El oficialismo sufrió un fuerte traspié en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde impulsa el enjuiciamiento contra los miembros de la Corte Suprema. No solo se ausentaron los cuatro testigos que fueron convocados a prestar testimonio –entre ellos el exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro– sino que también pegaron el faltazo los miembros de Juntos por el Cambio, en rechazo a los manejos que hizo el oficialismo en la citación de los testigos.
A menos de una semana de las elecciones primarias, los diputados oficialistas habían citado para este mediodía a tres testigos que se desempeñan en la órbita de la ciudad de Buenos Aires, bastión político de Pro. Lo hicieron en virtud de la investigación que llevan adelante sobre el presunto tráfico de influencias en torno al fallo por el cual la Corte ordenó a la Nación que le restituya a la ciudad los recursos coparticipables que el gobierno de Alberto Fernández le había detraído en 2020. Para ello fijó un índice del 2,95%, porcentaje que el Gobierno calificó de arbitrario.
Para avanzar en la investigación, los oficialistas citaron a D’Alessandro –a quien sindican como el funcionario que, en nombre del gobierno porteño, negoció el fallo que dictó la Corte-, al juez de Cámara de Apelaciones Ignacio Mahiques y al procurador general de la ciudad, Gabriel María Astarloa. El cuarto testigo convocado fue Miguel Federico De Lorenzo, funcionario de la secretaría de jurisprudencia de la Corte. Todos ellos pegaron el faltazo.
Desde Juntos por el Cambio acusaron al oficialismo de citar testigos a último momento, ya que –salvo la de D’Alessandro- todas habrían sido cursadas ayer.
“Al usar como maniobra burda las citaciones sobre la hora, sin respetar los plazos mínimos y razonables que deben ser observados frente a cualquier citación de testigos en sede judicial y también en el marco del procedimiento de juicio político, se intenta impedir el trabajo del resto de los miembros de la Comisión, aquellos que desde el inicio de este procedimiento hemos asistido a cada de las reuniones controlando la legalidad del procedimiento y hemos denunciado severas y sucesivas irregularidades”, acusaron los diputados opositores en una nota dirigida a la presidenta de la Comisión, la oficialista Carolina Gaillard.
El kirchnerismo criticó el faltazo opositor e impuso su mayoría en la comisión para tomar una serie de decisiones. Entre ellas, la de remitir una nota a la Corte Suprema en la que le insta a que tome medidas disciplinarias contra Silvio Robles, director de la vocalía del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Juicio Político la semana pasada, Robles se negó a responder buena parte de las preguntas de los miembros oficialistas, que sospechan que el testigo fue quien negoció con D’Alessandro los detalles del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad.
Para no contestar las preguntas del oficialismo Robles se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional, una salvaguarda que tienen los testigos frente a supuestas causas en trámite judicial sobre las cuales podría auto incriminarse. También apeló al artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional para no responder las preguntas vinculadas, estrictamente, al funcionamiento de la Corte Suprema.
La diputada Gaillard, al leer la nota dirigida a la Corte, calificó a Robles como un “testigo reticente” que invocó ambos artículos de manera “arbitraria”, por lo que podría quedar incurso en el delito de falso testimonio.
“Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación evalúe, en uso de sus facultades de superintendencia, iniciar acciones sumariales al Sr. Silvio Robles, atento su conducta como testigo reticente en virtud de la arbitraria invocación del Artículo 18 de la Constitución así como del Artículo 8 inc.b) del Reglamento para la Justicia Nacional a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reza la nota dirigida a la Corte.
