La fintech Wenance, involucrada en una serie de denuncias judiciales por supuestas estafas a sus acreedores, avanzó en su concurso de acreedores, luego de un fallo dictado hoy por la justicia de San Isidro. Hoy, la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esa localidad aprobó la presentación realizada por la firma, al rechazar las objeciones que en primera instancia habían sido planteadas por la jueza Gabriela Paladin.
En aquel entonces, la magistrada había rechazado el pedido de concurso por parte de Wenance al considerar que la firma no tenía sede en San Isidro (su domicilio, sostuvo la jueza, estaba en la Ciudad de Buenos Aires) y que, al tratarse de una fintech dedicada a tomar dinero de inversores y prestarlo para créditos o la financiación de consumos, operaba formalmente como un banco y, consecuentemente, debía enmarcarse bajo la Ley de Entidades Financieras.
La compañía fundada por Alejandro Muszak, que fue allanado en su domicilio y que en agosto fue embargado por una suma millonaria (le afectaron autos de lujo y dinero en efectivo), apeló la decisión de la jueza Paladin, y hoy obtuvo una sentencia favorable en la Cámara de Apelaciones
En su fallo de 17 páginas, la cámara rechaza las observaciones de la jueza de primera instancia, y afirma que “resulta competente en razón del territorio y de la materia para intervenir en el presente concurso preventivo solicitado por la sociedad Wenance S.A.”. A su vez, rechazó que Wenance debiera enmarcarse en la Ley de Entidades Financieras y, consecuentemente, convalida la presentación a concurso de acreedores por parte de la empresa. “En los próximos días, la juez Paladini abrirá el procedimiento, previo análisis de los recaudos previstos en la ley concursal”, indicaron voceros de la fintech.
El conflicto alrededor de Wenance comenzó a principio de julio, cuando comenzaron a radicarse denuncias en la Justicia por parte de acreedores que denunciaron que la empresa, dedicada a entregar créditos o financiar compras de motos y electrodomésticos a clientes sub-bancarizados, había incumplido con los pagos pendientes en los fideicomisos que la compañía utilizaba para financiar su operación.
El CEO de la empresa reconoció el incumplimiento y sostuvo que esas demoras en los pagos se debía a un “crecimiento en la morosidad” por parte de los clientes. De todas maneras, las denuncias contra la empresa -que a mediados del mes pasado sumaba cheques rechazados por $268 millones, según cifras del Banco Central- comenzaron a crecer y suma más de 3000 damnificados en la Argentina, Uruguay y España.
