos de cocaína por un valor aproximado de 15 millones de dólares que fueron escondidos en cargamentos de frutas y finalmente incautados en El Salvador. Samer es el gerente general y director ejecutivo de BCI Technologies, una empresa con sede en Venezuela, que también fue sancionada.
Como resultado de las sanciones aplicadas por los Estados Unidos, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas y entidades mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, del 50 por ciento o más de ellos, individualmente o con otras personas bloqueadas, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse y reportarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedades de personas bloqueadas o designadas. Además, las personas que realicen determinadas transacciones con las personas designadas pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción coercitiva, recordó el Tesoro.
