Por primera vez en más de 90 años de historia desde su fundación en 1929, y debido a la falta de soja para procesar por la sequía, la cerealera Vicentin anunció que parará sus plantas de molienda de la oleaginosa ubicadas en el sur de Santa Fe. La agroexportadora, que está en concurso de acreedores por más de US$1500 millones, tendrá sus plantas de Ricardone y Puerto Vicentin, cercanas al Gran Rosario, sin actividad por un período de seis meses, según indicaron fuentes de la compañía, que también admitieron que la medida se tomó por las dificultades derivadas de la demorada homologación judicial de la propuesta de pago. En esos establecimientos la firma posee 850 empleados que, pese a no trabajar, seguirán cobrando su sueldo.
“Hoy es el último día en que las plantas van a estar operativas hasta volver a tener disponibilidad de soja, que puede ser febrero del año que viene. Es un cierre programado muy importante, el personal ingresa en guardias pasivas. Esto implica que cobran el 100% del salario, pero se quedan en sus casas”, dijo a LA NACION Estanislao Bougain, director independiente de la firma.
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Según el directivo, un cierre de esta magnitud es algo que “nunca ocurrió”. Desde hace al menos cuarenta años, dijo, las operaciones se detienen durante un período de 30 a 40 días al año para hacer labores de mantenimiento. Por la sequía de los últimos tres años, este período se prolongó a dos meses. Ahora, dada la conjunción de ambos sucesos, esto es la sequía y la demorada homologación del concurso por parte del juez Fabián Lorenzini, la parada se extenderá por seis meses.
La cerealera está a la espera de que Lorenzini resuelva sobre si homologa la existencia de acuerdo y concede la salida del concurso. A mediados de abril pasado certificó la existencia de conformidades. La cerealera había presentado una propuesta a 12 años que incluye un fideicomiso con tres interesados estratégicos: Bunge Argentina, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que se quedarían con el manejo del 95% de la empresa, mientras que los accionistas de Vicentin con el 5%.
Esta mañana, Bougain y el gerente de Operaciones, Daniel Buyatti, se reunieron con jefes, delegados y algunos operarios para explicarles la situación. Eran unas 50 personas. “En vista de una parada tan larga, yo quería estar presente para decirles que van a volver a sus puestos de trabajo, que confiamos en tener la homologación y que todo depende de eso. Que mediante la homologación vamos a reabrir inmediatamente tan pronto haya grano para procesar”, señaló Bougain.
Las plantas que momentáneamente se apagarán son, por un lado, la de Puerto Vicentin, ubicada sobre el río Paraná, con dos líneas con capacidad de procesamiento de 10.000 y 6000 toneladas diarias, respectivamente. Por otra parte, se encuentra la planta de Riardone donde principalmente se procesa girasol, aunque se suele completar con soja.
La firma venía trabajando a fasón, es decir, con servicios a terceros. Tanto los granos que diariamente ingresaban a las plantas para ser procesados como los productos que se elaboran (harina y aceite) pertenecen a otras compañías. Sin embargo, la sequía complicó la situación y se dificultó conseguir más contratos a fasón por la falta de granos frente a la caída de más del 50% de la producción argentina de soja.
Según detallaron desde la cerealera, al final del año de soja habrán procesado aproximadamente un 30% de lo que solían manejar en un año normal, que oscilaba entre 4,5 y 5 millones de toneladas.
En 2023 se podría completar el procesamiento anual con unas 750.000 toneladas de soja. De esto, un 90% es grano importado de Paraguay y, en su mayoría, de Brasil. Es mercadería ingresada por Molinos Agro, Bunge, la Unión Agrícola de Avellaneda y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Dentro de esto no se incluye la planta de producción Renova, que es la más grande de Sudamérica, de la cual Vicentin es propietaria del 33%, en tanto el 66% restante pertenece a Viterra. Vale recordar que, en medio de sus dificultades, la agroexportadora cedió participación a Viterra.
Asimismo, el Nodo Norte, en el norte de Santa Fe, donde hay una planta de etanol, seguirá con sus operaciones. Debe seguir produciendo ese biocombustible para pagar la deuda de Vicentin con el Banco Nación, originalmente de US$300 millones.
“Estamos muy justos y preocupados. La homologación traerá la tranquilidad que necesitan nuestros acreedores, nuestros trabajadores y todas las partes relacionadas a Vicentin”, dijo Bougain. En ese sentido, explicó que los contratos vinculantes firmados con los tres interesados estratégicos establecen que, después de la homologación, se les transfiere la totalidad de los costos fijos y variables, independientemente de si procesan o no el grano.
“Por eso es tan importante la homologación, porque una vez que la tengamos los interesados estratégicos van a poder ayudar a sostener la empresa, es muy poco lo que nos falta para dar la vuelta y comenzar la próxima campaña”, comentó.
Últimos avances de la causa
Hace dos semanas, en una audiencia llevada a cabo en los Tribunales Federales de Rosario, el juez en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, Román Lanzón, revocó una medida presentada por el juez Hernán Postma, que había ordenado a su colega Lorenzini, quien está a cargo del caso de la cerealera en los tribunales de Reconquista, abstenerse de tomar decisiones en relación a la homologación de la propuesta de pago.
Tras esta medida, quedó claro que el juez Lorenzini, que está a cargo de la causa desde su inicio, “sigue teniendo potestad” para continuar con el proceso concursal y –además- tomar las determinaciones que considere o entienda apropiadas en el marco de dicho trámite.
