“El tema social preocupa y también lo inquieta al Fondo Monetario Internacional”, admitía un funcionario de peso del Gobierno hace algunos días. Todavía no había sucedido el terrible crimen de Morena Domínguez, pero ya en el equipo económico admitían por lo bajo que la tolerancia de la sociedad a la crisis podría estar cerca de un quiebre. Por estas horas, ese temor cobra todavía más fuerza.
El Gobierno llega a las elecciones con todas las variables económicas –salvo alguna excepción– en pésimas condiciones. Según la consultora Equilibra, todos los indicadores socioeconómicos del primer semestre de 2023 –entre ellos, la tasa de inflación, el salario real, la jubilación mínima, la desigualdad y la distribución del ingreso– presentan un deterioro con respecto a la foto que mostraron para la misma época en las elecciones de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021. No por nada, agrega, el índice de confianza en el Gobierno, que es un buen predictor del porcentaje de votos del oficialismo, promedia en el semestre apenas 23% contra el 36,1% de 2017 o 33,4% de 2019.
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Una sociedad golpeada, económica y anímicamente, pone en alerta a toda la política. Pero en el corto plazo restringe particularmente el margen de acción del Gobierno, tiñendo de tensión algunas de las medidas que, indefectiblemente, el equipo de Sergio Massa se había comprometido con el FMI a aplicar apenas superadas las elecciones primarias, PASO. Por caso, los números finos que maneja Hacienda muestran que, pese a los esfuerzos de las últimas semanas, con los nuevos incrementos de tarifas, y los mejores ingresos fiscales generados por el impuesto PAIS a las importaciones y el dólar agro, el déficit fiscal se estaría alejando en un punto porcentual de la meta de 1,9% establecida en el nuevo acuerdo firmado hace apenas días con la línea técnica del FMI. No hay magia en este frente: o se acelera la quita de subsidios o se apuesta a licuar el gasto social –jubilaciones y planes– con una mayor inflación. Opciones poco digeribles en este contexto y en pleno proceso electoral.
La otra promesa que Massa, la de “fortalecimiento y la armonización del régimen cambiario”, tal cual reza el escueto comunicado de prensa que difundió en su momento el FMI, no parece tampoco tan sencilla de cumplir. En el Gobierno vinieron hasta ahora sorteando las presiones por una devaluación disruptiva del tipo de cambio oficial y en la City crecen las especulaciones de que, tanto con un resultado favorable como con uno negativo, Massa buscará hacer lo imposible para seguir maquillando el desequilibrio cambiario. Un indicio, para algunos en el mercado, es el hecho de que el Banco Central hubiera estado vendiendo fuerte contratos en el mercado de dólar futuro en las últimas ruedas. “Los precios de los futuros marcan que en las próximas semanas podría haber una aceleración del crawl –por las devaluaciones diarias que hace el Central– con algún adicional el lunes, pero no un salto abrupto, sino que se especula con algo más entre el 10 y el 15%”, consideró un operador con años en el circuito. Este mes, ya la tasa efectiva de devaluación mensual del dólar se aceleró con fuerza, a poco más del 12,5 por ciento. El problema es que, en paralelo, también creció la brecha con los dólares libres, que corrieron todavía a una mayor velocidad, con el blue escalando desde comienzos de agosto $32, a $602.
En cualquier caso, en el oficialismo algunas voces empujan por suplir las presiones del FMI por una devaluación del oficial, con un nuevo incremento del impuesto PAIS a la importación de bienes. En las cámaras empresarias circuló que podría llevarse del 7,5% al 30%, con una excepción para insumos, al 15%. Pero no es tan evidente tampoco que el FMI avale este nuevo desvío para lograr morigerar el drenaje de reservas del BCRA. Por lo pronto, porque la aplicación del impuesto a bienes y servicios, que rige hace dos semanas, ya está teniendo varios inconvenientes en el funcionamiento. Sin ir más lejos, los medicamentos -que supuestamente estarían exceptuados- hoy están teniendo que pagarle a Aduana un 7,5% tanto por los insumos como por los remedios importados. “El Ministerio de Salud está trabajando en cuáles son las partidas arancelarias que tendrían que estar exceptuadas ya sea de medicamentos o de insumos y principios activos para la elaborar medicamentos, pero mientras tanto Aduana le cobra a todo el mundo, lo que va a poner presión sobre los acuerdos de precios”, anticipó una fuente del sector.
