Javier Milei logró imponer la dolarización en la agenda pública. Desde el resultado de las PASO la convirtió en un eje central de la discusión sobre cómo romper la espiral de la inflación. Tenía su propio plan cuando empezó a hablar del tema en la campaña de 2021 pero, hace unos meses, el economista Emilio Ocampo se le acercó y le llevó una propuesta distinta, que el candidato libertario decidió finalmente adoptar. Ocampo se contactó con otros presidenciables. Explica que Milei fue el único que lo escuchó y, tras un Zoom entre ambos, se definió que si gana La Libertad Avanza el plan que se pondría en marcha sería el suyo.
LA NACION entrevistó a Ocampo y a Nicolás Cachanosky, otro economista que lo acompañó en más de dos años de estudio sobre cuál sería el mejor camino de dolarización para la Argentina. Ninguna solución es perfectamente extrapolable de un país a otro y ninguna nación agroexportadora adoptó este régimen, pero estos dos economistas, junto con un grupo de profesionales y abogados internacionales, incursionaron en fracasos y éxitos alrededor del mundo para elaborar su receta adaptada al caso argentino. Estudiaron a Ecuador, El Salvador, Panamá y Zimbabue, entre otros países.
Milei confirmó a Ocampo como su principal asesor en este tema esta semana y dijo que aplicará su plan, aunque en público se distinguen algunas diferencias entre el proceso que explica Milei y el de su flamante equipo. La implementación sobre la que están trabajando contiene secretos, dudas y riesgos que intentan desentrañar para prepararse ante un eventual gobierno del libertario. Las principales críticas provienen de cuatro frentes que los mismos técnicos admiten que son los desafíos más pujantes a resolver: las reservas, la estructura de precios relativos de la economía, las trabas políticas y la implementación práctica.
Las reservas
Para algunas cuestiones hay respuestas. Para otras, todavía no existe un consenso, aunque todo gira en torno al plan de Ocampo. De dónde vendrían los dólares es tal vez el interrogante que más se le expone a Milei.
Las reservas del Banco Central se encuentran en su nivel más bajo en 17 años (US$24.032 millones en términos brutos) por lo que el candidato presidencial ensayó una cuenta de sumas y restas de pasivos y activos de la entidad para explicar por qué incluso en esta situación es posible hacerse de suficientes divisas para convertirlas en moneda de curso legal en la Argentina.
“Hay pasivos que rescatar que son Leliq por US$30.000 millones y US$10.000 millones de base monetaria. O sea US$40.000 millones en total. Cuando tomo las reservas internacionales, el Banco Central tiene posición en oro, en Sedesa, en DEG. La cuenta de todo eso da US$10.000 millones, o sea tengo para sacar los pesos físicos. Faltan las Leliq. Pero el Estado tiene casi US$120.000 millones en títulos públicos que no cotizan a mercado y dada esa cotización, se pueden rescatar, suponiendo que valen un tercio, por US$40.000 millones, con lo cual, encima le sobra. Otra metodología es que hay fondos de alto riesgo que están dispuestos a rescatar los US$30.000 millones de Leliq”, explicó Milei en una entrevista esta semana.
Sin embargo, para Ocampo y Cachanosky no es necesario garantizar la totalidad de dólares para el circulante. Esto se debe, entre otras cosas, a que el proceso implicará una fijación del tipo de cambio y la posibilidad de usar pesos indistintamente, con una cotización congelada, en principio por tiempo ilimitado (como el caso de El Salvador). No se obligaría a los comercios a aceptarlos, pero considera que hay varios factores que harán que no sea un problema la preferencia natural del argentino por la moneda dura.
La pregunta hipotética que surge es: ¿qué pasa si todos los argentinos quieren cambiar sus pesos a dólares al mismo tiempo?
Ocampo no considera que esta sea una posibilidad. Cachanosky tampoco, pero concede que “sería un problema”. En primer lugar, por la “transaccionalidad” del dinero, que se necesita para hacer operaciones, abonar a proveedores, mantener la actividad, pagar impuestos. Eso lleva a que los dólares deban estar dentro del sistema bancario y no en efectivo abajo del colchón. Las cuentas bancarias son lo primero que se convertiría a la moneda estadounidense, de la noche a la mañana. Por lo tanto, no se requeriría el efectivo necesario para toda la base monetaria ya que está dentro del sistema digital.
