La fintech Wenance sumó un nuevo revés, luego de que la Justicia rechazara su presentación en concurso de acreedores. Acorralada por denuncias de falta de pago a sus inversores, allanamientos y embargos a sus accionistas, la firma liderada por Alejandro Muszak había solicitado el concurso, al indicar que no contaba con los fondos para cumplir con sus obligaciones, pero su planteo fue desestimado por la jueza Gabriela Paladín.
La magistrada, del juzgado en lo Civil y Comercial N°9 de San Isidro, planteó dos cuestiones al fundamentar su decisión. Por un lado, declaró su incompetencia por una cuestión de domicilio: indicó que Wenance tiene su sede legal en la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual corresponde que su presentación a concurso se haga ante la Justicia de esa localidad.
Por otra parte, analizó la actividad de Wenance y advirtió que, si bien formalmente no opera como tal, por el negocio que desarrollaba (entregar préstamos a sus clientes y financiarse a través de fideicomisos que captan inversiones de otros agentes) debería ser considerada como un banco. Y que, por lo tanto, tendría que aplicarse la ley de entidades financieras, y no la de una sociedad comercial convencional.
Y ese marco jurídico, entiende Paladín, impide la presentación a concurso preventivo, porque la legislación que aplica a las entidades financieras no contempla este proceso, pero sí se rige por la Ley de Concursos y Quiebras y un régimen diferencial: en el caso de los bancos, primero el BCRA debe revocar su autorización para funcionar y, 60 días después, puede procederse a la quiebra.
Mientras, Wenance rechazó la decisión y, luego de analizar la cuestión con sus abogados, apeló la medida. “No vamos a hacer comentarios”, dijeron desde la empresa a LA NACION.
La situación quedó en un “limbo judicial”, según definieron abogados vinculados con la causa. Es que Wenance, al igual que otras fintech surgidas en el último tiempo, es una firma regulada por el Banco Central, pero considerada un “proveedor de crédito no financiero”.
Según estipula la propia normativa del BCRA, la firma no realiza “intermediación financiera” al no prestarles a sus clientes los depósitos de ahorristas, sino que, para financiarse, utiliza capital que terceros depositan en fideicomisos. En ese marco, no requirió autorización al BCRA para funcionar como tal.
“La sociedad quedó en un limbo legal, porque en conclusión del fallo no es ni sujeto concursable ni entidad financiera, lo cual es inadmisible, pues debe definirse el régimen legal del cual es acreedora, en tanto ente que contrajo obligaciones incumplidas”, dijo a LA NACION el abogado Jaime Roig.
La causa comenzó justamente cuando los inversores de Wenance comenzaron a reclamarle a la firma por los incumplimientos. Fue meses atrás, cuando acreedores de la firma liderada por Muszak comenzaron a denunciar a la fintech por deudas, pagos no realizados e incumplimientos contractuales.
La compañía, cuya base de clientes principal es el segmento de usuarios sub-bancarizados, con un perfil de riesgo mayor al promedio porque no acceden a créditos bancarios, reconoció el escenario y planteó que ese contexto se debió al aumento en la morosidad de sus clientes. Pero la justicia avanzó tras denuncias en diferentes puntos del país y el exterior, allanó sus oficinas y embargó a Muszak por más de $450.000 millones (incluye dinero en efectivo, dos autos de lujo y su vivienda en Nordelta).
En ese marco, hoy el empresario fue citado a declaración indagatoria en la causa por presuntas estafas que avanza en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°43 de la ciudad de Buenos Aires. Ese proceso también involucra a Santiago Hardie, vicepresidente de Wenance S.A. (fue citado para la semana que viene) y a los directores suplentes, Gustavo Miguel Molas y Paola Vallone.
La firma, que opera en la Argentina, Uruguay y España, es investigada por supuestas estafas y acumula pagos adeudados a más de 3000 acreedores. Wenance, por su parte, informó que tiene más de 150.000 clientes activos.
