En medio de la crisis económica que afecta al país y con la intención de avivar la campaña del oficialismo luego de la sorpresa de las PASO, el Gobierno lanzará desde mañana medidas para paliar la inflación y mejorar el consumo, entre otros beneficios, y regímenes especiales que esperan alentar las exportaciones y la actividad económica.
Esta tarde, en el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, fue el anfitrión de un grupo de funcionarios que le dieron el visto bueno a la batería que se conocerá desde mañana. Estuvieron, entre otros, el titular de la Aduana, Guillermo Michel; el director de la AFIP, Carlos Castagneto; Juan Manuel Olmos, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y su par de Trabajo, Kelly Olmos.
Las medidas, contaron en Economía sin detalles, “incluyen a trabajadores y jubilados”. Habrá créditos para pymes, beneficios de rebajas impositivas a empresas que acuerden sendero de precios, regímenes de promoción de exportaciones para economías regionales, pymes y cerealeras con valor agregado “para reforzar reservas”, y créditos para consumo y tasa subsidiada para bajar deuda a empresas, dijeron en el quinto piso del Palacio de Hacienda luego del encuentro.
La letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el llamado staff report que se conoció el viernes por la tarde, aseguraba que si el Gobierno se mantiene dentro de los objetivos del déficit estimado (1,9% del producto bruto interno), se permitirán aumentos a la Asignación Universal por Hijo (AUH), mejoras en las asignaciones familiares y en la Tarjeta Alimentar. Todo, indicó el Fondo, para paliar los efectos de la devaluación.
Ya el ministro de Economía había dicho en Washington que, desde el viernes, pasado, iban a comenzar a anunciar medidas para mejorar el poder adquisitivo de los argentinos, fuertemente golpeado por la elevadísima inflación. Las consultoras privadas, por caso, espera una suba de precios anual de entre 140% y 170% para este año.
Luego de la devaluación que impulsó el Gobierno tres semanas atrás, los alimentos subieron en la tercera semana de agosto hasta 8%. La carne, que ya había pegado un salto en el último tramo de julio, avanzó en lo que va del mes un 50%. Según el Fondo, la inflación para todo el año llegará a 120% dependiendo del traslado a precios del salto del dólar.
Las subas de las jubilaciones, en tanto, acumularían en nueve meses del año alrededor del 74% contemplando el último aumento anunciado, muy por debajo de la inflación estimada, que podría llegar al 90% en el mismo período.
Por otra parte, la caída de la actividad -muy afectada por la sequía histórica- sería de 2,5% del producto, según el FMI, pese a que las consultoras privadas son menos optimistas con la estanflación, que podría ser de 3,3% del PBI.
El Gobierno viene trabajando con las empresas en acuerdos de precios de con un sendero de 5% mensual por 90 días. Las empresas se quejaron públicamente diciendo que el Ministerio de Economía, a través de la unidad especial de negociación que dirige Guillermo Michel, presiona al sector privado para que absorba el costo de la devaluación. De hecho, la Secretaría de Política Económica, que dirige Gabriel Rubinstein, publicó semanas atrás un informe en el que señaló que las empresas aumentaron sus márgenes de rentabilidad en la necesidad de cubrirse ante las expectativas de devaluación y la fuerte incertidumbre que existe con los costos de reposición en los diferentes sectores de la economía.
Duro diagnóstico del Fondo
En su reporte elaborado por los técnicos que siguen el caso argentino, el Fondo criticó un “rápido” crecimiento real de la masa salarial en el primer semestre. Fue de 7% interanual. “Será fundamental garantizar que los aumentos salariales en los próximos meses sean limitados y consistentes con un aumento real anual general de como máximo un 3%”, indicó el FMI. Luego aclaró que “dados los desfases en el primer semestre de 2023, lograr este objetivo anual implicará importantes ajustes, con una disminución real en la masa salarial de alrededor del 5% interanual durante agosto y diciembre”.
Por otra parte, sobre los jubilados, el FMI aseguró que se seguirá con la misma fórmula de indexación de los haberes, que ya les hizo perder poder de compra. Avalará la estrategia de bonos a los de haberes más bajos, como ya sucede, e informó que solo 130.000 de los 800.000 elegibles para la última moratoria pidieron el beneficio (60.000 comenzaron a cobrar en junio y julio). Sobre las tarifas, se prevén aumentos en las facturas de la luz a partir de agosto -se verán en las facturas de septiembre- a los usuarios de segmentos bajos y medios para lograr le objetivo de bajar medio punto del PBI.
En ese escenario, será un desafío para Massa, en medio de las elecciones que agregan incertidumbre, ajustar el gasto desde agosto a diciembre un 11%, contener las importaciones y, al mismo tiempo, mantener vivo el consumo y el poder adquisitivo de los argentinos. En ese fino equilibrio, debe cumplir con las metas de ajuste fijadas con el Fondo.
En tanto, las exportaciones argentinas se desplomaron en lo que va del año casi un 24%, más que las importaciones, aunque estas también cayeron fuertemente. De hecho, muchas empresas seguían fuertemente afectadas por los reperfilamientos del pago de las SIRA o el apagón del CEF, ambas estrategias para frenar las compras al exterior. Como también lo fueron la devaluación fiscal de fines de julio y la registrada post PASO. El Fondo espera que las importaciones caigan un 30%. Esta situación hizo crecer la deuda comercial de las empresas en US$10.000 millones, según el Fondo.
Las empresas que busquen mejorar las importaciones, ya lo saben, deben sumarse a los Precios Justos. El Gobierno señaló semanas atrás que prepara un decreto con beneficios fiscales, entre ellos, la exención del pago del Impuesto PAÍS a las importaciones o la posibilidad de aplicar certificados de no retención de IVA, entre otros, como una posible baja de retenciones. Las empresas cuestionan incumplimientos con las garantías previas para mantenerse en el programa (acceso al dólar oficial), y denunciaron que sus costos aumentaron alrededor de 32% en las últimas tres semanas.
