El foco de atención durante las semanas que se discutió el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes de Uruguay estuvo, en gran medida, colocado en el Plan de Salud Mental y Adicciones que impulsó el gobierno local, y en el tire y afloje de Cabildo Abierto para resolver finalmente dar los votos de respaldo al texto, a cambio de que en el Senado se discutan asignar unos $500 millones a las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, entre los centenares de artículos que los diputados votaron la pasada semana hubo dos en particular que pueden tener como consecuencia la salida del país de una multinacional en caso de que prosperen también en la Cámara de Senadores donde hoy ingresará formalmente el proyecto.
“Si la reforma propuesta se convirtiera en ley en su forma actual, el negocio de Spotify en Uruguay podría volverse inviable, en detrimento de la música uruguaya y sus fanáticos”, alertó la multinacional que brinda servicios de música en una carta enviada al ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, el 19 de julio y a la que accedió El País.
La advertencia se dio a partir de que el texto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento incluyera en sus artículos 284 y 285 modificaciones a la ley de derechos de autor. En especial el primero de ellos donde se agregó internet y las redes sociales como otros de los formatos por los cuales cuando se reproduzca música su intérprete tiene derecho a recibir una retribución. En el segundo se incorpora que “los acuerdos que celebren autores, compositores, artistas intérpretes o ejecutantes, directores y guionistas respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones audiovisuales generan, en todos los casos, el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación”.
En la misiva remitida al conocerse el proyecto de ley enviado por el gobierno Spotify advirtió que los cambios propuestos a la ley 9.739, la normativa que regula los derechos de autor, implicarían “un pago obligatorio adicional de los servicios de música” que se sumarían a los “miles de millones de pesos” que la empresa dijo ya estar pagando a discográficas y autores, lo que, en su opinión, “afectaría severamente la capacidad de invertir y brindar servicios a precios razonables para los consumidores”. “Estos cambios alterarían sustancialmente el entorno comercial de la música grabada e interferiría con la contratación privada. Pedir a las plataformas de streaming que paguen dos veces por el mismo contenido que ya ha sido licenciado por sellos discográficos resultará en pagos por duplicado injustos”, afirmó Spotify en la carta.
En la misiva, firmada por la encargada global de Asuntos Públicos, Dustee Jenkins, se califica de “muy preocupante” la modificación propuesta en la Rendición de Cuentas ya que “impone un pago adicional que los servicios de streaming tendrán que hacer a los artistas musicales en Uruguay” sin “contemplar ningún mecanismo para compensar ese monto de los costos de la adquisición de licencias ya existentes”.
En este sentido, la plataforma de origen sueco sostuvo que tanto a nivel global como local en Uruguay es líder por los ingresos que genera para los titulares de los derechos de música. “Hemos jugado un rol fundamental en revertir el declive de la industria de la música, la cual estaba plagada de piratería. Gracias al streaming, la industria musical en Uruguay creció un 20% solo el año pasado, en beneficio de artistas, compositores y aquellos que los apoyan”, remarcó la multinacional.
Sin embargo, sostuvo que “a pesar de la gran popularidad”, que indica tiene su servicio en Uruguay, aún no genera ganancias. “Al adquirir las licencias musicales necesarias para nuestro servicio, Spotify se queda con un margen bruto más bajo en comparación con el margen de las tradicionales tiendas de discos o las estaciones de radio. Con ese margen históricamente bajo, debemos cubrir los costos de operación de nuestro negocio, incluida la promoción del repertorio local y global, portales de datos y otras herramientas para que los artistas y sus equipos desarrollen nuevas audiencias dentro y fuera de nuestra plataforma, el desarrollo de recomendaciones personalizadas para los fans, y la inversión en nuestro equipo de música de primer nivel”, aseguró en la carta.
Según supo El País, este tema no está siendo analizado por el Ministerio de Educación y Cultura, pese a lo que tiene que ver con el derecho de autor. Tampoco lo está haciendo Presidencia, que pasó el tema al Ministerio de Industria. El País intentó ayer, sin éxito, comunicarse con el ministro Omar Paganini, quien deberá tomar una decisión.
