La Argentina, como sucede en un barco que está al borde del naufragio, entró en los últimos días en modo supervivencia a la espera de un nuevo gobierno. La economía implosiona lentamente –el dólar oficial a enero ya cotiza a $722–, a medida que empiezan a agrietarse los parches que desde hace meses mantienen la actividad a flote. Son días de incertidumbre extrema, en los que algunas empresas experimentan algunos de los escenarios más temidos (con paradas de planta, derrumbes en las ventas o conflictos salariales), mientras que otras compañías (o sus dueños) aprovechan para acercarse a aquellas figuras que les garantizan la salvación. Son tiempos del “sálvese quien pueda”.
La demora en la aprobación de permisos de importación, SIRA, y la reprogramación de pagos al exterior está resintiendo las cadenas de producción. A diferencia de otros momentos, con un gobierno débil y un candidato del oficialismo que después de las PASO perdió gran parte de su capital político, muchas industrias ya ni se preocupan por ocultarlo. Prácticamente, no hay sector que no tenga problemas: automotrices y fabricantes de calzado deben parar plantas por falta de insumos, mientras que las farmacéuticas y las alimenticias alertan públicamente por la escasez de materias primas. Hay ejemplos en todos los rubros, y no hay quien vislumbre soluciones en el corto plazo. Más allá de las intenciones del Gobierno por sostener la actividad, no hay dólares en el Banco Central (BCRA) para ofrecer. Por eso, muchas empresas que participan del programa de Precios Justos del Gobierno no se están apresurando para firmar nada: no creen que el Gobierno vaya a cumplirles la promesa de facilitarle el acceso a las importaciones si no suben precios. (Otras, como algunas petroleras, directamente cumplen el pacto a medias: no más basta irse a poco más de 100 kilómetros de la Capital Federal para encontrarse con varias estaciones de bandera amarilla y roja que venden nafta en cuotas, no más de 20 litros por auto).
Dólar hoy: el blue y los financieros cerraron agosto con el alza porcentual más alta en cuatro años
Y tienen buen olfato. Quienes conocen en detalle las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconocen que, como parte del acuerdo con el organismo de crédito, se decidió reperfilar gran parte de los pagos previstos para estas semanas, para así poder acumular algo de dólares en las reservas de cara a la elección de octubre. La otra opción en la mesa de negociación era devaluar todavía más el peso, algo inaceptable para la política. Así, en agosto, el BCRA sumó US$1270 millones a sus arcas, una millonada para una entidad que tiene números en rojo. Ya no habrá hasta noviembre quién nos auxilie: el Fondo no tiene previsto nuevos desembolsos y China probó no ser tan generosa con sus yuanes. La Argentina deberá navegar los próximos meses sin esperar ningún tipo de asistencia.
En algunos casos, el Gobierno ni siquiera contacta a las multinacionales. Pese a haber anunciado hace más de 10 días un acuerdo con los laboratorios nacionales para contener los aumentos de precios en un 5% mensual, a las compañías de capital extranjero nunca siquiera se las convocó para avanzar en una negociación. La realidad es que ya antes de anunciar el acuerdo de precios, todos los laboratorios ya habían retocado al alza sus precios. Pero hay quienes ven en la discriminación de los laboratorios extranjeros otro mensaje.
Nada en la industria farmacéutica ocurre por azar. Quienes conocen de cerca el negocio se sorprendieron esta semana con el anuncio de la inauguración por parte del Gobierno de una planta pública para la producción de principios activos, en el marco del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Los laboratorios nacionales hoy importan de India y de China gran parte de los ingredientes farmacéuticos que usan para la fabricación de medicamentos que después venden en el mercado local.
Hay, en varias áreas del Gobierno, apuro por avanzar en temas que hace tiempo están en gateras. Nunca es tan eficiente el Estado como cuando se anticipa un cambio de signo político. Un ejemplo es el de la licitación del espectro 5G, que presentó esta semana el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Es un proceso que ya se anticipaba polémico, sobre todo por la fuerte participación que se le daba en los pliegos a la estatal Arsat. Las tres principales operadores advirtieron que impugnarán la licitación. Las miradas no están tanto en la empresa estatal, sino en los privados que podrían llegar a incorporarse para colaborar en la gestión del espectro que se le otorgaría a Arsat. Siempre hay amigos del poder dispuestos a auxiliar empresas estatales excedidas en sus funciones.
