La devaluación que oficializó el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, al día siguiente de haber perdido las elecciones primarias activó una ola de pedidos de reapertura de paritarias. La presión para volver a negociar salarios en un contexto de alta inflación e incertidumbre la ejercieron desde gremios poderosos del sector privado, como Camioneros, Comercio y bancarios, hasta los estatales de ATE y los docentes agrupados en la Ctera. En paralelo, y por ahora de manera desarticulada, sindicatos alineados con el kirchnerismo y las dos vertientes de la CTA le exigieron al Gobierno una suma fija para los asalariados de 75.000 pesos, pero no lograron aún el respaldo en bloque de la CGT, que ve con buenos ojos el aumento de emergencia siempre y cuando no interfiera en el curso de las paritarias vigentes.
Después del golpe electoral y tras la decisión de devaluar, Massa dio por hecho que habría una mejora en el ingreso, aunque postergó cualquier definición hasta su regreso de Washington, adonde viajó para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tanto en el Gobierno como en la cúpula de la CGT no tienen detalles de la medida que el ministro-candidato tiene en carpeta, según informaron fuentes del Ministerio de Trabajo y gremiales a LA NACION.
“No nos oponemos a un esquema de emergencia siempre que se sostenga la libertad de las paritarias y que se defina un valor mínimo de ingresos a través de un bono variable según las necesidades de cada sector”, dijo a Clarín Héctor Daer, miembro del triunvirato de mando cegetista y el dirigente gremial que más cerca estuvo de Massa durante la campaña electoral previa a las PASO. De esta manera, se vuelve a abrir otra grieta interna en la central obrera peronista entre los que presionan por una suba salarial generalizada, como lo demandaron Pablo Moyano y Mario Manrique, y los que advierten que un bono por decreto podría alterar el curso de las paritarias.
Las dos vertientes de la CTA, cuyo núcleo principal de afiliados son estatales, se diferenció de la CGT y salieron en tándem a reclamar por un aumento de emergencia y generalizado.
“Ya no se puede seguir aceptando los condicionamientos del FMI ni las conductas antisociales de los especuladores. La CTA de los Trabajadores considera crucial que el Gobierno implemente un aumento uniforme mediante una suma fija que no puede ser inferior a $75.000 para todos los asalariados del país, sin excepciones. Para esto es imperativo asegurar que este incremento sea recibido tanto por el sector público a nivel nacional, provincial y municipal, como por el sector privado”, planteó Hugo Yasky, jefe de este sector ceteísta y diputado nacional kirchnerista.
Y añadió: “Asimismo, debe disponerse un nuevo aumento destinado a compensar la disminución en los ingresos de los jubilados y pensionados. Igualmente vemos la urgencia de adelantar los aumentos pautados por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que también tendría efecto inmediato en los programas sociales, y discutir en forma inmediata los valores para el último trimestre del año”.
El otro bastión de la CTA, la Autónoma, que está liderada por Hugo Godoy, señaló: “En la semana previa a las elecciones devaluaron un 11% y un día después de las elecciones, otro 22%. Esto impacta de manera directa en los ingresos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, favoreciendo a las empresas exportadoras más concentradas y del sector financiero, y alentando y permitiendo sin ningún tipo de control la acción especulativa de un puñado de empresas formadoras de precios que vienen haciendo extraordinarias ganancias a costa del empobrecimiento de buena parte de nuestra sociedad”.
Y agregó: “Por estas razones, la Comisión Ejecutiva de la CTA exige al Gobierno la concreción de un inmediato aumento de emergencia para trabajadores formales e informales, activos y jubilados, informales y de la economía popular; la urgente implementación del salario universal para garantizar sacar de la indigencia a 4 millones y medio de argentinos y argentinas; la inmediata convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y el adelantamiento de las revisiones salariales de los trabajadores y trabajadoras con convenios colectivos; y medidas urgentes de congelamiento de precios y de castigo a los formadores de precios que especulan y agravan el deterioro de vida de gran parte de las familias argentinas”.
Se sumó a la demanda de las dos CTA el dirigente social Juan Grabois. “Hay que escuchar la voz del pueblo que está enojado y la respuesta no pueden ser palabras, tienen que ser hechos”, dijo a través de una carta el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria.
El anuncio de un aumento de suma fija para los trabajadores fue ratificado por el propio Massa como acto reflejo luego de su derrota electoral, pero en los ministerios de Economía y Trabajo no tienen detalles de lo que podría ser la medida.
En este escenario y ante una inflación superior al 100%, la mayoría de los sindicatos del sector privado activaron la semana pasada la reapertura masiva de sus paritarias.
