KIEV.- El reemplazo del ministro de Defensa de Ucrania tras la proliferación de denuncias sobre chanchullos y malversación de fondos en esa cartera pone de manifiesto el desafió crucial que enfrenta el liderazgo del presidente Volodimir Zelensky en estos tiempos de guerra: acabar con la corrupción sistémica en la que está sumida Ucrania desde hace años.
La corrupción gubernamental ha sido un tema casi tabú durante el primer año de guerra, ya que los ucranianos se abroquelaron a su gobierno para luchar por la supervivencia de su país como nación. Pero el anuncio de Zelensky del viernes por la noche sobre el reemplazo del ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, llevó el tema al primer plano de la política ucraniana.
Y la situación se presenta en un momento bisagra de la guerra, mientras Ucrania lleva adelante una contraofensiva en el sur y este del país que depende fuertemente de la asistencia militar de sus aliados de Occidente. Sin embargo, esos aliados vienen presionando al gobierno de Zelensky desde el principio de la guerra para que se asegure de que los militares ucranianos no se estaban quedando con parte de los miles de millones de dólares en ayuda que recibe Kiev.
La semana pasada, de hecho, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunió con tres militares ucranianos de alto rango para discutir medidas tendientes a frenar la corrupción vinculada a la guerra. Esas reuniones parecen responder a los reclamos de algunos legisladores norteamericanos que usan los chanchullos ucranianos como argumento para reducir la ayuda militar a ese país.
Zelensky respondió a esas presiones de sus aliados occidentales y a las críticas internas con una proliferación de iniciativas anticorrupción, no todas ellas festejadas por los expertos en transparencia gubernamental. La más controvertida fue la propuesta de juzgar la corrupción en el marco de la ley marcial, que la considera “traición” y la castiga en consecuencia.
Reznikov, que durante el mandato de Zelenzky circuló por diversos cargos, presentó su renuncia hoy por la mañana. El ahora exministro no está personalmente implicado en ninguna denuncia de desmanejo de contratos militares, pero la ampliación de las investigaciones sobre el ministerio que encabezaba son el primer traspiés que enfrentan las medidas anticorrupción del gobierno desde que se inició la invasión rusa.
“Acá la gran pregunta es dónde fue a parar el dinero”, dice Daria Kaleniuk, directora ejecutiva del Centro de Acción Anticorrupción de Ucrania, una organización dedicada a erradicar la corrupción estatal que ahora está enfocada en desentrañar los chanchullos relacionados con la guerra.
“La corrupción mata”, agrega Kaleniuk. “Que nuestros soldados tengan o no tengan un arma depende de nuestra eficacia para resguardar los fondos públicos”.
Según las cifras del propio gobierno, en determinado momento de este año había contratos de armas por unos 980 millones de dólares que no habían cumplido sus fechas de entrega, y algunos anticipos pagados por esas armas se habían desvanecido en cuentas de traficantes de armas en el extranjero, según informes presentados ante el Parlamento ucraniano. Aunque los detalles no han sido divulgados, las irregularidades sugieren que los funcionarios de compras del ministerio no investigaban a los proveedores o permitían que los traficantes se llevaran el dinero sin entregar las armas.
Los informes de los medios ucranianos han revelado sobreprecios por pertrechos militares básicos, como alimentos y abrigos de invierno.
Hasta ahora, las denuncias públicas de malversación no han afectado la transferencia directa de armas extranjeras al ejército ucraniano, ni los fondos de ayuda occidental, pero de todos modos están socavando el apoyo incondicional al gobierno que exhibieron los ucranianos durante el primer año de la invasión rusa.
A principios de este año, dos funcionarios del Ministerio de Defensa — el viceministro y el jefe de compras—, fueron arrestados por denuncias sobre sobreprecios en la compra de huevos para el ejército. El ministerio también compró miles de abrigos que resultaron no tener suficiente aislamiento para los duros inviernos de Ucrania.
Y el mes pasado Zelensky echó a los jefes de las oficinas de reclutamiento, tras la difusión de denuncias de pago de sobornos de personas que querían evitar ser enviadas al frente de batalla.
Oleksii Goncharenko, miembro del Parlamento por el partido opositor Solidaridad Europea, dijo que “no hay razones para elogiar los esfuerzos de Zelenzky contra la corrupción en tiempos de guerra”.
Anastasia Radina, presidenta del comisión anticorrupción del Parlamento ucraniano, dijo que los donantes occidentales están monitoreando muy de cerca cómo Ucrania aborda el problema.
Los funcionarios del gobierno reconocen que algunos contratos militares no redundaron en la entrega de armamento o municiones, y que parte del dinero se esfumó, pero aclaran que la mayoría de esos problemas se dieron el año pasado durante los caóticos primeros meses de la invasión, y que desde entonces han sido solucionados.
La semana pasada, Reznikov dijo confiar en que el ministerio recuperaría los pagos anticipados a los proveedores que desaparecieron.
Actualmente, el gasto militar representa casi la mitad del presupuesto nacional de Ucrania, y los informes sobre escándalos de contratación parecen revelar un cambio en el origen de la corrupción pública.
Antes de la invasión, la principal fuente de malversación de fondos públicos se concentraba en el desmanejo de las más de 3000 empresas del Estado. El dinero era desviado a través de numerosos mecanismos, mientras que el presupuesto nacional, apuntalado por la ayuda exterior, absorbía las pérdidas.
Las organizaciones anticorrupción dicen que el enorme flujo de fondos extranjeros para apoyar el esfuerzo bélico los hizo empezar a enfocar su atención en el gasto militar.
Lo más preocupante es la propuesta de Zelensky de castigar la corrupción como traición, porque en ese caso la investigación estaría a cargo de la agencia de inteligencia nacional (SBU), que está bajo el control directo del presidente. La iniciativa desató una ola de críticas que señalan que la medida puede conducir a un abuso de las facultades que otorga la ley marcial.
La semana pasada, el arresto de Ihor Kolomoisky, uno de los hombres más ricos de Ucrania, fue interpretado como una señal para frenar la influencia política de los oligarcas ucranianos dentro del aparato estatal. Sospechado de fraude y lavado de dinero, en 2019 Kolomoisky apoyó la campaña electoral de Zelensky, pero desde que comenzó la guerra el presidente pareció romper todos sus vínculos con el magnate.
Otra de las duras medidas de este año fue la investigación y procesamiento por soborno de una persona de alto perfil, nada más ni nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Ucrania, destituido y arrestado en mayo. Además, un viceministro de Economía actualmente está siendo juzgado por malversación de fondos para ayuda humanitaria.
El director de la filial ucraniana de Transparencia Internacional, Andrii Borovyk dice que los casos de corrupción de alto nivel que salen a la luz son una señal positiva, o en todo caso mucho mejor que la imagen de una nación sumida en chanchullos tapados por el gobierno.
“Los escándalos son buenos”, apunta Borovyk. “La guerra no puede usarse como excusa para dejar de luchar contra la corrupción”.
Por Andrew E. Kramer
Traducción de Jaime Arrambide