Pero el de las farmacéuticas no es el único ejemplo. También las automotrices se quejaron ante las autoridades de que las piezas para producir los vehículos estaban tributando el 7,5% del impuesto PAIS, y la poderosa Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos (Anfavea) de Brasil hizo llegar su malestar. Mientras que quienes producen bienes de la canasta básica, que según el anuncio inicial debían quedar exceptuados del impuesto, se encuentran con situaciones irracionales. En una reunión de Junta Directiva esta semana en la Unión Industrial Argentina (UIA), un dirigente relataba que mientras las latas para envasar alimentos no perecederos se habían encarecido un 7,5% por el tributo PAIS, una marca de fideos italianos estaba pudiendo importar sin pagar extras. Es la Argentina del absurdo.
Lo que es evidente es que el BCRA ya casi no tiene reservas para nadie. Muchos de los permisos de importación, SIRA, cuyo plazo de pago vencían en las últimas dos semanas, se están “reperfilando”. Sin necesidad de nuevas normas, el Gobierno desempolva herramientas no convencionales para trabar el acceso a los dólares de las empresas, como el bajar discrecionalmente los montos de Capacidad Económica Financiera (CEF) de los importadores, que luego impiden acceder a los permisos. Como siempre en el Estado, hay canales alternativos, para sortear las trabas. No sólo hay relatos de que en hoteles de Puerto Madero se pueden destrabar trámites, sino que ahora hay quienes hablan de encuentros en Unicenter y hasta en una casa del barrio cerrado Santa Barbara. Hay compañías que aumentaron en un 300% sus importaciones versus el mismo periodo de 2022, cuando la mayoría muestra una caída en el volumen de dos dígitos. También, como siempre sucede en casos en los que la discrecionalidad es la norma, hay excepciones a las restricciones para empresarios amigos del poder: un hombre del rubro energético, de buen vínculo con el massismo, logró recientemente incluso que le adelanten yuanes para precancelar una deuda financiera en el exterior. Un afortunado y un visionario, que ante la inminencia de una devaluación no quiere quedar endeudado en dólares. No sólo Doña Rosa se cubre de cara a una elección.
Lo cierto es que la incertidumbre con respecto a la política que vaya a aplicar el oficialismo el día después de las PASO ya no sólo se alimenta de encuestas que no alcanzan para predecir el comportamiento del electorado. Ahora, el temor a una reacción social pesa tanto como el resultado de las urnas. El economista Emmanuel Álvarez Agis hace números y desliza que el Gobierno todavía tiene un pequeño margen para postergar las exigencias del FMI: con el swap de China alcanzaría para pagar los vencimientos que quedan hasta noviembre y así y todo, dice, todavía quedarían unos US$6500 millones del préstamo.
Pero el escenario no es estático. Todo puede cambiar también el domingo a la noche. Una victoria contundente de la oposición también deja el ministro Sergio Massa, hasta ahora referente indiscutido de los actores económicos –no sólo el FMI– a merced de quien quiera que emerja como la cabeza dentro de los equipos económicos de Juntos por el Cambio. “Hoy están todos preocupados por a quién le tienen que mandar el WhatsApp el lunes”, ilustró el presidente de un banco líder. “Es de esperar que la oposición dé algún mensaje si hace una buena elección”, aseguró. Pero en las filas de Juntos por el Cambio nadie quiere adelantar estrategias. Sólo una fuente reconoció que podrían llegar a salir a marcar la cancha si la diferencia es contundente. En el Gobierno, hay quienes ya levantan bandera y aseguran que no descartan que exista “una conspiración” de la oposición en función del resultado electoral.
Con o sin colaboración de la oposición, lo que le espera el oficialismo a partir del 14 de agosto no es nada fácil. Esa misma semana vencen los acuerdos de Precios Justos y ya hay muchas empresas que vinieron participando del programa por la promesa de que así no tendrían inconvenientes a acceder a las SIRA, que hoy ya no tienen incentivos a seguir participando. Rubros clave como la yerba tienen comprometidos aumentos fuertes, del 15%, mientras que el precio de la carne promete seguir escalando. Hasta ahora, la Secretaría de Comercio vino privilegiando habilitar algunos aumentos antes que arriesgarse al desabastecimiento de las góndolas. Las consultoras ya descuentan que el piso de inflación de agosto será del 8 por ciento.
Con más inflación, el tipo de cambio bajo presión, sin la certeza del apoyo del FMI, y ahora el clima social enrarecido, el combo es cada vez más inquietante. Todo tiene que ver con todo.
