Parece increíble, pero Sergio Massa y Agustín Rossi –candidatos de la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UP)– ni siquiera mencionaron a la galopante inflación de dos dígitos mensuales como el problema más dramático de la Argentina en sus exposiciones ante el Consejo de las Américas, que el jueves congregó a buena parte del establishment empresarial en el hotel Alvear Palace.
Este negacionismo no sólo pone de relieve la notoria ausencia de algo que se parezca, al menos, a un plan estructural para enfrentarla. Indica además que, tras el salto cambiario de 22% después de las elecciones, el oficialismo optó por la táctica coyuntural de achicar daños –vía aumentos nominales de salarios, refuerzos de jubilaciones, planes sociales y dudosos controles de precios–, a costa de agregar más combustible a la actual llamarada inflacionaria en los próximos meses. Casi un calco del Rodrigazo de 1975, incluso en los porcentajes de ajuste salarial en la reapertura de paritarias de los gremios con mayor capacidad de presión política.
Otro divorcio político ante los estragos de la inflación, que apunta a 140/150% interanual, fue el voto en contra de la bancada de diputados kirchneristas a las modificaciones introducidas por la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) en la intervencionista ley de alquileres sancionada en 2020, pese al generalizado consenso de que perjudicó a inquilinos y propietarios al desplomar la oferta de viviendas y distorsionar el mercado inmobiliario. De ahí que el reducido bloque de La Libertad Avanza (LLA) rechazara el proyecto para impulsar una improbable derogación de la ley. Aun así, resulta inexplicable la extensa demora legislativa en acortar a dos años el plazo de los contratos y su ajuste cada cuatro meses, que ahora deberá pasar por el escollo de la bancada K en el Senado.
Ante el auditorio del Alvear, Patricia Bullrich pareció reponerse del shock provocado por su inesperado segundo puesto en las PASO. Allí fue la única candidata que esbozó algunas medidas concretas como parte de su plan de cambiar el régimen económico si accediera a la presidencia. “Queremos un capitalismo de reglas y no de amigos”, afirmó.
Entre ellas, anticipó que su primer presupuesto nacional tendrá déficit cero y encabezará “el gobierno más austero que recuerde la República Argentina”. También una nueva carta orgánica del Banco Central, “con prohibición de cepos y de emisión monetaria para llevarle dinero al Estado, que actúa como un Pac-Man que devora todo”.
De todos modos, el Pac-Man mencionado por Bullrich tiene una analogía con el impuesto inflacionario, a cuyo efecto no aludió explícitamente ningún candidato: dificultará enormemente la corrección de atrasos en los precios relativos (tipo de cambio oficial, tarifas de energía y transporte, combustibles, precios regulados, salarios, jubilaciones) que requiere como paso previo cualquier plan de estabilización y augura una inflación alta para el arranque de 2024.
Una propuesta llamativa de la candidata fue mejorar las tarifas de energía en términos reales y congelar los impuestos “colgados” en las facturas para atenuar su impacto sobre los consumidores. Y otra, “terminar el primer día (de gobierno) con las retenciones” a la exportación agropecuaria para colocar a la Argentina a la altura de sus países vecinos. “Los derechos de exportación sólo generan desaliento en el campo para invertir”, sentenció. La eliminación sería instrumentada a cambio de un sistema de bonos a cuatro años de plazo comercializables en mercados de futuros y de crédito fiscal. Aun así, como la retención es pagada por el exportador y no por el productor, implicaría endeudar al Tesoro.
También Bullrich prometió desregular la economía mediante la derogación de leyes que obstaculizan la inversión y la creación de empleos, así como no generar una apertura económica hasta que bajen los costos de origen estatal. En este caso mencionó la modernización de los sistemas de juicios laborales, de indemnización, la baja de cargas sociales para que las pymes puedan contratar personal en blanco y la eliminación de la incompatibilidad entre los planes sociales y el trabajo asalariado. ” En cuatro años vamos a cambiar los planes sociales por trabajo formal, con la capacitación de 3,5 millones de personas”, dijo.
Si bien Bullrich fue la más aplaudida y recibió además el explícito apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, no pocas entidades empresarias ocultan su decepción por considerar que la áspera interna privó a Juntos por el Cambio de imponerse en las PASO. La candidata podría remontar cuando en los próximos días muestre su principal activo: la integración del amplio equipo de economistas de distintas vertientes de JxC, que desde hace meses vienen trabajando en un plan de estabilización y crecimiento económico basado en reformas legales e institucionales, como la habilitación del uso de dólares en los contratos. Pero para eso deberá esperar hasta el lunes el regreso del viaje a los Estados Unidos de Carlos Melconian, quien desde la Fundación Mediterránea lideró el diseño de un programa similar y compatible con los mismos objetivos.
Por su lado, Javier Milei no se privó de varias sobreactuaciones. Explicó que su plataforma incluye tres generaciones de reformas para un lapso de 35 a 50 años que, a la manera de Juan Bautista Alberdi, requerirán bases para una Argentina distinta.
En la primera incluyó la reforma del Estado para bajar gastos, impuestos, eliminar 70.000 regulaciones y reducir el número de ministerios a ocho, entre los cuales calificó como revolucionario al de Capital Humano (Niñez y familia, Salud, Educación e Integración al trabajo) porque explica 70% del crecimiento.
También terminar con la inversión pública y reemplazarla por un régimen de iniciativa privada como en Chile, incluyendo en los contratos una tasa interna de retorno relacionada con el capital; privatizar empresas públicas; eliminar las transferencias discrecionales a las provincias; las jubilaciones de privilegio y los subsidios económicos a las empresas. A ello sumó la modernización de la legislación laboral y un seguro de desempleo para que 8 millones de trabajadores informales pasen a la formalidad con mejora de su salario real.
“Si no se puede dolarizar y cerrar el BCRA, vamos a forzar un sobreajuste fiscal para que le duela a la política. Hay que corregir la rigidez laboral con leyes y no con emisión. Nadie quiere tener pesos”, sentenció.
En cambio Sergio Massa, al regreso de su viaje a Washington y Asunción habló en la sede de la Cámara de Comercio más como ministro que como candidato presidencial.
Explicó que el capítulo con el FMI está cerrado hasta noviembre, que la devaluación del peso en 20% fue una imposición del organismo y que el desembolso de US$7500 millones, más el ingreso de US$2000 millones por el dólar maíz, permitirán importar insumos hasta el ingreso de la próxima cosecha. Y aunque admitió no simpatizar con los tipos de cambio múltiples (“a veces hay que hacer lo que se puede y no lo que se debe”, dijo), anticipó una simplificación y ordenamiento del dólar de importación vía reducción de impuesto PAIS.
Sin esbozar ningún tipo de plan económico, sólo se puso el traje de presidenciable para confrontar sobre la relación con China y Brasil con Milei, aunque éste afirmó que comerciar con esos países depende del sector privado y no del Estado.
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