Cuando, en enero de 2024, los afiliados a la medicina prepaga deban abonar las cuotas de sus planes de salud, se encontrarán con una suba que será equivalente al incremento que haya acumulado el índice que mide los costos de salud en cuatro meses. Esto será así, según explicó a LA NACION el presidente de la Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt, porque la medida de congelamiento anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, dos semanas después de la devaluación oficial, implica una “suspensión” de la aplicación de las subas.
Es decir, no habrá un pago retroactivo por las cuotas que se abonarán -sin actualización, en caso de cumplirse con los requisitos dispuestos y de haber hecho una declaración jurada- en octubre, noviembre y diciembre. Pero, al retomarse la dinámica de las alzas que rige hasta ahora, se acumularán los porcentajes de referencia de cada uno de esos meses, y esa suba de costos se incorporará a los precios.
La decisión de que las cuotas se mantengan sin variación durante tres meses significa, así, un alivio temporal para los usuarios. Pero, a la vez, implica patear para más adelante una suba de precios (y del índice de inflación) para después de las elecciones presidenciales. Massa, candidato presidencial por el oficialismo, anunció el domingo 27 de agosto, a través de un video de Instagram y de manera inconsulta, que se dispondría un congelamiento de las cuotas por 90 días, como una forma de aliviar el fuerte impacto en los precios que tuvo la devaluación del día posPASO, decidida por el propio ministro.
La medida no se oficializó todavía. En los últimos días, los referentes de la actividad mantuvieron conversaciones con funcionariEconomía, que derivaron en un comunicado dado a conocer d, en el que se expresó que se había llegado a un acuerdo por los precios. Lo pactado, que incluye beneficios impositivos para el sector prestador y financiador de la salud (clínicas, otros prestadores y prepagas), implica que no se aplicarán subas a las cuotas a pagar por los afiliados en octubre, noviembre y diciembre. La factura que se abona en estos primeros días de septiembre, en cambio, sí tiene el aumento de 7,18% que el Gobierno ya había autorizado más de un mes atrás.
A los referentes del sector privado de la salud, tanto a las prepagas como a los prestadores, el anuncio del congelamiento les cayó como un balde de agua fría, en un contexto en el que estaban manifestando su preocupación por los efectos de la devaluación concretada por el Gobierno el día posPASO y por las dificultades para importar insumos indispensables para dar servicios. Según un índice específico elaborado por el Gobierno y publicado todos los meses por la Superintendencia de Servicios de Salud para la actualización de las cuotas, en los últimos meses los costos de la prestación de salud subieron entre un 7% y casi un 9%.
Los requisitos para acceder al congelamiento
Un dato central a tener en cuenta para el período de congelamiento es que no es algo que sucederá de manera automática ni de forma generalizada. Según puntualizó Belocopitt, el acuerdo al que se llegó con Economía incluye que los usuarios deberán completar una declaración jurada online y cumplir con el requisito de que en el grupo familiar los ingresos no superen los $2 millones mensuales, en bruto.
Además, agregó el ejecutivo, se dispondrá que, para no tener la suba de cuotas durante tres meses, se deberá estar en las mismas condiciones patrimoniales que se le exigen a quienes piden los subsidios para las tarifas de gas y electricidad. No accederán al congelamiento, entonces, quienes tengan tres o más vehículos que tengan una antigüedad menor a cinco años o tres o más inmuebles. También quedarán al margen quienes posean una embarcación, una aeronave de lujo o sean titulares de activos societarios, “que demuestren capacidad económica plena”.
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud señalaron que están trabajando en el nuevo formulario de declaración jurada. Hasta ahora, estaba vigente el que se estableció a inicios de este año -con vigencia hasta julio de 2024, ahora suspendido por tres meses-, por el cual quienes tienen ingresos de un monto equivalente a no más del salario mínimo multiplicado por seis, pueden pedir que se les aplique una suba topeada. Ese techo equivale al 90% de la variación mensual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Ese mecanismo se retomaría, según lo previsto, en el primer mes de 2024.
Por ahora no es posible hacer el trámite para pedir el congelamiento y, de hecho, ni siquiera hay una normativa que establezca la vigencia del nuevo esquema. No se sabe aún si habrá que hacer una declaración por los tres meses o si habrá que repetir cada mes el procedimiento.
El pago a los prestadores
Belocopitt señaló que durante el período de congelamiento habrá subas de aranceles a los prestadores, pero no del nivel previsto hasta ahora. Según el régimen actual, con las últimas subas las prepagas debieron actualizar los precios que les pagan a los efectores en un 92% del porcentaje de incremento que sufren los usuarios. El tema no es menor, porque algunos prestadores, como el Hospital Austral ubicado en Pilar, ya habían comenzado a anunciar el cobro de copagos para consultas médicas y realización de prácticas a los pacientes, alegando la situación crítica por la que atraviesan y la insuficiencia de los ingresos para solventar los costos.
Más allá de los montos que reciben por sus prestaciones, una advertencia recurrente del sector de clínicas y sanatorios es que los pagos les llegan con bastante demora, lo cual produce un descalce que califican como nada menor. Días después de la devaluación del peso del 13 de agosto, Adecra+Cedim, dos instituciones que nuclean a 420 prestadores, señaló en un comunicado que “a la crisis estructural de financiamiento que las instituciones vienen atravesando desde hace años, producto fundamentalmente de un descalce entre costos y aranceles, se suma la problemática coyuntural, que se agravó y que tiene que ver con serias dificultades para adquirir insumos clave para la atención de los pacientes, como materiales descartables y medicamentos de uso habitual”.
Según dijo el presidente de la UAS, que agrupa a entidades de prepagas y de clínicas, los prestadoras no podrán cobrar copagos como los que se habían anunciado en algunos casos en los últimos días. En la última semana de octubre habrá nuevas reuniones para evaluar la situación del sector y la incidencia que estén teniendo las medidas de alivio fiscal.
Esas medidas incluyen una ampliación de beneficios fiscales que fueron otorgados por un decreto de 2020, y luego prorrogados. Hoy rige, con vigencia hasta la finalización de este año, una rebaja del 50% de las contribuciones patronales para las empresas empleadoras del sector, que pasará temporariamente al 100%, según lo acordado y aún no oficializado. El régimen también implica una reducción de la alícuota del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (el llamado impuesto al cheque). Según Belocopitt, además de esos alivios habrá un diferimiento del pago de saldos de IVA, que podrán abonarse en 9 cuotas, en lugar de 6. “Se le da un poco de aire al sector”, afirmó el ejecutivo, que insistió en que no se le da una solución a los problemas que se arrastran desde hace años, y lamentó que el sistema sanitario no sea un tema en la campaña electoral.
