SANTA FE.- La causa Vicentin, en la cual -desde 2020- se trata de resolver el concurso de la agroexportadora, tras presentarse ante la justicia a fines de 2019 denunciando un pasivo de casi 1350 millones de dólares, registró esta semana una instancia nueva, pero que sigue postergando una definición.
En una audiencia celebrada en los Tribunales Federales de Rosario, el juez en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, Román Lanzón, desautorizó la medida interpuesta por el juez Hernán Postma, por la cual le ordenó a su par que entiende en el trámite de la cerealera, Fabián Lorenzini, de los tribunales de Reconquista, que se abstenga de tomar decisiones en la homologación de la propuesta de pago.
Lanzón rechazó la “procedencia y validez” de la decisión y cuestionó “las irregularidades en su instrumentación y en su injerencia en el trámite concursal”, como solicitó la representación legal de Vicentin y de los bancos internacionales acreedores en el concurso de la empresa.
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Lanzón consideró que la Justicia penal “no puede afectar el trámite de un proceso concursal ni puede imponer medidas que afecten o que impongan condiciones sobre la resoluciones que se establezcan dentro de dicho trámite”.
Además, adelantó que el accionar del juez Postma en el decreto del 31 de julio pasado, al que calificó de “irregular e ilegal”, será investigado.
En tanto, se resaltó que “en Rosario no se pueden elegir los jueces a gusto del peticionante” sino que “existe un trámite procesal de designación de jueces que debe ser respetado”.
En consecuencia, tras esta medida, quedó claro que el juez Lorenzini, que está a cargo de la causa desde su inicio, “sigue teniendo potestad” para continuar con el proceso concursal y –además- tomar las determinaciones que considere o entienda apropiadas en el marco de dicho trámite.
Demoras
En tanto, desde el 31 de julio la única resolución que se adoptó en el marco del concurso de Vicentín fue la prórroga a la intervención, esta vez por un período de siete días, ya vencido, por lo que actualmente Vicentin no tiene interventores judiciales designados.
A ello se suma que, por la técnica judicial, hay más de 20 escritos sin proveer ni resolver en el expediente, entre los que figura un pedido de autorización de la concursada para renovar contratos de alquiler que vencen el 31 de agosto. Se trata de inmuebles (la mayoría en la ciudad de Avellaneda, al norte de Santa Fe), donde funcionan varias empresas del grupo.
Voceros de la firma alertaron que si se dilata una resolución sobre el planteo de la misma, podrían generarse consecuencias para la concursada, sus acreedores y terceros. Es que desde hace varios meses se contempla la posibilidad de que el juez del concurso de acreedores homologue el acuerdo alcanzado entre Vicentin y la mayoría de los acreedores, requisitos que se exigen por ley. Como explicó este diario, más de la mitad de avales entre todos los acreedores contados individualmente y que representan más de dos tercios de los deuda, fueron presentados ante el juez actuante. Para los involucrados, ello abriría el camino para el pago de la deuda.
Otro hecho que no se descuida en medios empresarios es que la causa estuvo seis meses parada en manos de la Corte Suprema de Justicia santafesina, que finalmente devolvió el expediente a Lorenzini como autoridad competente.
