La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Gobierno argentino informes sobre los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes denunciaron ante el organismo internacional que se busca removerlos de sus cargos con las decisiones del Consejo de la Magistratura que objetaron sus trasladados, y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena llamar a concurso para cubrir sus cargos.
Bruglia y Bertuzzi eran jueces de tribunal oral federal y durante el gobierno de Mauricio Macri fueron trasladados a la Cámara Federal porteña. Esos traslados fueron objetados por el gobierno de Albeto Fernández, en particular por e kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura que buscó removerlos.
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Finalmente, el Gobeirno judicializó el caso y la Corte Suprema de Justicia los dejó en sus cargos hasta tanto se llame a concurso para cubrir esas vacantes y de todos los demás jueces trasladados.
El Consejo de la Magstratura avanzó con este concurso, pero no con el resto de los de los jueces trasladados. Tambien avanzó con el concurso del camrista Germán Castelli, el tercer juez trasladado cuestionado por el Gobierno porque debe juzgar a Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas.
La selección de los camaristas que deben cubrir estas vacantes en la Cámara Federal está en una etapa previa a que se decidan las ternas de candidatos y que sean elevadas al Presidente para que elija a uno y lo envíe al Senado.
Ante lo avanzado del año electoral y con el gobierno en retirada, el trámite quedará para la próxima gestión con cambios no solo en el Poder Ejecutivo sino en el Consejo de la Magistratura. Bruglia y Bertuzzi dijeron que se los buscaba remover y acudieron con su reclamo a la CIDH, a quien le pidieron suspender el concurso. Bruglia eligió no concursar y Bertuzzi si lo hizo.
El escrito de la CIDH, firmado por Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto, está dirigido al canciller Santiago Cafiero y señala que tiene tres meses para dar respuesta a las denuncias de Bruglia y Bertuzzi acerca de que una decisión política del Gobierno los removió de sus cargos.
“Solicito respetuosamente al Gobierno de Su Excelencia tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses”, señala la nota. Y advierte que “el plazo de cuatro meses es improrrogable”.
La Comisióna aclara que esta solictud “no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”.
La Comisón Interamericana está en una etapa previa del proceso en el que debe decidir si considera adminsibles los reclamos de Bruglia y Bertuzzi y pude diferir incluso el examen de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo.
Informó que “en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de la parte peticionaria y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos”.
En su reclamo ante la Comisión Interamericana, los jueces le solicitaron al organismo internacional una medida cautelar que frene la tramitación del concurso abierto en el Consejo de la Magistratura.
“Hemos sido removidos por la política de nuestros cargos de Jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, vitales para quienes manejan actualmente el sistema del poder, por motivos que en forma individual o combinada generaron un esquema ficcional del que se valieron las actuales autoridades del Estado Argentino para desalojarnos en forma expedita de los cargos que detentábamos. Fueron actos en apariencia lícitos con un vicio originario de ilegalidad (centrado en el Consejo de la Magistratura de la Nación), montados desde la estructura máxima del poder del Estado y perfectamente coordinados. Mediante esta ilícita acción, violaron las garantías de inamovilidad y estabilidad de la que gozábamos. Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del poder judicial”, aseguraron.
El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, pidió la revisión de una decena de trasladados que consideraba irregulares. Allí figuraban los nombres de los dos jueces que habían integrado el Tribunal Oral Federal 4 y que, en la gestión macrista, habían sido trasladados por el entonces consejo de la Magistratura a la Sala 1 de la Cámara Federal, un tribunal clave a la hora de decidir el futuro de las causas que se investigan en Comodoro Py.
A lo largo de 116 páginas, los jueces hicieron una descripción de cómo se gestó la decisión en el Consejo de la Magistratura de intentar removerlos, la remisión de sus traslados al Senado y el decreto que los removió.
“Es difícil pensar que el Presidente de la República Argentina no se encontraba especialmente inquieto o constreñido para desalojarnos de los despachos. Todo este primer segmento, en plena cuarentena oficial por la pandemia, momento de mayor rigor, con las actividades suspendidas salvo las esenciales, duró unas diez semanas. Plan completo”, sostuvieron.
Según la presentación, “la segunda etapa fue la judicial, en un primer momento en el fuero Contencioso Administrativo Federal, fuertemente ligado a los intereses más primordiales de cualquier partido gobernante, vital e indescifrable, complejo para el entendimiento general, simple para el conocedor avezado”.
Y añadieron: “Llegamos a la Corte, la Suprema de Justicia de la Nación, diremos que con muchas expectativas ya que dos años atrás ya había resuelto lo que debía ser objeto de pronunciamiento aquí, imposible otra solución que no sea contradictoria e inexplicable. Así fue que dijimos que la Justicia iba a ser superior a la política. Un viejo anhelo que creíamos íbamos a ver realizado en causa propia. Vienen a la memoria algunas caras – ante esas frases- que con mirada irónica, casi burlona, y una sonrisa de compasión, nos gesticulaban diciendo algo así como ‘es la política’….”. Los jueces recordaron que “dos o tres semanas antes del fallo definitivo se publicó, un domingo, en un diario de mucha difusión, que la Suprema Corte dictaría un fallo acomodado a tratar de complacer -parcialmente- a las partes con una tercera posición salomónica, ordenando nuestra restitución a los cargos que ocupábamos, pero en forma transitoria, hasta que se nombrara a los titulares”.