Si bien piensan alternativas para controlar eventuales corridas de los argentinos a buscar dólares a sus entidades financieras, también creen que la garantía de que el peso tenga siempre el mismo valor y tenga la misma validez permitirá que la base monetaria se absorba a medida que el dinero ingresa y egresa del sistema bancario, y en la medida en que el Estado vaya haciéndose de dólares a través de los impuestos, que comenzarán a pagarse en esa moneda. “Es una manera de bancarizar al país, también”, dijo Cachanosky.
Una de las debilidades que admiten del proceso es que es dependiente de una comunicación efectiva por parte del Gobierno y que hay factores que dependerán de la psicología de los argentinos. Hay control hasta un cierto límite.
La dolarización -añaden- contendría un cambio trascendente en el sistema bancario, que se integraría al internacional. Esto implica que cualquier cliente podrá transferir sus ahorros afuera del país si lo prefiere, lo que contendría el temor a un corralito. Los críticos mencionan que esta política, como otras, requieren de un shock de confianza en la población para que no se vuelvan contra la intención oficial. Por ejemplo, para que se mantengan los dólares en el sistema argentino y no se vayan al exterior.
Es uno de los motivos por los que Milei también vaticina que los US$300.000 millones fuera del sistema comenzarán a ingresar. “Para qué los vas a dejar afuera si ya no hay riesgo de moneda. No están en blanco porque sabés que el político te va a robar, entonces los escondés. Ahora, si la Economía está dolarizada, ¿quién te monitorea? Montoto. Osea, el blanqueo ocurre de hecho”, expresó en una entrevista reciente con Alejandro Fantino.
Los precios
Una de las más importantes incógnitas es cuándo empezaría el proceso de dolarización. Uno de los motivos es la estructura de precios relativos de la economía. Cachanosky explicó que conceptualmente habría que fijar un tipo de cambio al de mercado. Hoy en día podría tomarse de referencia el contado con liquidación, que cerró el viernes a $746,53. Pero no se puede saber porque hay múltiples cotizaciones y la intervención del Estado distorsiona los precios. Por lo tanto, para dolarizar, habría que eliminar el cepo cambiario, convalidar que se devalúe la moneda y permitir que el mercado encuentre el valor de equilibrio.
Pero en ese momento tampoco necesariamente se fijaría el precio del dólar debido a que los economistas de La Libertad Avanza barajan tomar la decisión de hacer otras correcciones de precios en la economía, como por ejemplo ajustar tarifas, y eso podría volver a mover el tipo de cambio. Cuánto permitir que suban los precios y se acelere la inflación previo a iniciar el proceso es una duda central. Entre más esperen, más rápido estiman que se verá un impacto en el indice de precios al consumidor mensual. Entre menos esperen, más inflación inercial habrá a futuro (es decir que pese a la dolarización seguirá habiendo inflación) y allí es donde Ocampo establece un límite: mayo de 2025. Para esa fecha, la variable de aumento de precios por mes debería ser inferior al 1% porque sino el Gobierno podría encontrarse en problemas frente a las elecciones legislativas, perder apoyo y poner en jaque todo el proceso.
“Va a haber que sopesar los costos y beneficios de esperar o no esperar. Vos podes dolarizar con una estructura de precios relativos como la que tenés ahora. Cuando se hizo la convertibilidad, el primer año la tasa de inflación convergió a la de Estados Unidos, tiene que hacerlo, pero tardó 12 meses porque había una cierta inercia de precios por el desajuste de precios relativos previo”, explicó Ocampo.
El gran secreto de la dolarización es que es un proceso doloroso porque implica un sinceramiento de los precios de la economía, una inflación cercana a la híper antes o varios meses de altos índices. Ocampo y Cachanosky lo dicen, pero aseguran que es el único posible en este momento del país porque los argentinos no toleran un fracaso más. Lo importante es que puedan hacerse todas las reformas necesarias para no frenarlo una vez que está en marcha, porque sino podría ocurrir lo que pasó en Zimbabue, un caso que miran con atención porque el intento de echarse atrás llevó al país al 11.200.000% de inflación anual.
