Jueces argentinos que participaron de un foro internacional denunciaron avances sobre la independencia judicial en el país y señalaron que esas maniobras apuntaron a mejorar la situación de Cristina Kirchner y sus exministros en las causas por corrupción por las que ya fueron condenados o que siguen bajo investigación.
Así lo expuso el juez jubilado Miguel Caminos y su colega Marcelo Gallo Tagle, expresidente y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, respectivamente, al participar de la presentación del “Diagnóstico sobre la situación de la Independencia Judicial en la Argentina” elaborado por la Cyrus R. Vance Center for International Justice, de Nueva York, y la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad.
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Ese trabajo describe a la Justicia nacional argentina y sus mecanismos de designación de magistrados, pero se detiene especialmente en señalar la situación del juez Germán Castelli, que denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que quieren apartarlo del tribunal oral que integra, donde recayó la causa de los cuadernos de las coimas, donde Cristina Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita.
Castelli es uno de los jueces trasladados durante el macrismo a ese cargo, antes de que le llegara el caso contra la vicepresidenta. La Corte falló que todos los jueces trasladados deben retornar a sus cargos de origen cuando se llame a concurso para cubrir los que ocupan actualmente, y Castelli denunció que sólo avanza el concurso para correrlo a él de su cargo, junto con los de Lepoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes transitan una situación similar, pero no se realizan los concursos por el resto de los jueces trasladados.
“El actual presidente de la Nación [Alberto Fernández] luego de pronunciarse públicamente por la inocencia de su compañera de fórmula [Cristina Krichner], inició en 2020 la destitución del juez Castelli a través de una maniobra coordinada con un pedido formal de revisión de traslados a través de su representante, que fue aprobado por el mismo Consejo de la Magistratura”, dice el informe que preocupó al Relator Especial sobre Independencia de Jueces de la ONU.
El informe señala que “la criminalización de jueces como mecanismo de intimidación es excepcional, en todo caso es más común que se los denuncie ante el Consejo de la Magistratura. La recepción de denuncias contra jueces es constante en la mesa de entradas del Consejo de la Magistratura, aunque en su gran mayoría son desestimadas”.
El exjuez Caminos, al comentar el diagnósticos del Vance Center, señaló que es insuficiente. El expresidente de la Federación Latinoamericana de la Magistratura dijo que la reforma de la ley de jubilación de los jueces, al considerarlos privilegiados, o la presión para que paguen el impuesto a las ganancias, es parte de una “maniobra para desprestigiar a la Justicia frente a la opinión pública, para decir que estamos de espaldas al pueblo”.
“Todos estos ataques a la independencia judicial se deben a la investigación de los delitos y condenas contra la vicepresidenta y los distintos funcionarios que la acompañaron. Todo está vinculado con este tema”, dijo Caminos.
Señaló que la independencia se basa en la estabilidad de los jueces y en la intagibilidad de sus ingresos.”Se podría decir que con estas garantías, en Argentina el juez no es independiente porque no quiere. Pero no es así. No se han gozado de estas garantías en Argentina en los últimos tiempos”.
Dijo que los gobiernos populistas tratan de sostener que la Justicia debe responder a la posiciones mayoritarias de la población y que los fallos deberían ajustarse a esos lineamientos, y puso como ejemplo de la criminalización de los jueces el proceso de juicio político en marcha contra la Corte Suprema.
Destacó asimismo lo inusual de la situación de la jueza Ana María Figueroa, quien permanece en su cargo después del límite de 75 años que impone la Constitución y sin un nuevo acuerdo del Senado. “Si lo obtiene, sus fallos van a estar alineados con el interés de quienes abogaron por ese acuerdo y eso daña la independencia del Poder Judicial”, dijo.
Le sucedió en la exposición el actual presidente de la Asociación de Magistrados, Gallo Tagle, que enumeró como condicionantes de la independencia judicial el juicio político contra la Corte, los intentos de modificar el numero de sus integrantes, hasta proponer 25 miembros, las reformas de las leyes que regulan la actividad de los fiscales y el Procurador, para facilitar su elección sin las mayorías calificadas necesarias o para facilitar su remoción en caso de que no dictamine de acuerdo con las necesidades del poder.
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Gallo Tagle rechazó las críticas que advierten la falta de una política de género en la Justicia y puso como ejemplo que en lo que hace a la designación de empleados y funcionarios del Poder Judicial, un 60% son mujeres. Pero cuando se incluye en la estadística a los jueces, elegidos de una terna por el Poder Ejecutivo, no se respeta esta paridad.
“En la Cámara Nacional Electoral, integrada por dos jueces hombres, había una vacante y una mujer fue la primera en la terna por haber ganado el concurso, pero el Poder Ejecutivo eligió al tercero de la terna que era un varón. Con esto no tengo nada más que explicar”, dijo.
