La medida previamente anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, de destinar un 25% de disponibilidad en las divisas de las ediciones del dólar soja para que la industria mejore el precio de compra de los granos, fue oficializada este martes en en el Boletín Oficial.
A través del decreto 443/2023 se fijaron las condiciones del esquema que estará en vigor hasta el 30 de septiembre y se prevé que lleguen US$2500 millones. Según se detalló, el 75% del contravalor de la exportación de las mercaderías, que sean objeto de adhesión al Programa, deberá ingresarse al país en divisas y negociarse a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), en tanto que el 25 % restante será de libre disponibilidad.
Tras conocerse la medida original por boca del propio Massa, en la agroexportación contemplaron el esquema compuesto por un mix en el precio entre el 75% al tipo de cambio oficial mayorista, que estará fijo a $350 hasta después de las elecciones generales, y el 25% restante, por ejemplo, al Contado Con Liqui (CCL), dentro del Programa Incremento Exportador (PIE). Como resultado de este mix, el precio rondaría entre los $420 y $450 por dólar.
En tanto, en otro de los artículos del reciente decreto estipularon que aquellos que adhieran al programa deberán liquidar las divisas hasta el 30 de septiembre, “incluidos los supuestos de prefinanciación y/o postfinanciación de exportaciones del exterior o un anticipo de liquidación”.
En ese sentido detallaron que pagarán las retenciones una mitad en adelanto y otra parte a través de un certificado. “Deberán abonar una suma en concepto de adelanto, considerando la mitad del porcentaje previsto en el artículo 4º del Decreto N° 1177 del 10 de julio de 1992 conforme la mercadería de que se trate, en un plazo que no podrá superar el 28 de septiembre de 2023, inclusive, considerando como base imponible el monto que surja de las divisas ingresadas y negociadas a través del Mercado Libre de Cambios (MLC) de conformidad con lo indicado en el artículo 4º de este decreto”, precisaron.
Y agregaron: “Dichas sumas, expresadas en moneda extranjera, deberán considerarse un Certificado de Crédito Fiscal aplicable, en un primer término, al pago del derecho de exportación o, en su defecto, podrá utilizarse a los fines de la cancelación de obligaciones impositivas de los sujetos adheridos a los términos del presente Programa”.
Este lunes, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sugirió a los productores “comercializar lo mínimo indispensable”. Según publicó LA NACION, se informó que su Consejo Directivo “resolvió comunicar a los productores asociados la necesaria prudencia al momento de comercializar sus productos tras las confusas medidas anunciadas desde el Gobierno”. La decisión de la entidad ruralista es no solo por la soja, sino por las intervenciones en otros productos e incluso en carne.
La medida se extendería a lo largo de este mes y, si bien aún se desconoce el monto exacto de cuánto podría ingresar a las arcas del Estado, se prevé que lleguen alrededor de US$2500 millones. Los exportadores deberán pagar de forma anticipada la mitad de las retenciones. Este era un punto en disputa, ya que el Gobierno quería asegurarse la mayor parte de los derechos de exportación [se paga el 90% con la declaración de la mercadería] mientras las empresas tenían dudas, sobre todo ante un posible cambio en este tributo con un próximo gobierno.
A la par del DNU en el Boletín Oficial, el Banco Central (BCRA) deberá publicar una norma que establezca los mecanismos de control de este decreto, que será similar a los que tienen en la industria petrolera o de gas en la Argentina.
Fuentes oficiales indicaron a este medio que falta “algunas normas” pendientes, pero que son “acordables” para que los productores vendan la soja. Durante la semana pasada, las conversaciones entre el Gobierno y los exportadores estuvieron trabadas.
