CÓRDOBA.- La devaluación y la escalada del dólar blue en esta semana terminaron de complicar la ejecución de la obra pública en las provincias, que ya venía ralentizada y, en algunas casos, frenada. En Chaco, Tucumán y Chubut se registran las mayores demoras en los pagos según los registros empresarios, con un problema adicional: la mayoría de los distritos dependen de giros nacionales para los trabajos. La preocupación se centra en que la construcción, en especial en las jurisdicciones más chicas, actúa como contención social.
Fuentes de media docena de provincias explicaron a LA NACION que para obras en las que intervienen empresas medianas y chicas venían usando recursos propios para que si la Nación giraba cada 45 o 60 días (plazo máximo estipulado por la ley de obra pública), las firmas pudieran cobrar en la mitad del tiempo.
“Los montos se fueron acumulando y desde la Nación no hay fecha para reponer ese dinero”, detalla el gobernador de una provincia peronista. El punto es que aseguran que no tienen más margen para seguir con esa dinámica.
Fuentes del Ministerio de Obras Públicas, liderado por Gabriel Katopodis, indicaron a LA NACION que la cartera está trabajando “con todas” las provincias y municipios del país. “Hay obras en cada localidad y ya son casi 4000 las finalizadas. La ejecución presupuestaria para fin de agosto estará por arriba del 70%. El circuito de pagos es el habitual y está en pleno funcionamiento”, dijeron. Además, insistieron en que llevan cuatro años de “inversión sostenida; la construcción supera los 480.000 puestos de trabajo”. Además de este ministerio, hay otras reparticiones con presupuestos para diversas construcciones.
Desde las cámaras empresarias reconocen que se “invirtió mucho” pero advierten que en los pagos hubo un primer “cimbronazo” hace un año cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió un ajuste para reencaminar el acuerdo. Apuntan que en noviembre y diciembre del 2022 no salieron pagos, los que se retomaron en enero pero después volvieron los atrasos.
“Se pusieron al día, pero desde junio volvieron a estirarse los plazos -dice un ministro de Infraestructura de una provincia del norte- de envíos de las remesas y las empresas presionan porque con los niveles de inflación que hay muchas no pueden aguantar 60 o 90 días”.
El modelo de que, en obras cofinanciadas, las provincias adelanten fondos no es nuevo. Por ejemplo, Córdoba tiene un juicio contra la Nación por alrededor de US$200 millones involucrados en acuerdos firmados durante el gobierno de Mauricio Macri. En San Juan ahora estiman tener para cobrar unos $6000 millones mientras que en La Rioja, la provincia sostiene que pondrá recursos para no parar las obras de un nuevo hospital.
Reclamos por redeterminaciones
En esta gestión un esquema habitual es girar fondos directos a los municipios para obras de menor escala: “Es una buena opción porque los intendentes destinan todo a los trabajos, pero cuando hay demoras ellos no tienen espalda para poner la plata. Es lo que está pasando”, confían desde una constructora del interior.
Diferentes delegaciones del gremio de la construcción (Uocra) desde junio vienen advirtiendo problemas. Sebastián di Fiore, titular de la Uocra riojana, reconoció que la demora en el pago de certificaciones “comenzó a paralizar obras financiadas por Nación, algo que no ocurría hace años. Cuando aparece la plata se soluciona el conflicto”.
En Río Negro hubo un comunicado conjunto de la Uocra y la Cámara de la Construcción con el mismo eje: apuntaron que la alta inflación y a la falta de reconocimiento y compensación de sus efectos. En ese documento, dieron cuenta de una “creciente morosidad” en los pagos, “demora que no es compensada debido al incumplimiento del pago de intereses establecidos por la Ley de Obras Públicas”.
Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la Argentina, dijo a LA NACION que la situación es “muy complicada, desesperante, angustiante”. Enfatiza que en los últimos días “se desbarrancó todo; no hay precios de materiales, hay falta de entrega, incluso de material acopiado”.
Desde la Cámara de la Construcción de la Argentina (Camarco), su titular Gustavo Weiss ratificó ante este medio que “hay obras paradas o con muy bajo ritmo de ejecución” y reiteró que se registra un “aumento desproporcionado” de los insumos y “demoras” en la redeterminación de precios y en los pagos.
“Eso no representa la realidad, pero requiere un trámite que puede llevar un mes o hasta ocho y más en obras por convenio. El asfalto aumentó 45% en los últimos 45 días y se paga de contado. ¿Qué hace una empresa que lo cobra parcialmente en 90 o 120 días?”, dijo.
A fines de junio, Katopodis había planteado que habría un decreto de necesidad y urgencia para cambiar el sistema de redeterminaciones por el contexto inflacionario. “Está recorriendo el camino legal interno del Estado; es un compromiso público que por supuesto se va a cumplir”, indicaron hoy desde el Ministerio.
