La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, confirmó que el Gobierno dispuso el pago de un bono extraordinario solo para los jubilados que cobran el haber mínimo. El refuerzo mensual, que se cobrará con los haberes de septiembre, de octubre y de noviembre, será de $37.000, un monto mayor en $10.000 respecto del que se había anunciado, para esos mismos meses, pocos días antes de las PASO, cuando se comunicó que la recomposición de todos los ingresos previsionales por la aplicación del índice de movilidad será de 23,29%. La decisión de aumentar el importe se dio por los efectos inflacionarios de la devaluación del peso, decidida por el ministro de Economía, Sergio Massa, e instrumentada en la mañana posterior a las elecciones.
La decisión del Gobierno de compensar, ante la pérdida de poder adquisitivo, solo a un grupo de jubilados, provoca un agravamiento de las distorsiones que ya se vienen dando en la pirámide de ingresos, sobre todo desde hace un año y en desmedro de quienes más aportaron al sistema. Hasta el actual mes de agosto los pagos extras se previeron para quienes tienen ingresos de hasta el haber mínimo multiplicado por dos. Lo ahora dispuesto implica que un grupo de jubilados que hasta ahora tenían refuerzo, ya no lo recibirán.
Por su parte, el jefe de la AFIP, Carlos Castagneto, afirmó que el beneficio de la devolución de una parte de lo abonado con tarjeta de debito, por hasta $18.000 mensuales, alcanzará a los jubilados y pensionados que perciban hasta tres veces el haber mínimo. Y, al referirse a esa variable, sostuvo que con el refuerzo de $37.000 anunciado, el monto de ese ingreso queda en $124.836, con lo cual dio a entender que la condición para acceder al reintegro “de parte del IVA” será tener ingresos no mayores a $374.508 en bruto, por mes.
Días antes de las PASO se comunicó una recomposición, a concretarse en septiembre, de 23,29% para las jubilaciones y pensiones del sistema previsional general de la Anses. Es, en rigor, el reajuste que se deriva de aplicar la fórmula de movilidad establecida por la ley 27.609, que determina que el Estado debe concretar aumentos con frecuencia trimestral. Esas subas van quedando, en los últimos tiempos, muy por debajo de la inflación.
La aplicación del 23,29% lleva a que, desde el inicio de este año, el aumento de haberes acumule un 74,5%, en tanto que se estima que, a septiembre, los precios medidos por el Indec tendrán un avance no menor a 90% y que, a noviembre (mes en que seguirán vigentes los mismos haberes jubilatorios) la inflación acumularía -desde enero- al menos 120%.
Para quienes no reciben bonos mensuales de refuerzo (que son una política continua desde hace un año, surgida de la insuficiencia de la movilidad), la caída del valor de los haberes en términos reales llegó en siete meses (a julio) a 11,7%. Ese es, también, el nivel de pérdida que sufrieron en igual período otras prestaciones, como la AUH o las asignaciones por hijo que percibe un grupo de trabajadores formales y monotributistas (en este último grupo hay quienes, en realidad, tuvieron caídas bastante mayores, de hasta casi 36%, porque dejaron de recibir bonos que cobraban en 2022).
En el período de los primeros siete meses del año, incluso los jubilados de la mínima tuvieron una pérdida de sus ingresos en términos reales, ya que la inflación acumuló un 60,2% y la suba nominal para quienes perciben el haber básico (considerando los refuerzos de cada momento) fue de 46,3%. Eso se traduce en una baja del valor de compra de 8,7%.
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