Pero no es el único ejemplo, los hay en prácticamente todas las áreas. Las empresas distribuidoras de gas se sorprendieron esta semana cuando empezaron a recibir convocatorias del Ente Regulador del Gas (Enargas) para presentar antes del 15 de septiembre su plan de inversiones para los próximos cinco años, y así proceder a la revisión de sus tarifas. El marco regulatorio de la industria prevé revisiones tarifarias quinquenales, mediante las cuales se establecen planes de inversión obligatorios. Desde las privatizaciones, la Argentina tuvo un solo proceso de revisión quinquenal; el segundo, en 2001, quedó trunco tras la salida de la convertibilidad. Recién de la mano del gobierno macrista se realizó una nueva revisión por cinco años, pero en 2019, en plena campaña presidencial, se incumplió cuando se congelaron las tarifas. El gobierno de Alberto Fernández, con la excusa de la pandemia, sostuvo el congelamiento, pero por DNU fijo diciembre de 2023 como fecha límite para tener terminada una revisión integral de las tarifas. “Acá hay funcionarios que no quieren tener problemas judiciales si cambia de gobierno, por no haber cumplido con las normas. Una revisión tarifaria bien hecha, lleva dos años”, resumió un hombre del sector. “Hay que planificar la demanda, hablar con los gobernadores, saber cuáles serán sus planes de obra, para entender cómo va a hacer la demanda de red; evaluar innovaciones, ¿a qué precio de dólar cotizamos el gas para hacer proyecciones?, etc. No es un proceso de 15 días, es imposible. Lo que surja de acá será una paparruchada”, adelantó.
A medida que se reconfigura el mapa político, también se acentúan las internas en el oficialismo. El presidente Alberto Fernández no tendrá peso en la campaña, pero todavía hace mella en la gestión, y no necesariamente en favor de sus socios en la coalición. Quienes conocen de cerca el mercado financiero vieron la mano de Fernández en la decisión del BCRA, la semana pasada, de eliminar el beneficio que tenían las casas de cambio de operar por fuera del sistema electrónico, Siopel, para hacerse de dólares oficiales en aquellas operaciones que no superaran los US$800.000. Hace meses que un puñado de casas de cambio estaba aprovechando el hueco para, de la mano de un banco nacional, hacerse de divisas que luego ofertaban en el blue. Algún que otro malicioso desliza que la operación no se hacía sin la venia de Economía. De ser así, sería un negocio menos para algún experto en mercados regulados.
Entre los empresarios, sin embargo, el fenómeno Milei no deja de provocar desconcierto. Lo ven ganador, pero la realidad es que pocos logran llegar a él, a diferencia de lo que sucede con Patricia Bullrich o su nuevo vocero económico, Carlos Melconian, de cuya presentación en Córdoba participaron referentes de la talla de Sebastián Bagó o Marcos Brito.
Son contados los nombres que confiaron en Milei desde un comienzo: Sebastián Braun, Cristiano Rattazzi, Eduardo Elzstain (que hasta se acercó al búnker de Milei en el Sheraton el día de las PASO) o Eduardo Eurnekian, entre unos pocos. Si bien el entorno del economista se muestra receptivo con el empresariado, pero el candidato presidencial se da el lujo de ignorar hasta las billeteras más grandes. El dueño de una de las principales empresas del país puede dar fe. Quien acuñó la palabra “empresaurios” para referirse a los hombres de negocios que avanzan de la mano del Estado tiene una relación distante con el círculo rojo. “Le incomoda el círculo rojo”, reconoce uno de sus economistas de confianza.
El problema es que quienes tienen que tomar decisiones de inversión que afectan a miles de familias no encuentran muchas veces en el entorno del candidato las respuestas a las preguntas que formulan. “¡Ah!, eso no sé. Está en la cabeza de Javier”, responden habitualmente. Las dudas con respecto a la ejecución del plan Milei siguen intactas, pese a que hay un peronismo noventista que poco a poco parece acercársele para ofrecer su ayuda, y hay quienes se ilusionan con un desembarco futuro de Mauricio Macri. La Argentina es un barco que naufraga, sin botes salvavidas señalizados.
