SANTIAGO, Chile.– Cada 11 de septiembre y en sus días previos, dos visiones antagónicas sobre el golpe de Estado de 1973 se interponen y generan un clima de polarización en Chile. Sin embargo, la conmemoración de los 50 años que significó el quiebre de la democracia y el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet, aumentó exponencialmente la tensión e instaló la idea de que la anhelada reconciliación nacional podría parecer más que una quimera.
Pese a que el gobierno de Gabriel Boric le ha dado especial relevancia al hecho e insistió en unificar un relato en torno al respeto a la democracia, desde distintas fuerzas políticas surgieron diferencias con la forma en que se ha abordado la fecha. Mientras el presidente criticó a la oposición por el “retroceso democrático peligroso”, la derecha fustigó al gobernante y lo recriminó por “hacer imposible un clima de reconciliación. La expresidenta Michelle Bachelet, en tanto, calificó de “tóxico” el ambiente previo al 11 de septiembre.
De hecho, este lunes a las 9 (hora local) en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, se realizará un evento denominado “Por la democracia, hoy y siempre”, y el bloque opositor Chile Vamos ya confirmó que no participará en el encuentro, al que sí asistirán mandatarios de la región, como Alberto Fernández; Andrés Manuel López Obrador, de México; Gustavo Petro, de Colombia, y Luis Lacalle Pou, de Uruguay. En el resto del país, además, se efectuarán una serie de actos institucionales en el que se recordará a las víctimas de la dictadura.
“Hubiese sido deseable que fuera un momento de encuentro, más allá de las diferencias legítimas que tenemos. Lo que no se puede pretender, desde mi perspectiva, es que esas diferencias sencillamente se escondan, sino que se traten con respeto”, señaló Boric, que junto al ministro de Justicia, Luis Cordero, presentó hace un par de días el Plan Nacional de Búsqueda, una iniciativa con la que el Estado chileno asumirá por primera vez la búsqueda de 1162 detenidos desaparecidos durante la dictadura de Pinochet.
“Cuando hay un compromiso que es tan sencillo y que es de decir ‘los problemas de la democracia los vamos a solucionar respetando la Constitución y las leyes por medios institucionales, condenando la violencia y respetando siempre los derechos humanos’, la verdad es que uno no puede seguir en negociaciones eternas”, señaló Boric, que en otra acción consiguió el respaldo de cuatro expresidentes chilenos para firmar una carta conjunta por los 50 años del golpe denominada “Por la democracia, siempre”.
Precisamente, fue Sebastián Piñera –exjefe de Estado en dos periodos, 2010 -2014 y 2018-2022– quien se convirtió en uno de los rostros de la oposición más activos a la hora de tender puentes y unificar. Aquello incluso le provocó críticas desde el sector más duro de la derecha, que acusó al empresario de “unirse a la extrema izquierda”.
La diputada pinochetista Camila Flores calificó como “desconcertante” el gesto de Piñera y aseguró que la iniciativa fue propuesta por un sector que no “creía en la democracia”. Y añadió: “Son los mismos que intentaron propinarle un brutal golpe de Estado, los mismos que lo llamaron asesino y posteriormente lo denunciaron por graves atropellos a los derechos humanos”.
Tensión política
En medio de la tensión política y una regresión de los esfuerzos por acercar posiciones, la idea de abordar la problemática de otra manera también surgió durante estas últimas semanas. El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) invitó a “mirar hacia el futuro”, y sostuvo que “no habrá una verdad oficial” en torno al golpe.
“Lo importante es reflexionar para no repetir eso, ¿y hoy día estamos reflexionando para no repetir eso? Si una persona emite una opinión todo el mundo la descalifica, la insulta o la desafía […] Es contrario a la reflexión que necesitamos hacer como país para ponernos en una cosa de acuerdo, para poder surgir hacia el futuro, o vamos a estar condenados a vivir en esta pequeña pelea permanente que también es complicada”, dijo el exgobernante democratacristiano.
Según datos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991, en Chile se cometieron crímenes de lesa humanidad y se violaron los derechos humanos por parte de agentes del Estado que mataron a 3200 personas de tendencia política de izquierda, mientras y 1162 que fueron detenidas aún constan como desaparecidas. Por lo mismo, para el sociólogo Sergio González, académico de la Universidad de Tarapacá y Premio Nacional de Historia 2014, lograr la reconciliación sigue siendo “algo muy difícil para Chile”.
“Lo importante a 50 años es que las cosas son más simbólicas y hay un valor en el Plan Nacional de Búsqueda que es un esfuerzo fundamental. Se encuentren o no vestigios sobre detenidos desaparecidos, no creo que cambie el clima, la sensibilidad o la memoria. Por un lado y por el otro, después de 50 años es muy difícil que estas cosas cambien y se logre una reconciliación. Como sociedad nos queda avanzar en algunos consensos básicos”, señaló González.
En tanto, el doctor en Derecho y académico de la Universidad de Talca Jorge del Picó apuntó a ciertos gestos que dificultan la reconciliación. “Más que la justicia y la verdad, lo que falta es arrepentimiento de quienes violaron los derechos humanos y que hasta hoy no han manifestado arrepentimiento alguno y tampoco han contribuido a la reparación al menos de encontrar los cuerpos de quienes eliminaron o contribuyeron a quitar su vida. Y, en segundo lugar, nuestro país todavía no logra un acuerdo que permita rechazar la violencia como método de acción política, algo que está presente antes del 73 como después”, indicó.
En la misma vereda, Macarena Orchard, académica de la escuela de sociología de la Universidad Diego Portales, expresó que si bien “la reconciliación es un horizonte deseable”, claramente es “difícil de conseguir”.
“Sin duda ha habido gestos y avances en los últimos años, pero todavía hay discursos negacionistas que exacerban las diferencias. Se necesita mucha generosidad y humanidad. Y se necesitan gestos simbólicos pero también acciones y políticas de Estado. El plan de búsqueda de detenidos y detenidas desaparecidas, por ejemplo, recién anunciado por el gobierno, es una buena señal en esa dirección”, manifestó la experta.