En el momento en el que se dolarice, los precios, salarios, jubilaciones, pensiones, etc. adquieren el mismo valor que tenían en pesos, pero expresado en dólares.
Las trabas políticas
La tendencia a preferir de que haya un fogonazo inflacionario previo también tiene que ver con que, para Ocampo y Cachanosky, ayudaría con otra traba: la política. “Frente a una híper, no les quedaría otra que apoyar porque no hay otra solución”, argumentó Ocampo. Los economistas admiten que el apoyo que reciban es uno de los puntos críticos para la implementación. Cachanosky explicó que en su diseño, ponerlo en marcha implica hacerlo a través del Congreso. Aun en la hipótesis de que Milei hiciera una excelente elección y ganara en primera vuelta, necesitará mucha ayuda de las otras coaliciones.
Otro de los secretos de la dolarización es que requiere de muchas más reformas y que, una vez hecha, es prácticamente irreversible.
Por supuesto que una dolarización implica la pérdida de política monetaria y cambiaria del país, pero “ahora tampoco la tiene la Argentina”, argumentó Ocampo. Frente a shocks externos, modificaciones en el precio de los commodities o eventualidades que hoy se podrían manejar con el buffer de medidas del Banco Central, se regulará según mercado. La entidad dejará de existir. La dolarización no implica directamente eliminar el déficit fiscal ni que no haya emisión, como ocurrió en el caso de Ecuador, donde Rafael Correa debió defaultear la deuda. No podrá emitir moneda, pero sí otros instrumentos.
La implementación práctica
Que se haga mal, a medias o a las apuradas son algunas de las preocupaciones pujantes del equipo que diseña los detalles finales de la implementación.
Entre los problemas mas grandes para Ocampo está el de los swap que la Argentina tiene con otros países, como China. Asegura que con ellos deberán renegociar una deuda “opaca” y definir cómo se les pagará.
Otra de las dudas más importantes es adonde irían los encajes bancarios una vez que se liquide el Banco Central. Para esto, se implementaría el “Banco Argentino de Reservas”, que sería fundado en el exterior, en una jurisdicción segura como Estados Unidos o Irlanda, por lo que próximas gestiones de Gobierno no podrán usarlos para tomar deuda, como ocurre ahora.
También existiría el Fondo de Estabilización Monetaria, que servirá para liquidar la otra parte de los pasivos del Central: las Leliq. Su valor nominal equivale a tres veces la base monetaria y dos tercios de los depósitos del sector privado en los bancos. La falta de reservas netas implica que el BCRA solo puede pagarlas con la maquinita y emisión futura. Para solucionar el problema, la propuesta de Ocampo y Cachanosky incluye canjear las Letras Intransferibles (LI), Adelantos Transitorios (AT) y otros títulos públicos del BCRA por una cartera de bonos emitidos bajo ley de Nueva York con el mismo valor nominal.
El FEM sería un fideicomiso creado para emitir papel comercial garantizado (asset-backed commercial paper conduit). Los bonos canjeados serían parte de los activos del fondo que sirven de garantía para el papel comercial que emitiría en repago de las Leliq y estos no se venderían en el mercado. Para pagarlas, el FEM se iría haciendo de activos a través del flujo de fondos que generen sus activos que provienen de las arcas estatales (estiman, además, que los bonos se valorizarán como consecuencia del resto de las reformas). La propuesta incluye ciertos mecanismos para reducir el riesgo al que está expuesto el FEM.
Uno de ellos es que el Gobierno aportará otros activos que no sean bonos soberanos como la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, cuyos bonos también se canjearían bajo ley de Nueva York, la participación accionaria en YPF (reteniendo derechos de voto), los ingresos por la licitación del espectro 5G y el 20% de la recaudación por retenciones a las exportaciones. El FEM pagará con los ingresos las Leliq que están en poder de los bancos a lo largo de cuatro años y después se disolverá.
