Si Javier Milei acertó con el sentimiento social al acusar a la “casta política” de parasitaria del Estado y culpable de todos los males, Carlos Melconian fue precursor años atrás con otra definición que mantiene plena vigencia; bautizó a la Argentina como “Berretalandia” por el deterioro de sus instituciones y el fracaso de las políticas macroeconómicas pendulares ensayadas en las últimas décadas.
El economista, designado de antemano como ministro del área por Patricia Bullrich si en diciembre llega a la Casa Rosada, no sólo cuenta con la ventaja de venir trabajando desde hace meses –bajo el ala de la Fundación Mediterránea– en un plan integral que desestima de plano las soluciones mágicas. También es uno de los principales comunicadores que lograron que las cuestiones económicas más complejas fueran entendibles para todo público sin perder seriedad, siguiendo el estilo llano e independiente creado por Juan Carlos de Pablo hace más de 50 años. Muchos economistas de los equipos de Juntos por el Cambio comparten esta cualidad (Enrique Szewach, Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Martín Tetaz, Eduardo Levy Yeyati, Martín Redrado, más Marina Dal Poggetto y Martín Rapetti que colaboraron con Facundo Manes, entre otros). Y hasta la afirmación de Milei de debatir sobre economía sólo con candidatos presidenciales, puede interpretarse como un implícito reconocimiento profesional más allá de la competencia electoral.
Servicio doméstico: cómo se calcula el nuevo bono, según una aclaración oficial
Cuando faltan 50 días para las elecciones del 22 de octubre, que Sergio Massa haya lanzado como ministro la edición 2023 del populista plan “Platita” encaja perfectamente en la caracterización de “Berretalandia”.
Su única intención es poner más pesos devaluados en los bolsillos de la gente, en especial de ingresos bajos y medios, para “comprar” votos que mejoren sus chances como candidato presidencial, también devaluadas con el tercer puesto en las PASO.
Paralelamente, el profuso despliegue del aparato de propaganda oficial busca mostrar –al más puro estilo kirchnerista– que, a base de más “maquinita”, gastos en subsidios, bonos de suma fija para asalariados y jubilados, congelamiento de precios de combustibles y tarifas de transporte en el AMBA hasta fin de octubre, es posible sostener artificialmente el consumo y la actividad económica. Es como prender fuego con papel de diarios para preparar un asado, que requiere usar cada vez más papeles sin lograrlo.
El impacto de estas medidas sobre el poder adquisitivo será efímero con la inflación de dos dígitos mensuales en agosto (11/12%, gatillada por la devaluación de 20% sin un plan económico por detrás) y algo más alta en septiembre, que ya apunta a 150% interanual. Y puede tener como efecto búmeran una mayor inflación y desaceleración económica en los meses subsiguientes, ante la escasez de dólares en el BCRA y una brecha cambiaria superior a 100%.
Esta táctica ya fracasó después de las PASO de 2021. El FdT perdió en las elecciones legislativas de octubre pese al plan “Platita I”, que entonces tuvo un costo fiscal de casi 0,3% del PBI. Incluyó, entre otras medidas, la suba del salario mínimo vital (a $32.000 mensuales); del piso no imponible de Ganancias (a $150.000) retroactivo a enero; refuerzos de planes sociales; duplicación de asignaciones familiares por hijo a asalariados de bajos ingresos y una ley de alivio fiscal que condonó deudas de IVA y Ganancias a un millón de micropymes. Moraleja: mucha gente aprendió a quedarse con la plata y votar a quien prefería en el cuarto oscuro.
La remake para las elecciones de este año, con un costo fiscal de casi 0,5% del PBI ($730.000 millones), se presenta recargada y floja de papeles, que ya generaron conflictos y resistencias políticas.
Los bonos de suma fija por $60.000 para los trabajadores del sector público nacional y el privado con salarios de hasta $400.000 mensuales –impulsados por La Cámpora y dispuestos por DNU–, se abonarán en dos mitades de $30.000 en septiembre y octubre y pasaron a ser el eje de la discordia.
En el sector público, los gobernadores oficialistas y opositores de 14 provincias anunciaron su negativa a adherir. Varios que ya se aseguraron un nuevo mandato en las elecciones anticipadas a la nacional, prefieren negociar en paritarias y no atarse a la suerte electoral de Massa. Otros pagaron refuerzos salariales con fondos propios antes de las PASO. Una incógnita está en la provincia de Buenos Aires y las intendencias del conurbano, que reclaman fondos extra al Tesoro. O sea, más emisión. Y un caso excepcional es el gobernador santiagueño Gerardo Zamora, reelecto en 2021, que dispuso un bono de $400.000 para los empleados públicos, pese a que los recursos propios de la provincia representan sólo 20% del presupuesto (el resto son transferencias nacionales).
En el sector privado, la mayoría de las cámaras empresarias resisten el bono porque después de las elecciones deberán incorporarlo a los sueldos en paritarias, con el argumento de que el Estado se entromete en la negociación al subir el piso salarial por DNU y distorsionar las escalas. El abogado laboralista Carlos F. Echezarreta sostiene que la medida es proselitista e inconstitucional, porque rige la ley de convenios colectivos de trabajo y la Constitución establece, en su artículo 99°, que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo.
Al fustigar la negativa empresaria, en una de sus escasas apariciones públicas, el presidente Alberto Fernández hizo su aporte a “Berretalandia”, cuando afirmó que no hay un plan “Platita” sino un plan “Justicia” (sic). No sólo omitió que la mitad de los trabajadores no están registrados y quedan fuera del alcance del bono, también que los asalariados en blanco que perciben $400.000, tendrán una mejora nominal de ingresos de 7,5% en agosto y 7,5% en septiembre, casi 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada para ambos meses (de 25%).
Y si bien para quienes cobran $200.000 será de 30%, quedarán por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo. Otro tanto ocurre con los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo de $87,500 mensuales, que con el refuerzo por un máximo de $37.000 a abonarse en septiembre, octubre y noviembre lo llevará a $124.500. Una cifra que no alcanza para vivir razonablemente y mucho menos si alquilan vivienda.
Más extraño es el esquema de dos bonos de $12.500 por mes para el personal de casas particulares que ganen menos de $387.500, ya que el Estado reintegrará 50% al empleador si tiene ingresos inferiores a $1.500.000 mensuales. Un subsidio a la clase media para arriba similar al del Plan Viaje 5.
Entretanto, el congelamiento de los precios de combustibles y de las tarifas de colectivos y trenes son resortes apretados que después de las elecciones se van a soltar.
Sin comicios de por medio, Sergio Massa ensayó su propio plan “Platita II” en octubre de 2022, con refuerzos de ingresos, congelamientos y Precios Justos, que sólo sirvió para que la inflación del año último se ubicara en 98% y el gobierno celebrara que no llegó a los tres dígitos como ahora. En “Berretalandia” todo es posible.
