En abril pasado, Patricia Bullrich apuntó en su propuesta para el campo que “las retenciones son un mal impuesto”, por lo que comenzaría desde el día cero de su eventual gobierno una reducción del 3% por año hasta eliminarlas. No obstante, en las últimas horas, advirtió que su equipo analizaba “una tasa de sustitución” de la alícuota por el Impuesto a las Ganancias, una idea similar a la que propuso el precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, pero que se haría “a cuenta” de este gravamen. Según los analistas consultados por LA NACION, ambas ideas son factibles a través de un crédito fiscal, pero el Estado se convertiría en el gran perdedor y exacerbaría el déficit. Además, alertaron que es “de improbable beneficio para el productor”.
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Santiago Sáenz Valiente, contador y socio fundador de SSV y Asociados, señaló que el Impuesto a las Ganancias es coparticipable mientras que las retenciones no lo son, por lo que “no es equivalente a una cosa de la otra”.
“No se puede seguir sustituyendo impuestos. Hay que lograr una reducción relevante del gasto público, porque hay que hacerlo. El problema es que los impuestos no cumplen con ninguno de los principios tributarios constitucionales. Es un daño muy grande a toda la economía. Y los derechos de exportación son una recaudación exclusiva de Nación, en cambio, el Impuesto a las Ganancias es coparticipable, pero justamente como a través de los derechos deportación se reduce el precio, en definitiva el ingreso por venta de grano, la propia liquidación de Ganancias también se reduce el monto a compartir entre las provincias”, explicó.
Dijo que a las provincias les queda aproximadamente un 48% del total de las recaudaciones coparticipables. Mientras que las retenciones no son coparticipables, aunque hay un 3% de la soja, indicó, que sigue yendo al fondo solidario de la soja creado por Cristina Kirchner.
“No existen en ningún lugar del mundo las retenciones ni las restricciones a las exportaciones y la Argentina sufre ambas cosas. Dentro de las propuestas serias que pueda llegar a hacer un partido de gobierno tendría que estar un programa de reducción progresiva, pero sin ningún tipo de reemplazo. No estoy de acuerdo que se reemplace un impuesto por otro. Esto es inaudito en una situación como la que estamos viviendo: los impuestos ya no se aguantan más”, añadió.
Los saldos a favor, indicó, son impuestos sin causa. “El fisco no los devuelve y si lo hace es con la tasa del 6% anual, por tanto, te toman el pelo. En el Impuesto a las Ganancias ya hay muchos pagos a cuenta establecidos, si nosotros decimos que no cobramos los derechos de exportación, pero cobramos en su lugar una flor de retención de impuestos a cuenta del Impuesto a las Ganancias, tenemos una distorsión en el impuesto concreto que le queda de saldo al contribuyente. Le va a quedar un saldo a favor enorme y no se lo van a devolver, además de distorsionar la coparticipación”, explicó.
Los derechos de exportación no se pueden sustituir por el Impuesto a las Ganancias porque es un impuesto sobre la renta neta, puntualizó. Por lo que el productor sufriría un “doble castigo” con la brecha cambiaria y las retenciones que destruyen al productor.
El economista y consultor en agronegocios, Ernesto Ambrosetti, explicó que ir contra el Impuesto a las Ganancias genera un sistema de crédito fiscal que puede usar el productor. “Los DEX se pueden usar contra el Impuesto a las Ganancias, es factible; técnicamente genera un crédito fiscal que se puede utilizar para descontar en el pago y anticipo de Ganancias”, analizó.
Esto, dijo, no obstante trae un problema más profundo si se generan cuestiones climáticas como sucedió este año con la sequía, donde no se tuvo cosecha ni ganancias. “Cuando los productores se enfrentan a una adversidad climática, no pueden utilizar ese crédito para el pago de Ganancias y se les genera un crédito permanente que genera de difícil recuperación. El productor allí es donde se ve afectado porque no puede utilizar los créditos hacia Ganancias”, señaló.
Además, mencionó que esto “no es beneficioso” para el Estado, porque este recauda sobre el volumen de producción de granos o de economías regionales exportables. “No se exporta el 100% de la producción, pero los productores sí producen el 100%, por tanto, el monto a devolver a la totalidad de los productores es superior a la recaudación que se realiza por los derechos de exportación, ahí se genera un mayor déficit fiscal. El Gobierno tiene que devolver más plata de la que recauda”, dijo.
La iniciativa se haría con un seguimiento a través de la plataforma SIO Granos y para hacer una devolución a los productores se discriminaría entre los que su mercadería se exportó o quedó para el mercado interno. “La devolución fiscal tiene que ser para todos los productores, si no no funciona. Pero esto no es lo que espera el sector agropecuario de los distintos partidos políticos. Lo ideal es la eliminación en las economías regionales y una baja progresiva para otros cultivos, hasta llegar a la eliminación total, que era la propuesta que estaba esperando el sector”, aclaró.
Sobre la propuesta del candidato Juan Schiaretti, explicó que esta es “muy lenta”. El candidato propuso eliminar el 25% al inicio de su eventual mandato para luego llegar a la quita completa en cuatro años. “Esa al menos tiende a una eliminación que es lo que se espera en el sector agropecuario”, explicó.
El especialista en temas tributarios del agro, Héctor Tristán, también se refirió a las iniciativas de Bullrich y Milei. Sostuvo que, en principio, hay un beneficio para el Estado porque está cobrando las retenciones, pero en el largo plazo lo que se hace es tomar un endeudamiento en el mercado local a quienes les den el certificado, en el caso de la propuesta de Bullrich, o “un ingreso a cuenta de Ganancias”, en el caso del proyecto de Milei.
“El otro tema complicado es que, dado al nivel de las retenciones, este anticipo a cuenta de Ganancias en el caso de Milei no podrá ser absorbido por los contribuyentes con su utilidad, porque un 33% en el caso de la soja sobre el valor [de exportación] es la ganancia de 5 o 6 años de un contribuyente. Esto desde el punto de vista matemático es complicado, pero desde el punto de vista coparticipable es cierto”, precisó.
Indicó que la complicación es la instrumentación, porque las ventas de granos van a estar enfocadas en el mercado interno y externo. “Con la exportación pagás los derechos de exportación y luego de firmar el boleto con el productor se emite un certificado por el tonelaje multiplicado por el valor FOB y la alícuota que corresponda al derecho. El tema es ¿qué pasa con el consumo? ¿Qué pasa si vendés el maíz a la actividad avícola o el trigo a un molino, qué ocurre? ¿Cómo arbitran los precios entre exportación y mercado interno? Es muy complicado para el productor, que hoy les cercenan el precio. Ahora tendría expectativas de cobro de una deuda que contrae el Estado, un Estado que es defaulteador serial y que luego tiene que ver cómo se actualiza”, reflexionó.
Según sostuvo, alarga el problema y no soluciona el tema de fondo. “Es de improbable beneficio para el destinatario que es el productor. El Estado cambia un ingreso que hoy es un impuesto por una obligación futura”, sintetizó.
