No fue un rayo en el cielo límpido, ni un cisne negro. El horrendo asesinato de Morena Domínguez es la expresión más brutal de un drama cotidiano y sin solución de todo el país. Pero particularmente de algunos lugares, como Rosario o el conurbarno bonaerense.
Se trata de un drama que, de tan recurrente, se ha constituido en la principal causa de preocupación ciudadana después de los temas económicos, encabezados por la inflación.
La circunstancias y el lugar del insoportable homicidio de una niña de apenas 11 años, arrastrada por motochorros, cuando iba a la escuela de un barrio popular de Lanús, ocurrido en las vísperas de las elecciones primarias explican el estado de shock en el que quedó sumergida casi toda la política, especialmente las dos coaliciones mayoritarias. Un golpe de realidad que bajó a tierra a la dirigencia.
La suspensión de los cierres de campaña de los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio fue la respuesta inmediata y más obvia ante la espeluznante noticia. Hubiera resultado obsceno cualquier acto proselitista ante este estado de conmoción y pesar social. Lo mismo, que el reparto de culpas por color político, mientras el dolor estragaba a una familia y a una comunidad.
Por eso, en las primeras horas, los principales dirigentes y postulantes fueron extremadamente cuidadosos en sus expresiones, después de analizarlas con sus asesores. De todas maneras, cuando solo faltaban cinco días para la realización de las elecciones más inciertas en dos décadas, la evaluación del impacto político en este contexto resultó insoslayable.
Es lo que hicieron los principales dirigentes y funcionarios bonaerenses, encabezados por el gobernador Axel Kicillof, de quienes depende primariamente la seguridad en la provincia. Al mismo tiempo , buscaron mostrarse activos para esclarecer el crimen, en pos de atenuar el impacto y contener la indignación social que el homicidio atroz provocó de inmediato en la provincia y en todo el país.
La gestión de la seguridad es uno de los puntos más críticos y cuestionados de la administración bonaerense. Para la ciudadanía, la gestión del área dejada en manos del extravagante y mediático Sergio Berni, arroja muchos más déficits que logros para mostrar. Se esgrimen estadísticas que resultan incapaces de contrarrestar la “sensación de inseguridad”, como alguna vez intentó descalificar lo que percibe y vive la sociedad el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.
Dados los cuestionables resultados de la política de seguridad y la distancia en las formas de actuar y en el fondo ideológico que tienen Kicillof y Berni, la continuidad del ministro solo se explica por la decisión del gobernador de contar con un paraguas, reforzado por el soporte de la propia Cristina Kirchner, para evitar salpicaduras.
En esta materia, los beneficios a corto plazo son una quimera y los costos, inmediatos. Más si se cuenta con una fuerza de seguridad como la bonaerense, sobre cuya eficiencia y probidad hay demasiado motivos para poner en duda. Y en estos años, además, para evitar conflictos se evitó encuadrar la fuerza. Habrá que ver si el impacto de este caso orada ese frágil escudo. Sobre todo en el plano electoral.
Los intendentes
El silencio de intendentes pejotistas del conurbano también es elocuente. Saben que lo mismo podría haberles ocurrido o, todavía, ocurrirles a ellos. Le pasó al jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, con el asesinato del kiosquero Roberto Sabo, el 7 de noviembre de 2021, que derivó en una pueblada.
“Si hubiera vuelto a pasar acá o en otro municipio gobernado por el peronismo, habría sido políticamente letal. Sin vuelta atrás”, admitía (o se consolaba) anoche un allegado al jefe comunal de La Matanza, al mismo tiempo que rogaba para que no ocurriera y mientras trataba de despejar elucubraciones sobre la actuación policial anterior y posterior al crimen de Lanús.
Para tratar de atenuar la indignación y, eventualmente, el impacto electoral, la reacción del gobierno bonaerense fue, además de suspender el acto de cierre de la campaña de Kicillof, pegarse (o pegar) a la administración municipal de Lanús, como lo hizo en el comunicado en el que, sin inocencia, se destaca que estaba trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales. Algunos mal pensados de la oposición consideraron que el subtexto podría ser “Todos somos responsables” (o culpables).
El intendente de Lanús es el cambiemita Néstor Grindetti, precandidato a gobernador de Patricia Bullrich y cuyo aspirante a la intendencia es Diego Kravetz, quien está a cargo del municipio y es el responsable del área de seguridad local. La cuestión de la seguridad ha sido una de las banderas esgrimidas por la gestión Grindetti y que catapultó la candidatura de Kravetz.
El efecto que ahora el asesinato de Moreno podría tener sobre las candidaturas de este sector de JxC es materia de discusión, aunque las primeras definiciones a las que llegaron en el bullrichismo los llevaron a colegir que más que afectar a sus postulantes podría tener el efecto de potenciarlos tanto en la competencia interna con el sector que lidera Horacio Rodríguez Larreta, como en la disputa mayor con el kirchnerismo.
Entre las razones que los llevaron a esa conclusión es que, además, del discurso de mano dura y de defensa absoluta de las fuerzas de seguridad que siempre ha planteado Bullrich, pueden esgrimir los reclamos por la adjudicación más recursos y efectivos de la policía bonaerense para el municipio que en numerosas ocasiones han expresado Grindetti y Kravetz, donde Patricia Bullrich hoy iba a cerrar su campaña. También se suspendió.
Las críticas mayoritarias hacia la policía bonaerense que se escucharon en Lanús tras el crimen podrían avalar esa opinión, a pesar de que algunos vecinos lanzaron también cuestionamientos respecto de la presencia (o ausencia) de patrullas municipales. En definitiva. son todas hipótesis (o especulaciones) de la política, que la realidad no siempre acompaña y que será puesta a prueba por lo que ocurra en las próximas horas y días (hasta el domingo).
El estado de ajenidad y enojo de una buena parte de la población con la dirigencia política, después de tres gobiernos consecutivos fallidos para la percepción popular, y la falta de antecedentes de crímenes tan conmocionantes en la semana previa de una elección, dificultan la posibilidad de llegar a definiciones concluyentes sobre la consecuencias políticas del asesinato de una niña arrastrada con extraordinaria crueldad por dos delincuentes, mientras iba camino de la escuela.
La reacción social está en proceso. Y la política, en shock. El asesinato de Morena Domínguez tiene la excepcionalidad de la crueldad de los asesinos y la condición de extrema inocencia y vulnerabilidad de la víctima. Son agregado extremos de una realidad que no es desconocida por nadie y que lleva demasiado tiempo acumulándose sin solución. No fue un cisne negro, ni un rayo en el cielo límpido. Eso lo vuelve más cruel y más insoportable.
